- Transformación de comedores en dormitorios, reestructuración del tamaño de los armarios e ingreso de camarotes son algunas medidas del Ministerio de Justicia.
Transformación de comedores en desuso, remodelación de anexos y bodegas, introducción de camarotes en dormitorios saturados y reducción del ancho de los armarios. Estas son algunas de las acciones que ejecuta el Ministerio de Justicia ante el aumento de privados de libertad en las cárceles.
Hoy, el 57% (12 de 21) de los centros penitenciarios están sobrepoblados, muchos de ellos en condiciones de hacinamiento crítico en donde las personas tienen que dormir en el suelo, en los baños e inclusive en la parte de abajo de camarotes de tres niveles.
Los altos niveles de hacinamiento del sistema carcelario motivan al Gobierno a encontrar espacios donde antes no había para aliviar la creciente entrada de privados de libertad al sistema penitenciario.
Es tal la necesidad de maximizar los espacios que se estudia la posibilidad de modificar hasta los armarios donde los privados de libertad guardan su ropa y pertenencias.
Así lo explicó la ministra de Justicia, Marcia González, quien afirmó que se busca reemplazar estos muebles por unos con diseño más angosto y más alto, con el fin de ganar algunos centímetros en cada celda o dormitorio.
El Gobierno también cambió los criterios que aplicaba para recibir a los privados de libertad en las tres cárceles especializadas que dejó la administración Solís Rivera. Allí se recibía solamente un perfil específico de privado de libertad, con el fin de trabajar en su reinserción en la sociedad.
Desde agosto del año anterior, una circular del Instituto Nacional de Criminología cambió los criterios y se permite que más personas puedan entrar a estas prisiones, donde hay mayor libertad para estudiar, trabajar y desempeñarse en actividades recreativas.
Antes el ingreso a estos centros modernos, ubicados en Alajuela, Pérez Zeledón y Pococí, dependían de la voluntad del privado de libertad para someterse a un proceso diferenciado de reinserción. Ahora, esta decisión puede ser tomada por el INC de manera unilateral.
Además, Justicia anunció que incrementará la capacidad en cada dormitorio de las unidades productivas. Originalmente cada cuarto tiene espacio para cuatro privados de libertad que duermen en camarotes; sin embargo, este número se incrementará a cinco por dormitorio.
Nueva metodología
El Ministerio de Justicia anunció la semana anterior la implementación de una nueva metodología para contabilizar los espacios, justo en momentos en que las cárceles del país eran examinadas con lupa por un subcomité de prevención de torturas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
La nueva metodología para medir la sobrepoblación que contabiliza las cárceles juveniles (antes no se hacía) concluye que el hacinamiento total es ahora de un 30%. Esta cifra se eleva hasta el 37% si se mide aplicando el mecanismo anterior de cálculo.
El examen llegó en momentos donde el nivel de sobrepoblación llega hasta el 85% en los centros de detención como Limón y Puntarenas.
Cárceles regionales saturadas
Las cárceles regionales son las más hacinadas del país. Por ejemplo, el Centro de Atención Institucional Carlos Luis Fallas, en Pococí, tiene espacio para 762 reos, pero allí están encarceladas ahora 1.354 personas (78% de sobrepoblación).
La prisión 26 de julio, ubicada en Chacarita de Puntarenas, reúne a 975 privados de libertad, cuando en realidad este viejo inmueble tiene capacidad para solo 526 (85% de sobrepoblación).
Según los nuevos datos de Justicia, la cárcel de Limón es la más hacinada del país, con un porcentaje del 85,4% de sobrepoblación, al reunir a 699 reos en un inmueble para 377.
Estas cifras son cuestionadas por el juez de ejecución de la pena de Limón, Ricardo Jiménez, quien asegura que en su última visita la capacidad de ese centro era de 488 cupos.
Jiménez afirma que visita el centro frecuentemente y que en noviembre de 2016 llegó a albergar a 804 personas, pese a una sentencia judicial que ordenó el cierre de esta cárcel.
