“Por el homicidio de esta persona voy sobre siete años esperando un juicio, voy para ocho. Es muy larga la espera. Le dicen a uno que en seis meses ya le hacen el juicio y uno dice: ‘ya va a terminar esto’, porque uno lleva una zozobra, pero ya son siete años”.
Quien habla es una madre de tres hijas, de 38 años de edad, actualmente estudiante de bachillerato de secundaria, cuidadora de una adulta mayor y acusada del homicidio de su pareja.
La mujer -quien pide que se le identifique solo con el apellido Pérez- fue detenida el 1 de enero del 2012, en un barrio pobre de Liberia, luego de que su entonces compañero muriera acuchillado. Un día después quedó en libertad con medidas cautelares como presentarse a firmar periódicamente.
Pérez no es una de esas personas imputadas que se mantienen prófugas de la justicia y que, por ende, obstaculizan el avance en las agendas de los tribunales. Todo lo contrario, lleva años esperando y deseando que la justicia le dicte una sentencia.
“Para el año pasado, en noviembre, fue el primer señalamiento, hacen ir al defensor y a la psicóloga del Inamu a perder su tiempo, sinceramente, porque se suspendió por la huelga y no tuvieron cómo llamar para avisarle a uno”, relata Pérez.
En la segunda ocasión, en setiembre pasado, se inició un debate que se realizaba por ratos, unos días en la mañana, otros en la tarde, cuenta ella. Finalmente, cuando se iban a realizar las conclusiones, la incapacidad de una jueza suspendió todo el juicio, lo cual ocurre cuando la interrupción es superior a los diez días.
“Uno dice: ‘Bendito Dios que ya vengo a rendirle cuentas, que se haga su voluntad’, pero después cuando me dicen que venga el 7 de octubre, nos presentamos, y que una jueza se enfermó y van a empezar de cero. A mí me dejaron caer como un balde de agua fría. Es una zozobra muy grande, demasiado grande, porque ya uno desea que termine, que si voy a ser libre o que si tengo que pagar mis consecuencias, pago mis consecuencias, voy a canear”.
Pérez espera que le dicten una sentencia que considere que ella actuó para defenderse, según explica.
Por años, esta mujer vivió diversas situaciones de violencia, incluida su relación con esa última pareja. Lo reconoce ella misma luego de años de recibir terapia psicológica gracias a la atención del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu).
“Es muy duro, muy duro porque yo nunca había conocido la violencia ni espero llegarla a conocer más. Él tenía la costumbre de enllavar el portón porque me celaba hasta con el portón de la casa, yo no podía salir. Más de una vez tuve el ojo morado, él me daba golpes en el estómago; una vez me roció con alcohol, solo le faltó prenderme fuego, otra vez me iba a volar la cabeza con un machete; me hacía llaves; me trataba mal emocionalmente; me doblaba las manos para atrás, sentía que me las iba a quebrar; me agarraba el pescuezo y me ponía cuchillos en el pescuezo, llegué a conocer la muerte en vivo”.
Pérez recuerda que nunca denunció porque temía que las amenazas de muerte de aquel hombre se convirtieran en realidad y sucediera, como tantos casos que salen en las noticias, que ella “no estuviera contando el cuento”.
Aquel 1 de enero fue otro día de maltratos, según recuerda. Agredió primero a mi hija y yo salí a la defensa, esta persona se me abalanza con un cuchillo, me golpea y yo lo que hago es defender mi vida y la de mis hijas. Era él o era yo en algún determinado momento”, narra Pérez. Los detalles de ese momento se reservarán por no estar todavía juzgados.
A pesar de esa tragedia, Pérez logró obtener ayuda del Inamu así como asistencia económica del Programa Puente al Desarrollo, y hoy estudia y trabaja.
“Ahora yo trabajo humildemente, soy una persona que puedo decir que valgo por mí misma, sé lo que es tener mi dinero en mi bolsa sin pedirle nada a nadie, porque tal vez uno le aguanta a un hombre por un bocado de comida”.
