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Gobierno logra reintegrar el IVA a la canasta básica, pero oposición advierte posible vicio de nulidad

Hacienda propuso un mecanismo de compensación para las poblaciones más pobres y cedió para reducir la tarifa a un 1%, con lo que recaudará al menos ¢33.000 millones.

El Gobierno alcanzó por fin un acuerdo con el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y el Partido Liberación Nacional (PLN), incluido el diputado Gustavo Viales, para reintegrar el Impuesto al Valor Agregado para la canasta básica, aunque bajando su tarifa del 2% al 1%.

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No obstante, los diputados de oposición al impuesto —encabezados por los representantes en la comisión de Restauración Nacional (PRN), Integración Nacional (PIN) y el Frente Amplio (FA)— advirtieron inmediatamente sobre un posible vicio de nulidad en el procedimiento, pues se aprobó una moción que modificó por completo el capítulo de exoneraciones.

 

El posible vicio, dijeron, responde a que —como parte del acuerdo entre el PAC, el PLN y el PUSC— los diputados aprobaron la moción 700, que modificaba por completo el capítulo del Impuesto al Valor Agregado (IVA), algo que supuestamente no podían realizar.

Específicamente, el cuestionamiento se basa en un inciso de la moción de vía rápida (208 Bis) mediante la que se tramita el proyecto, la cual establecía que cada diputado sólo podría presentar “una única moción para introducir uno o varios capítulos nuevos, o un texto sustitutivo”.

En esa línea, los opositores advirtieron que los diputados del Partido Acción Ciudadana (PAC) habían firmado el texto sustitutivo que se votó favorablemente al inicio de las discusiones junto varias mociones (incluida la aprobada para reactivar el impuesto a la canasta básica) que modificaban capítulos completos.

Visiblemente molesto, el restauracionista Eduardo Newton Cruickshank lamentó la decisión de aprobar esa moción, aunque señaló que “ha visto varios casos así, casos en los que por querer llevarse, se terminan quedando sin nada”.

Las declaraciones las dio mientras salía a un receso de 25 minutos que decretó el presidente de la comisión fiscal, el oficialista Welmer Ramos, justo después de que se aprobara la moción que revivió el polémico impuesto, ante los ojos de personeros de Gobierno como el ministro de la Presidencia, Rodolfo Piza, y el viceministro de Hacienda, Nogui Acosta, quienes se mantenían en las sillas de espectadores —copadas por lobbistas y asesores— muy atentos a lo que terminara pasando.

Consultados sobre el posible vicio, los asesores de Servicios Técnicos de la comisión legislativa indicaron que correspondía a la Presidencia del Congreso, encabezada por la oficialista Carolina Hidalgo, determinar la admisibilidad de las mociones, aunque evitaron señalar si la decisión se tomó o no de la manera correcta.

La principal carta en contra de la teoría de un posible vicio de nuidad, sin embargo, es que la moción no introducía un capítulo (como impedía el reglamento) sino que lo modificaba.

De cualquier manera, lo cierto es que el texto irá a consulta constitucional, pues la posición de los diputados Carlos Avendaño, Eduardo Newton Cruickshank (PRN), José María Villalta (FA) y Walter Muñoz (PIN) se multiplicará en el Plenario legislativo.

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El acuerdo

El acuerdo entre el PAC, el PLN y el PUSC fue anunciado por el liberacionista Gustavo Viales, cuyo voto había sido decisivo para aprobar la exoneración que ahora se revirtió.

Viales se había separado de la línea de sus dos compañeras del PLN en el foro que tramita la reforma fiscal para aprobar la exoneración, momento desde el que externó sus discrepancias porque creía que el impuesto afectaría a las clases más empobrecidas.

Según indicó, el acuerdo sólo fue posible hasta la tarde de este martes después de varias reuniones en el Plenario y en los salones anexos de la Asamblea, encuentros que permitieron alcanzar los consensos entre los cinco diputados de las fracciones antes mencionadas para restablecer el impuesto.

El restablecimiento —una posibilidad que se barajaba desde la tarde de este mismo martes— fue posible hasta que el Gobierno puso sobre la mesa la posibilidad de aplicar un mecanismo de compensación y además aceptó ceder en el monto de la tarifa, con lo que logró atraer a Viales y al socialcristiano Pedro Muñoz.

Muñoz y Viales se sumaron así al oficialista Welmer Ramos y a las liberacionistas Yorleny León y Silvia Hernández, quienes querían devolver el impuesto al 2%, como estaba desde el inicio.

Finalmente, todos tuvieron que ceder en algo.

“Hemos llegado finalmente a un acuerdo con el Gobierno de la República y algunas de las bancadas representadas en la comisión legislativa. Después de mucho tiempo de negociación, el Gobierno por fin entendió que el tema de la canasta básica ciertamente afectaba a la población más vulnerable del país y por eso hemos diseñado un mecanismo de compensación paralelo a que la canasta básica quede finalmente en un 1%”, indicó Viales.

Además, señaló que el mecanismo permitiría reducir la pobreza extrema en 0,1 puntos (de 5,7% a 5,6%), según los datos de Hacienda, motivo por el que finalmente cedió para revertir la exoneración, que no discrimina entre poblaciones pobres y no pobres.

El mecanismo propone financiar programas sociales como los regímenes no contributivos de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS); con un periodo de transición de seis meses sin el impuesto y un año de tasa cero para depurar su funcionamiento.

Para alcanzar la tasa del 1%, los diputados además votaron una moción de Pedro Muñoz y Pablo Heriberto Abarca del PUSC, quienes siempre señalaron que el Gobierno contaría con sus votos si apoyaba esa propuesta “intermedia”.

Con estas decisiones además se recuperó la trazabilidad de los bienes de la canasta básica, cuyas transacciones ahora tendrán mayores incentivos para realizarse con facturas; al tiempo que se corrigió un problema de redacción de la anterior exoneración que dejaba gravados a los insumos agropecuarios de producción con el 13% regular del impuesto.

De cualquier manera, las dudas quedan en Cuesta de Moras, donde ya se ha visto caer a otros dos proyectos fiscales en el pasado por errores en el procedimiento.

Otros impuestos

La moción aprobada también reintegró muchos otros de los impuestos que se habían eliminado vía exoneraciones, incluido el del 2% a los servicios de educación privada.

Ese impuesto sumado a la media reintegración del impuesto a la canasta básica devolvería hasta ¢60.000 millones de recaudación al proyecto fiscal, que ya se había drenado en más de ¢250.000 millones.

No obstante, muchos de los impuestos que se incluyeron de nuevo podrían ser revisados en etapas posteriores , tanto dentro de la comisión como cuando el texto llegue al Plenario legislativo.

Para la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, lo único cierto es que el movimiento implica ¢33.000 millones de recaudación seguros con la canasta básica, en un contexto en el que cada debilitamiento a la reforma “tendrá que reponerse por otro lado”.

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