Este lunes 24, en horas de la noche, murió asesinado Jhery Rivera, indígena Bröran de Térraba quien participaba en uno de cuatro procesos de recuperación de tierras en ese territorio.
Este nuevo crimen contra la vida de un dirigente indígena se da a menos de un año del asesinato de Sergio Rojas Ortiz, bribri del territorio de Salitre, también en la zona Sur, que sigue en total impunidad.
El Frente Nacional de Pueblos Indígenas (Frenapi) emitió un comunicado en el que denunció la “violencia racista que ha perpetrado un nuevo asesinato” y apunta que “a pesar de nuestros reiterados pronunciamientos y de la Alerta Temprana emitida el 23 de febrero, dos días antes de que la vida de otro compañero de lucha fuera arrebatada, nuestra voz una vez más es ignorada”.
Por ello, ante “este panorama de extrema violencia en nuestra contra”, el Frenapi hizo un llamado “urgente a la solidaridad del activismo cercano a la causa indígena y a la comunidad internacional” para exigir “que se detenga el exterminio sistemático de los pueblos indígenas en Costa Rica”.
El Frenapi puntualiza que desde el domingo 23 de febrero grupos de terratenientes llegaron a Térraba a intimidar y a agredir a personas indígenas participantes en cuatro nuevas recuperaciones territoriales.
Esos procesos de recuperación están siendo llevados a cabo por 13 familias que “han sido testigos del racismo” y emitieron una “alerta temprana” en cuanto a las “estrategias premeditadas de los no Indígenas para perpetrar actos de despojo y violencia amparados por la inoperancia estatal”.
El comunicado también recuerda que los territorios de Térraba y Salitre son abarcados por la supuesta protección de medidas cautelares establecidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde abril de 2015 para garantizar la vida y protección integral para las personas de ambos pueblos.
“Desde el 23 de febrero, en los territorios bajo protección de las Medidas Cautelares, se han perpetrado actos como la quema de una finca, según testigos, por el terrateniente de apellido Guadamuz” supuestamente para culpar a los indígenas recuperantes, así como de otros actos violentos, con la intención de “deslegitimar nuestra lucha” y así propiciar la retirada de las fincas en recuperación, “incluso bajo solicitud de la Fuerza Pública que ha manifestado que la única forma de protegernos y resguardar nuestra integridad es salir de las tierras recuperadas”.
Hipocresía de Estado
Poco después de que trascendiera la noticia del asesinato de Rivera, la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (Fecon), emitió un comunicado en el que enfocó el hecho como “una de muchas agresiones y acciones violentas inspiradas por el racismo que sufren los pueblos indígenas en Costa Rica”.
Apuntó que el crimen “salpica de sangre la hipocresía del Estado costarricense, que por un lado dice ser abanderado de los Derechos Humanos pero su política pública deja en el abandono y el olvido a todas las poblaciones indígenas de nuestro país”.
La Fecon exigió que se cumpla con el saneamiento de los territorios indígenas y que los usurpadores no pertenecientes a los pueblos originarios finalmente salgan de esos territorios.
También subraya la urgencia de que los asesinatos de Rojas y Rivera no queden en la impunidad, y condena “el espíritu perverso de reportajes y enfoques periodísticos han usado contra los recuperadores de tierra incentivando la violencia, estos medios de comunicación son cómplices directos de este asesinato debido a que Canal 7 ni siquiera aceptó el derecho a la respuesta”.
Otra organización que se pronunció fue Ditsö, que a través de sus redes sociales calificó el asesinato de Rivera como un hecho “cobarde” e incluso identificó al presunto asesino, un sujeto de apellido Varela.
“Condenamos este hecho que se suma a una escalada de violencia en el territorio, por parte de terratenientes. Responsabilizamos al Estado costarricense por no actuar a pesar de que Térraba cuenta con Medidas Cautelares otorgadas por la CIDH. ¡Que tu muerte Jehry sea semilla de esperanza!”.
Por su parte, el presidente Carlos Alvarado en sus redes sociales condenó el asesinato y lamentó “profundamente los hechos de violencia” ocurridos en esa comunidad. Además, informó que el presunto responsable fue detenido.
Dijo haber solicitado “atender esta situación” a Randall Otárola, viceministro de Diálogo, a Randall Vega, viceministro de Seguridad y a la Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos (Dinarac). Añadió que el día de hoy anunciará más medidas.