Esa orden le obligó a dictar una medida correctiva de mantener la orden de cierre, el pasado 5 de junio de 2017. “Ese cierre no se había respetado, seguía ingresando gente”, dijo Jiménez.
El juez también explicó que la maximización de espacios incide en la calidad de vida de los privados de libertad. “Si tienen camarotes de dos pisos, meten un nivel más. También meten un camarote más en los dormitorios. Va a haber más gente en los baños, van a necesitar más comida. Las opciones educativas y de salud se ven disminuidas y deterioradas. Hay personas que están durmiendo debajo de los camarotes, gente durmiendo en pasillos y baños. Viera cómo repercute esto en el estrés de la persona privada de libertad. No logran conciliar el sueño y los que estudian no pueden hacerlo bien”, explicó.
Jiménez agregó que ese aprovechamiento de cada espacio se puede notar por la manera en la que encuentran los dormitorios. En su última visita, el 13 de marzo anterior, el juez encontró condiciones degradantes.
“Uno se da cuenta de que están maximizando espacios porque uno encuentra las espumas (colchones), enrolladas y pegadas a las paredes y a las verjas de las ventanas de los demás. Esos son los rollos que en la noche desenrollan debajo de los camarotes y en los baños”, comentó.
Inclusive la cárcel de mujeres Vilma Curling lucía inmune a este fenómeno; sin embargo, en diciembre pasado reportó una sobrepoblación del 3%.
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Para revertir la situación, el Gobierno habilitó un antiguo comedor con capacidad para 15 personas (siete camarotes y una cama individual). Además, en este momento se trabaja en la transformación de un anexo en desuso que permitirá contar con 63 espacios más, según estimaciones del Ministerio de Justicia.
“Ahora por cualquier cosa la gente viene acá. Conozco compañeras que terminan metidas por robarse un Cicatricure y no creo que eso sea para que alguien venga a vivir la experiencia de una cárcel, hay demasiada población penitenciaria”, dijo Dayanna Aguilera, rea de la cárcel de mujeres.
Causas
Para el juez de ejecución de la pena de San José, Roy Murillo, las causas del hacinamiento son varias.
“Eso tiene que ver con un modelo punitivo desbordado y obsoleto, que en materia de drogas trata al vendedor pobre como si fuera un capo. Hay un abuso de la prisión preventiva, en lugar de tener una función procesal parece que tiene otro fin, como de imagen”, dijo el juez, quien también sumó entre las causas a la desaceleración en los traslados de cárceles cerradas a semiinstitucionales, en donde los presos pueden salir los fines de semana.
“Ahora que ya se llenaron todas, vamos a ver cuáles son las consecuencias. Con esa misma política de seguridad en detrimento de las libertades y oportunidades, la situación de hacinamiento se va a agravar y eso podría llevar a perder el control de las cárceles”, dijo Murillo.
Es cierto que estos cambios de régimen se daban con mayor agilidad en el gobierno anterior, una situación que le ocasionó agrias críticas a la administración Solís Rivera.
La jerarca de Justicia alegó que hubo una serie de atrasos con respecto a las valoraciones ordinarias y extraordinarias en los centros penitenciarios.
La comparación se puede ver en el mismo año de transición: en los primeros cinco meses, cuando Marco Feoli era ministro de Justicia, el Instituto Nacional de Criminología aprobó el traslado de 735 privados de libertad a regímenes semiabiertos.
En contraposición, durante los primeros siete meses de Marcia González al mando de Justicia, el INC ordenó el traslado de 430 reos a prisiones semiabiertas, una reducción del 40% con respecto a su predecesor.
Los defensores públicos, abogados de las personas que no tienen recursos para el pago de defensa legal, afirman que los traslados bajaron de un 12% a 5%, según datos suministrados por el Ministerio de Justicia.
“Esto preocupa, pues el fin de la pena es resocializador, en la prisión nadie mejora, y el mecanismo idóneo para esa resocialización es la reincorporación paulatina a la vida en sociedad que se logra mediante el avance al semi-institucional”, comentó Diana Montero, jefa de la Defensa Pública.
