Juan Carlos Avendaño Salas, hijo del presidente y fundador del Partido Restauración Nacional (PRN), Carlos Avendaño Calvo, recibió ¢32 millones en honorarios profesionales por servicios “legales y de gestión administrativo contable” durante la campaña presidencial de 2018 (del 4 de octubre de 2017 al 16 de mayo de 2018), de acuerdo con el contrato y los documentos bancarios provistos por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
Además, en período no electoral (de mayo de 2018 a setiembre de 2019), Avendaño Salas recibió salarios como director ejecutivo del partido por un monto total de ¢52.550.000. No solo eso, el partido le pagó ¢4.297.500 en horas extra, entre la segunda quincena de junio de 2018 y enero de 2019.
Una vez finalizado el período de campaña electoral 2018, cuando terminó el trabajo más intenso, Avendaño Salas, hijo del líder de Restauración Nacional, fue el director ejecutivo con el salario más alto de todos los partidos políticos que participaron en la contienda, además de que fue el único que cobró por horas extra.
Mientras Avendaño Salas recibía un salario mensual promedio de ¢3.239.999 como director ejecutivo, en ese mismo puesto, Alexandra Castillo Valverde del Partido Liberación Nacional (PLN) ganaba un salario mensual promedio de ¢2.140.666 entre julio de 2018 y setiembre de 2019. El Partido Unidad Socialcristiana (PUSC) no reportó pago alguno como director ejecutivo, administrador o afín, durante el período no electoral. Por su parte, Ricardo Salas Álvarez, del Partido Acción Ciudadana (PAC), tuvo un salario mensual promedio de ¢1.097.458 por su labor como director administrativo.
Avendaño Salas también cobró por horas extra realizadas de junio de 2018 a enero de 2019. En promedio, reportó un total de ¢615.937 mensuales en horas extra, para un cobro total de ¢3.855.936 por salario y ese beneficio. Ninguno de los otros directores administrativos cobró por horas extra durante ese periodo.
Durante la campaña
Según los registros del TSE, durante la campaña presidencial 2018, el PLN pagó a Alexandra Castillo Valverde ¢13.729.166 por su desempeño como directora administrativa entre octubre de 2017 y febrero de 2018. El PUSC pagó ¢2.278.550 en salarios a su director administrativo Marvin Vega Castro, durante ese mismo período. Por su parte, el PAC pagó a su director administrativo Ricardo Salas Álvarez ¢7.449.969 de salarios entre octubre de 2017 y mayo de 2018.
En el caso del PRN, entre octubre 2017 y abril 2018 el fundador y actual diputado Carlos Avendaño Calvo fungió como director ejecutivo y recibió ¢10.720.000 en salarios. Sin embargo, en ese mismo período, el partido contrató por servicios profesionales a su hijo Juan Carlos Avendaño Salas, por ¢32 millones, como se indicó anteriormente.
Familiares en la planilla
Además de Avendaño Salas, son varios los familiares directos del fundador y presidente del PRN, Carlos Avendaño Calvo, en la planilla del partido.
Según la planilla del PRN, para los gastos de campaña del período del 4 de octubre de 2017 al 16 de mayo de 2018 figuraban Josué Avendaño Salas, hijo de Carlos Avendaño; la tesorera del partido Jessica Sequeira Muñoz, quien es su hijastra; Cindy Cruz Picado, esposa de Avendaño; y Candy Cruz Picado, hermana de Cindy y cuñada de Juan Carlos Avendaño.
Durante octubre, noviembre y diciembre de 2017, únicamente estuvieron en planilla estas personas. No fue sino hasta febrero de 2018 que se empezaron a sumar alrededor de 25 más.
UNIVERSIDAD consultó a Carlos Avendaño Calvo al respecto y le envió una serie de preguntas, las cuales no fueron contestadas antes de la hora de cierre.
Contra el nepotismo
Justamente por este tipo de situaciones fue propuesto un proyecto de ley que reforma el Código Electoral contra el nepotismo en los partidos políticos. De aprobarse, prohibiría a los partidos usar recursos públicos para contratar bienes y servicios a familiares cercanos. La iniciativa del diputado del PUSC, Pablo Heriberto Abarca, fue aprobada por la Comisión de Jurídicos de la Asamblea Legislativa el año pasado.
Según el texto, el TSE no reconocerá en la liquidación de gastos los contratos de personas físicas o jurídicas que tengan hasta tercer grado de consanguinidad o afinidad con miembros de los comités ejecutivos de los partidos.
Revisión minuciosa
En la campaña presidencial de 2018 participaron nueve partidos: PLN, PUSC, PAC, PRN, Republicano Social Cristiano, Unión Guanacasteca, Frente Amplio, Integración Nacional y Auténtico Limonense.
Según informó Ronald Chacón, jefe del departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del TSE, ya se revisaron las liquidaciones de ocho de ellos y se les giraron los gastos que se comprobaron.
El único que está pendiente es Restauración Nacional, al que ya se le pagaron ₡1.494.633.265. Todavía se están revisando gastos que ascienden a ₡648.389.048, indicó Chacón.
Estos recursos públicos son parte de la contribución estatal que se le asigna por ley a cada partido para las elecciones, conocida como “deuda política”. Estos datos sobre la liquidación de gastos de los partidos corresponden a información de naturaleza pública y cualquier persona costarricense puede solicitarla.
Chacón explicó que el departamento recomendó rechazar de plano la liquidación de gastos del Partido Unión Guanacasteca porque no cumplió con el requisito indispensable de tener un contador público autorizado debidamente inscrito ante la Contraloría General de la República (CGR).
Este procedimiento de revisión se creó en 2009 con la promulgación del nuevo Código Electoral y se empezó a usar a partir de las campañas electorales del año 2010. Antes la revisión de liquidaciones estaba a cargo de la CGR.
Chacón comunicó que una vez que terminan las elecciones, el TSE emite el porcentaje de votos válidos obtenidos y el monto que le corresponde a cada partido. Cada una de estas organizaciones tiene derecho a solicitar el reembolso de sus gastos ante el TSE presentando la liquidación. Después, el TSE evalúa y analiza cada cuenta contable liquidada y su respectiva documentación; así recomienda los montos finales de aprobación y rechazo.
“La contribución estatal, antes de pasar por este procedimiento de demostración de gastos, constituye, en palabras del TSE, una expectativa de apoyo. Esto es así dado el interés superior que ostenta la protección al adecuado uso y distribución de los recursos provenientes de las arcas estatales”, declaró Chacón.
