La Rectoría de la Universidad de Costa Rica (UCR) responsabilizó al decano de la Facultad de Derecho, Alfredo Chirino, por el archivo de una causa disciplinaria que se había iniciado contra el catedrático Mainor Salas Solís luego de que, en mayo, UNIVERSIDAD publicó los testimonios de estudiantes y exestudiantes que señalaban al docente por hostigamiento sexual e insultos.
En un comunicado remitido este lunes al correo de empleados de la universidad, la Rectoría se refirió a las razones por las cuales, el 14 de octubre, el rector de la UCR, Henning Jensen, acogió una apelación del abogado defensor de Salas y ordenó el archivo de la causa.
“Aunque la denuncia pública tiene un gran valor social, en la Universidad —como en cualquier institución pública—, se debe acatar lo dispuesto en el ordenamiento jurídico. A pesar de las manifestaciones públicas de estudiantes, no se presentaron denuncias contra el docente, lo cual impide que la Comisión Institucional contra el Hostigamiento Sexual pueda abrir un proceso de investigación contra Salas”, dice el comunicado.
La Rectoría añadió que esos procesos deben iniciarse a través del superior jerárquico de cada docente, como ocurrió en este caso, pues fue Chirino quien solicitó a la Comisión Instructora Institucional (CII) una investigación por “ciertas publicaciones” en medios de comunicación acerca de posibles actos “contra de la honra, la dignidad, las políticas de género institucionales y el buen nombre de la unidad académica y de la Universidad de Costa Rica”.
No obstante, indicó la Rectoría, el decano “cometió errores de procedimiento, ya que envió documentos imprecisos y genéricos”.
“La Comisión Instructora Institucional le informó con suficiente tiempo que debía subsanar con prontitud esos errores; sin embargo, lo hizo tarde. Queremos aclarar que la responsabilidad sobre el archivo de esa causa es por entero de la Decanatura”, señala el comunicado de la Rectoría.
El texto además indica que la Rectoría acogió un criterio de la Oficina Jurídica, la cual consideró que, de no archivar el caso, “se estaría violentando el debido proceso”.
El viernes, UNIVERSIDAD dio a conocer que esa oficina consideró: “Se carece de una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos denunciados y de forma excesivamente general se le dice al funcionario que se ha tenido conocimiento de manifestaciones suyas, por medio de un noticiero televisivo, que podrían constituir una falta disciplinaria. Y aunque lo aparentemente dicho por el docente sí podría hacerlo acreedor de una sanción, el superior jerárquico debió realizar diligencias preliminares necesarias que le permitieran tener por superada cualquier duda razonable sobre la comisión de las faltas”, según la resolución del rector, de la cual este medio tiene copia.
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“La Rectoría, como representante legal de la Universidad, no puede y no debe actuar si considera que se está violentando algún proceso o norma, pues ello expondría a la Institución a futuros procesos legales en su contra, lo cual sería un acto irresponsable”, se lee en el comunicado enviado por ese órgano este lunes.
Además reitera: “En suma, las razones del archivo de la denuncia recaen en la Decanatura de la Facultad de Derecho, cuya resolución (FD-1421-2019) no contó con elementos o requisitos de contenido mínimos exigidos por el Reglamento de Régimen Disciplinario del Personal Académico”.
El viernes, el decano Chirino respondió unas consultas que le envió UNIVERSIDAD sobre este asunto e indicó que, en su criterio, las publicaciones periodísticas eran suficientes indicios para iniciar un proceso disciplinario.
“Asimismo debe tomarse en cuenta que, de acuerdo con el artículo 32 del Reglamento de Régimen Disciplinario del Personal Académico, la instrucción del expediente es competencia de la Comisión Instructora Institucional, es ella quien ‘recabará toda la información requerida para averiguar la verdad real sobre los hechos investigados’. La facultad de instruir la causa le pertenece a la Comisión instructora y no al órgano decisor”, agregó.
El profesor catedrático Mainor Salas solo afronta un proceso disciplinario por el abandono de su trabajo el 24 de mayo (dos días después de la primera publicación de UNIVERSIDAD), el cual fue iniciado por el decano y se encuentra en la CII).
Ese docente fue sancionado en el 2015 con ocho días de suspensión por hostigamiento sexual a una alumna, a quien, según la prueba aportada en ese proceso, le pedía fotografías en ropa interior.
También tuvo otras dos denuncias por insultos a estudiantes; en un caso concilió y el otro proceso de suspendió por motivos de salud de la denunciante.
En el comunicado de este lunes la Rectoría insistió a la comunidad universitaria que presenten “denuncias formales”.
