Las dificultades que afronta la empresa Claro para cumplir un contrato en el que se comprometió a llevar Internet de banda ancha a centros educativos en la zona Norte -usando recursos del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel)-, sí se podían prever y hacerlo era una responsabilidad exclusiva de esa operadora telefónica, afirmó el director de la Unidad Gestora del proyecto, Pablo Arrieta, de la firma Ernst & Young.
Con este argumento, Arrieta contradice las afirmaciones del director del Fonatel, Humberto Pineda, quien justificó los atrasos y fallas de Claro para cumplir el contrato y ofrecer servicio al 57% de los centros educativos que le correspondían (en los cantones de Upala, San Carlos y Sarapiquí).
En junio pasado, el director de Fonatel atribuyó los incumplimientos de Claro a una “inacción efectiva del Estado en garantizar las condiciones”.
Pineda se refirió específicamente a que la telefónica Claro –subsidiaria de America Móvil, cuyo accionista mayoritario es el empresario mexicano Carlos Slim– no podía cumplir el contrato debido a que la Secretaría Técnica Ambiental (Setena) no otorgaba los permisos para construir infraestructura.
No obstante, en entrevista con UNIVERSIDAD, el director de la Unidad Gestora de los proyectos que se administran en un fideicomiso del Banco Nacional (BN), indicó que, de antemano, las operadoras conocían las zonas por las que concursaron y debían hacer sus respectivos análisis antes de efectuar sus ofertas.
Es decir que, según Arrieta, si una operadora se comprometió a colocar una torre en un sitio para brindar el servicio que se le contrató, es porque ya debía haber verificado que eso era posible.
Arrieta explicó que, en los proyectos de la zona Norte, la diferencia que tuvo Claro con la firma Telefónica (la cual sí cumplió en los cantones de Guatuso y Los Chiles) fue que, “si bien utilizan una tecnología que es similar, esta permite un ámbito de diferentes tipos de diseño de acuerdo con la porción de espectro que cada uno de los operadores utiliza”.
“Si uno lo ve en los diseños que presentaron, para territorios que uno pudiera hacer más o menos equivalentes, Telefónica tiene una cantidad significativa menor de torres en sus diseños, que Claro (…) La razón principal es un asunto tecnológico, no necesariamente porque el diseño sea más o menos eficiente, sino que un operador tiene ventajas en cuanto a la tecnología propiamente dicha, digamos a la sección de espectro (radioeléctrico) que ganó hace años cuando se hizo la licitación”, explicó.
Así, por ejemplo, cada infraestructura construida por Telefónica –con la franja de espectro con la que cuenta– le permite un alcance de dos kilómetros, mientras la de Claro solo alcanza 500 metros.
Al tener que colocar más infraestructura, Claro se topó con situaciones de terrenos en franja fronteriza (los dos kilómetros desde la frontera), cuya situación legal es de “posesorios” y otros terrenos que requieren expropiaciones antes de colocar antenas.
Arrieta aclaró que no todos los problemas son causados por falta de permisos en la Setena.
En las franjas fronterizas, por ejemplo, se requiere que los encargados de las áreas de conservación avalen las construcciones. Con respecto a los posesorios, Setena está imposibilitada por normativa para dar permisos en terrenos sin títulos de propiedad.
Por ello, el contratista, con el apoyo de Fonatel, se encuentra haciendo trámites para intentar obtener los avales.
El director de la Unidad Gestora reiteró que tanto las condiciones de los terrenos como la tecnología con que cuentan, eran conocidas por las operadoras antes de concursar y que aclaró que Fonatel en los proyectos contrató un tipo específico de servicio que es Internet, “si para dar ese servicio Claro tenía que poner una o diez antenas eso ya es tema de la empresa”.
“La ley habla únicamente del precio más bajo, es lo único que la ley dice (para adjudicar). Entonces, si el operador cumple tecnológicamente y se compromete a una equis cobertura territorial, y mire que eso está por escrito, firmado, eso es su problema, firmó un contrato que los obliga”, señaló Arrieta.
Los proyectos de Fonatel en la zona Norte abarcaban 485 centros educativos, de los cuales Claro debía cubrir 354, según datos suministrados por el Banco Nacional. El Fondo destinó una subvención de $14 millones para las compañías, a las cuales ya otorgó la mitad de ese dinero.
Los contratos con las compañías de telefonía se firmaron en mayo del 2014. De acuerdo con los carteles, las empresas tenían un año para instalar la infraestructura necesaria. Luego, firmarían contratos con cada centro educativo y desde entonces tendrían 15 días –máximo 30- para proveerles el Internet durante cinco años.
“AJUSTE DE CRONOGRAMA”
Al finalizar el 2014, los informes de la Unidad Gestora mostraban que en los cantones que le correspondían a Claro, los proyectos tenían una desviación negativa de hasta 53% en la etapa de ejecución, que consistía en la colocación de la infraestructura.
No obstante, al iniciar el 2015, el estado de los proyectos se colocó en una deviación 0%, es decir, que según esos informes, se encontraban al día. Sin embargo, lo que se dio, fue un cambio del cronograma establecido, que amplió los plazos y permitió que Claro no se encontrara en atraso.
De acuerdo con Arrieta, esa ampliación del cronograma se le otorgó a Claro al verificar que sí estaban haciendo gestiones para lograr los permisos.
UNIVERSIDAD solicitó en varias ocasiones a Fonatel un listado con números de expediente de las oficinas en las que se encuentra cada solicitud de permisos para torres, pero no lo remitió.
Yorlen Solís, del área de administración de proyectos de la Unidad Gestora, informó de que, por ejemplo, ya se han ido logrando los permisos para franja fronteriza.
Actualmente, hay 207 centros educativos que le corresponden a Claro y están sin conexión.
Se encuentran pendientes de instalar 26 torres. Dos de esas infraestructuras están listas pero pendientes de entrega. Ocho torres están en franja fronteriza, dos en procesos de expropiación y las 14 restantes están en condición de posesorios, por lo que, para instalarlas, Claro depende de que se apruebe un decreto del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) para permitir la construcción de infraestructura en terrenos sin título de propiedad.
La consulta pública de ese documento finalizó el 5 de julio. A partir de entonces se realizarían las observaciones de los equipos técnicos para hacer la publicación en el Diario Oficial La Gaceta.
Paralelo a esto, según detalló Solís, Claro ha hecho propuestas alternativas. Por ejemplo 60 centros podrían ser conectados con “Enlace punto a punto” y tendrían que permitir las mismas condiciones que se prometió en el contrato, por ejemplo, una velocidad de al menos 4 Mbps.
Según los representantes de la empresa Ernst & Young, si al finalizar el periodo del contrato la operadora no logró cumplir, sí se aplicarían las multas y garantías de cumplimiento.
