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Gobierno a punto de aplicación de la norma sobre aborto terapéutico

La firma de la norma técnica fue una promesa que hizo el presidente Carlos Alvarado desde la campaña electoral.

El Gobierno de la República está a punto de propiciar la aplicación del aborto terapéutico en Costa Rica por medio de la norma técnica que fue trasladada esta mañana de martes a la junta directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para consulta de carácter no vinculante.

El anuncio ocurre un año y siete meses después de que el presidente Carlos Alvarado asumió el mandato, una promesa que hizo desde que estaba en campaña electoral y que le ha costado críticas de grupos feministas por la demora con la firma del documento.

Desde este martes el Gobierno hizo público el texto de la norma técnica y  otorgó tres días hábiles a la directiva de la CCSS para que externe su posición al respecto; luego de este tiempo el presidente Alvarado podrá firmar la normativa, según las autoridades.

El Poder Ejecutivo aseguró que la decisión de trasladar la norma para consulta a la CCSS se ampara en el artículo 361 de la Ley General de Administración Pública, la cual dice que «se concederá a audiencia a las entidades descentralizadas sobre los proyectos de disposición general que pueden afectarlas».

La norma técnica es una reglamentación que permitiría a los médicos tener claridad sobre cómo proceder si una mujer requiere una interrupción durante el embarazo por peligro de muerte.

El documento consta de 12 páginas, no legaliza el aborto y será una guía para que las autoridades médicas puedan elaborar sus propios protocolos de interrupción según cada institución.

¿Qué dice?

La norma técnica resalta cuatro elementos para que se pueda aplicar el aborto terapéutico: que haya consentimiento de la mujer; que se realice por una persona obstetra autorizada si no hay una persona médica disponible;  que se practique para evitar un peligro para la vida de la mujer; y  que el peligro para la vida o salud de la mujer no se haya podido evitar por otros medios.

El documento no contempla una lista de cuáles son las enfermedades que podrían poner en riesgo la vida de la mujer,  aunque sí menciona algunos casos  frecuentes como los embarazos ectópicos, las corioaminionitis y las molas hidatiformes.

Añade que la solicitud de intervención puede ser pedida por  la mujer al médico tratante o puede solicitarla el mismo médico, siempre y cuando haya consentimiento de la mujer.

El médico deberá elevar la solicitud de valoración  a la Dirección General del establecimiento de salud en el plazo de un día hábil.

Para valorar la solicitud, la Dirección General del establecimiento nombrará a dos personas profesionales en medicina con especialidad en ginecobstetricia y una persona profesional con la especialidad correspondiente a la patología que padezca la mujer.

El documento también permite a  la persona profesional en salud que atienda a la mujer ejercer la objeción de conciencia si así lo valora. Quienes se acojan a la objeción de conciencia no pueden formar parte del procedimiento de la norma.

Aborto terapéutico en el Código Penal

En  Costa Rica el aborto terapéutico no se practica a pesar de que la ley establece  que «no es punible el aborto practicado con consentimiento de la mujer por un médico autorizado cuando no ha sido posible la intervención del primero, si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y éste no ha podido ser evitado por otros medios», según el artículo 121 del Código Penal.

La firma de la norma técnica es un compromiso que dejó pendiente el expresidente de la República, Luis Guillermo Solís, quien prometió firmar la norma técnica durante su mandato (2014-2018) a dos mujeres -Ana y Aurora- víctimas de falta de esta reglamentación. Solís suspendió el proceso de la aprobación y justificó que “no había ambiente político para hacerlo”.

Ana y Aurora acudieron  en el 2013 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para demandar al Estado Costarricense por no aplicar la ley como lo establece el artículo 121 del Código Penal sobre aborto terapéutico.

En el 2015 la CIDH notificó al Estado costarricense sobre las peticiones de Ana y Aurora  y el país adquirió la tarea de elaborar la norma técnica junto con el Ministerio de Salud para que el personal de salud de hospitales y centros médicos pudieran aplicarla en algún caso similar. Además, generar una serie de protocolos de atención en hospitales y clínicas de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).

 

 

Alvarado fue cuestionado desde los primeros meses de su gestión porque cuando la prensa le consultó sobre la firma de la norma, el mandatario aseguró que en el orden de prioridad en su mandato tenía que resolver otros tareas antes. “Para cuando yo considere que sea un momento oportuno”, dijo en aquel entonces y desató enojo en diputadas hasta de su propio partido, como la oficialista, Paola Vega.

Durante este tiempo en que Alvarado ha estado al mando del país, su gabinete incluso sufrió bajas importantes de jerarcas que guardan estrecha relación con la firma de la norma técnica. Es el caso de la exministra de Salud, Guiselle Amador, pues el jerarca de esta cartera debe revisar que el documento no vaya más allá de lo que establece el Código Penal en el artículo 121. A cargo de la tarea quedó el ministro de Salud, Daniel Salas.

También se concretó la anunciada salida del ministro de la Presidencia, Rodolfo Piza, 29 de julio. Como defensor de principios cristianos, su presencia implicaba un obstáculo para la firma de la norma, se pensaba. Ahora no está y tampoco hay certeza sobre esa reglamentación.

Los diputados de oposición, grupos provida y sectores como la iglesia católica manifestaron al presidente su rechazo y desaprobación con la  norma técnica,  pues aseguran que abriría una puerta para el aborto legal en Costa Rica, no obstante, el Gobierno ha dicho en reiteradas ocasiones que el protocolo no irá más allá de lo que ya estable el Código Penal. Incluso la diputada Nidia Céspedes, del bloque independiente de Nueva República, sesionó descalza varios días en el Plenario como símbolo de protesta contra la norma.

La semana anterior, el Frente Nacional por la vida, el cual articula a los diputados pro-vida de distintas bancadas, la Asociación Médicos por la Vida, Despierta Costa Rica, Grupo Pancha Carrasco, Iglesia Católica y evangélicas neopentecostales, hicieron una conferencia de prensa para anunciar que entregaría una carta al presidente Carlos Alvarado para abrir espacios de diálogo con el Ejecutivo y ratificarle, una vez más, su oposición a la norma técnica.

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