González llegó en mayo de 2018 a encabezar una serie de cambios ideológicos de un gobierno que hizo alianzas con el Partido Unidad Social Cristiana, cuya visión en el área penitenciaria apunta hacia la seguridad de las víctimas, en detrimento del discurso que defendió la administración Solís Rivera.
El Ministerio de Justicia estuvo casi siete meses sin viceministra de Justicia, tras la renuncia de la jueza Isabel Porras, quien duró apenas cuatro meses en el cargo. Hace un par de semanas se juramentó a Viviana Boza como la nueva encargada de asuntos penitenciarios.
Entrevista con Marcia González, ministra de Justicia
“El privado de libertad prefiere estar hacinado, pero cerca de su familia”
Subcomité de la ONU regañó a Gobierno por encauzar políticas hacia un mayor encarcelamiento.
El ritmo de ingresos a las cárceles no da abasto y las medidas del Gobierno para aprovechar cada centímetro de espacio en los centros penitenciarios podrían ser insuficientes.
El subcomité de Prevención de la Tortura de la ONU llamó la atención al país por dirigir sus políticas a la creación de más espacios carcelarios cuando deberían enfocarse en encarcelar menos.
Así se lo comunicaron a la ministra de Justicia, Marcia González, quien le apuesta a la prevención y a la construcción de un nuevo centro penitenciario en la zona sur.
Para este proyecto no hay recursos, por lo que busca fondos como así se consiguieron en el pasado para la construcción de tres cárceles modernas en Pococí, Pérez Zeledón y Alajuela. En esa oportunidad fue el Banco Interamericano de Desarrollo el que prestó el dinero.
La jerarca afirma que el crecimiento de la población penitenciaria, especialmente en las prisiones fuera de la GAM, se debe a una serie de traslados que buscaban acercar a los reos con sus familiares, aunque estuvieran más hacinados.
En entrevista con UNIVERSIDAD, la jerarca reconoce que hubo atrasos desde el Instituto Nacional de Criminología y en los centros penitenciarios que ocasionaron una disminución en la cantidad de privados de libertad que pasan a cárceles semiabiertas.
¿Por qué las cárceles regionales están más hacinadas que las de la GAM?
– En muchas circunstancias el privado de libertad prefiere estar en una situación de hacinamiento cerca de su familia en lugar de que lo trasladen a un lugar donde puede haber condiciones mejores, pero en donde no puede ver a sus hijos o a su familia más seguido, precisamente por un tema de condición económica. Entonces es muy complejo para nosotros. Estamos haciendo algunos cambios en la gestión y habilitando algunos espacios que estaban subutilizados.
¿Le preocupa que Costa Rica se esté convirtiendo en uno de los países con mayores tasas de encarcelamiento de la región?
– Sí me preocupa y me parece que es un tema que hay que trabajar de cerca con la Corte Suprema de Justicia, pero también tengo muy claro la separación de poderes y que eso es una discusión que se tiene que dar a nivel de Asamblea Legislativa y Poder Judicial.
Pero es ahí donde ustedes podrían impulsar reformas, ¿no?
– Hay que iniciar los procesos de discusión, pero soy totalmente respetuosa de la labor de la Corte Suprema de Justicia o del Poder Judicial. El tema es que hay una necesidad real en este momento, la regionalización tiene una razón de ser. Hemos trabajado arduamente en eso porque incluso desde que iniciamos la gestión nos hemos encontrado con personas privadas de libertad que las estaban enviando a regiones muy lejanas donde no estaban sus familias, lo cual genera un desarraigo y debilita completamente la relación con sus parientes.
¿Cuáles son los proyectos estrella de este gobierno que combatirán el crecimiento de la población penitenciaria?
– El hacinamiento es multicausal. El aumento importante que hemos estado teniendo de la cantidad de la población obedece a una serie de causas que tienen que ver definitivamente con los megaoperativos del Ministerio de Seguridad, el mismo accionar del OIJ, la flagrancia y las acciones de la Corte para bajar la mora judicial. Con la población femenina esperamos que la aplicación de la reforma del artículo 71-72 pueda ayudar (ley que permitirá atenuar los castigos penales a mujeres en condición de vulnerabilidad social, promovida por el gobierno de Luis Guillermo Solís).