Sin embargo, la falta de una sentencia por este caso le genera incertidumbre sobre su futuro.
“Los primeros años me decían que primero son los presos (prioridad de juicios para quienes están en prisión preventiva) y después los de afuera. Pero de igual forma es como si uno estuviera preso, te privan de muchas cosas, que hay que estar en un domicilio fijo, hay que estar firmando una vez al mes. Yo quiero ser una persona normal, no tener que rendir cuentas al Estado”.
Pérez dice que incluso desconoce si logrará reunir nuevamente a sus testigos, porque algunos hasta se han cambiado de casa.
Duelos pendientes
La psicóloga del Inamu, Gabriela Delgado, conoció a Pérez porque la defensora pública que atendió en un primer momento el caso solicitó la colaboración a la Delegación de la Mujer que administra esta entidad.
La atención no se brinda a todas las mujeres que están en un proceso penal, sino que se valoran las condiciones particulares y se coordina con otras instituciones, explicó Delgado. Además de atención psicológica, el Inamu brinda apoyo en área legal y de trabajo social.
Al tomar el caso de Pérez, Delgado contactó a defensores que laboraban con la presidencia de la Defensa Pública y que manejaban este tipo de casos para un abordaje con perspectiva de género. Así se incorporó al equipo un defensor que ya había llevado casos similares y, por ende, tenía experiencia en trabajar sobre la legítima defensa de mujeres víctimas de violencia de género, explica Delgado. No obstante, empezaron los atrasos en el proceso penal.
“Llegamos (al juicio) y no hay nadie que nos diga que se había suspendido por la huelga. Con ella preparándose y el impacto emocional de enfrentarse a una audiencia pública. Está el componente afectivo emocional, toda la vida se detiene nuevamente. Entonces estas mujeres que están en sus procesos judiciales necesitan no solo una lectura de género y no solo una lectura a nivel de convenios internacionales y de las diversas recomendaciones que se han dado, sino que requieren que sea rápido, porque el problema es que se pierde prueba, la valoración ya no es igual”, señala Delgado.
“Hay muchos duelos pendientes, la pérdida de su libertad, el truncamiento del proyecto de vida; hay una gran ansiedad, por ejemplo, de qué va a ocurrir con las personas que dependen de mí, que es lo que se llama el efecto traslativo de la pena que se refleja especialmente en las mujeres que somos las que finalmente tenemos la labor reproductiva en la sociedad”, añade.
La psicóloga también hace referencia a la estigmatización para la mujer, que en el caso de Pérez implicó abandonar su barrio y su casa. Por ello, hace alusión a las recomendaciones de las expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará con respecto a la legítima defensa y la violencia contra las mujeres. Este mecanismo evalúa la implementación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, firmada por Costa Rica.
“Esto demanda un esfuerzo en la valoración de las pruebas en situaciones de legítima defensa;
especialmente, cuando la legítima defensa se alega en el marco de relaciones abusivas y en el ámbito doméstico. No valorar las pruebas de un caso con un enfoque de género apropiado
conlleva reproducir sesgos que invisibilizan la violencia contra la mujer, contribuyendo a la imperante impunidad que rodea este fenómeno”, dice el informe al que hace referencia Delgado.
Él mismo menciona la necesidad de contar con personal especializado en materia de género, incluyendo operadores de justicia y peritos, además de la obligación de los Estados “de proteger judicialmente a las mujeres víctimas, y de combatir, sin dilaciones y por todos los medios, la ineficacia y la impunidad en dichos casos”.
Debido a que el caso está pendiente de resolución, la Fiscalía de Liberia declinó referirse. La Fiscalía Adjunta de Género indicó que, en términos generales, cuando se analiza un caso y se considera que existió legítima defensa, no se realiza una acusación.