¿Cuáles serían las iniciativas propias de este Gobierno que se presentarán en corriente legislativa?
– Hay una reforma a la ley del monitoreo que se está discutiendo (promovida por el gobierno de Solís), y que nos parece que es muy importante que a través de esta reforma podamos fortalecer el sistema. Estamos trabajando en el proyecto de ley de ejecución de la pena (promovida por el Poder Judicial). Creo que si nosotros podemos dejar un legado importante es que haya una ley de ejecución de la pena. En esta materia tenemos una enorme deuda.
¿Hay una reforma en el sistema penal que ustedes digan “yo le quiero apostar mi gestión a una reforma penal en esta línea”?
– Bueno, como le comentaba antes, en realidad lo que estamos muy enfocados es en mejorar la gestión desde el sistema penitenciario. La reforma principal que quisiéramos dejar es la ley de ejecución de la pena. Me parece que es fundamental y es una deuda de décadas.
Fuera del ámbito legislativo, ¿a qué le apuestan ustedes?
– Al proyecto de la regionalización de la mujer (construcción de tres módulos penitenciarios en Puntarenas, Pérez Zeledón y Pococí para combatir desarraigo), es un tema de más espacios, pero no es solo eso. Tiene un impacto técnico en la atención de las mujeres privadas de libertad y un impacto humano básico fundamental que para nosotros es sumamente importante. Las comunidades terapéuticas también y ojalá podamos conseguir los fondos para un centro penal en la zona sur, porque incluso ir hasta Pérez Zeledón es lejos.
¿Cuántos espacios prevén para esa cárcel?
– Puede ser cercano a los 500, y ahí tendríamos también un complejo para las mujeres.
En un inicio usted dijo que en las unidades productivas (cárceles modernas) no se iban a meter nuevos espacios, pero ya hay una circular que está modificando requisitos y se habla de nuevos camarotes en espacios que eran para ocho personas…
– El sistema penitenciario es uno solo y la situación que tenemos es realmente compleja. Dentro de esas acciones, hay habilitación de una serie de espacios que se están dando, esto nos va a permitir generar como 350 espacios muy pronto además de la construcción de los otros 3.000 que vienen con procesos de licitación que son un poco más lentos y que lamentablemente cuando entramos estaba paralizado. Esa circular que usted menciona fue una decisión que tomó el Instituto Nacional de Criminología porque estábamos teniendo problemas para encontrar suficientes personas que quisieran irse a las Unidades de Atención Integral.
¿A pesar de ser las cárceles con mejores condiciones?
– Sí, pero hay circunstancias de los mismos privados de libertad que son muy complejas y que hacen que prefieran mantenerse en otros centros y no en las UAI’s. Entonces ahí el Instituto En su capacidad de ente técnico tomó esa decisión hace varios meses y ahora lo que estamos haciendo es fortaleciendo la cantidad de personal que tienen todas las UAI.
Hay jueces y defensores que reclaman una reducción significativa en los traslados a cárceles semiabiertas, ¿por qué?
– Lo que hicimos fue fortalecer y darle todas las herramientas al Instituto, que es el ente técnico, para que ellos pudieran poner al día las valoraciones en los centros que estaban muy atrasados y además, todo el proceso de la revisión de los procesos de atención que tenía 12 años de no revisarse. Entonces eso viene caminando, eso es en lo que se ha venido trabajando durante estos meses y ya hay varios centros que estaban muy atrasados y hoy ya están al día.
¿Veremos un aumento en estos traslados?
– Vamos a ver una mejor atención técnica para las personas privadas de libertad, en el sentido de que la queja constante de las personas privadas de libertad es que si se les dio el proceso “x” o si tenían a la valoración hace seis meses y no se les había visto. Entonces es realmente un impacto general en la calidad de la atención técnica que les estamos dando que es la principal función que tenemos, que es poder darles las herramientas para que puedan salir adelante y que tengan procesos después de reinserción lo más positivos posibles y exitosos.
