La Universidad de Costa Rica (UCR) y Asociación Deportiva Filial Club de Fútbol de la Universidad de Costa Rica mantienen una disputa legal por la forma en que se puso fin al convenio que ligaba a ambas instituciones y que permitía a esta representación deportiva usar el nombre del centro académico, así como recibir financiamiento de su parte.
El Club de Fútbol UCR, en esta temporada, compite con los nombres de “La U Universitarios” en la máxima categoría del fútbol masculino y “La U Universitarias” en femenino.
El convenio que por años hubo entre la institución y club de fútbol se terminó a finales de febrero de 2019, y al menos en el resto de la administración de Henning Jensen como rector de la Universidad de Costa Rica no se vislumbra un acercamiento. El Club interpuso entonces una medida cautelar en la que disputan ₡228 millones.
UNIVERSIDAD intentó conocer el estado del conflicto a ver qué se había resuelto y qué medidas ulteriores se iban a seguir. Sin embargo, en la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, la asesora legal, Ericka Araya, informó de que ya la comisión de enlace que hubo entre ellos y el club desapareció, e indicó que el caso estaba en manos del asesor legal de Rectoría, Jeffrey Chinchilla.
Chinchilla indicó, a través de su compañero Oscar Alvarado, que el caso había sido remitido a la Oficina Jurídica de la Universidad de Costa Rica. Al intentar contactar con esta dependencia, el coordinador de la Sección de Gestión Judicial de la Oficina, Jorge Sibaja, indicó que solo el director Luis Baudrit tenía la autorización legal para hablar en nombre de la oficina sobre este tema.
Al consultarle a Baudrit, alegó, a través de su secretaria y su recepcionista, desconocer el oficio y lo remitió a Chinchilla nuevamente. “Yo hablé con Luis (Baudrit), y me indicó que Gestión Judicial está llevando este asunto, don Jorge Sibaja tramitó esta defensa, en ella participaron él y Pablo Salazar, otro asesor legal de Rectoría”, respondió esta vez Chinchilla. Cuando se le indicó la versión de Sibaja, prometió consultarle entre el viernes y el lunes para luego comunicar el resultado.
También, se trató de conocer la versión de la contraparte, Víctor García, el presidente de la Asociación Deportiva Filial Club de Fútbol de la Universidad de Costa Rica, para conocer el estado actual de las medidas cautelares. Aunque pidió las preguntas por correo, no las contestó.
Posteriormente, se le llamó y aseguró que se encontraba en una reunión, por lo que pidió tiempo hasta el viernes a las 10:00 a.m. para responder el correo o las llamadas. Luego de hacer todo eso, finalmente, no emitió respuesta alguna por ninguno de los medios.
En una entrevista anterior brindada a este medio, García aseguró que interpusieron la medida cautelar ante la institución educativa porque considera que el convenio de cooperación fue concluido de manera unilateral por el rector y que todo se debió a problemas personales entre él y la junta directiva anterior, encabezada por Luis Gamboa.
“En el artículo 4 del convenio de cooperación, se estipula que en caso de que alguna de las partes quiera terminarlo, deben avisarle a la otra con una anticipación de seis meses. En este caso, el convenio vencía el 27 de febrero de 2019, y el rector nos informó el 28 de noviembre de 2018 de que el convenio no iba más, supuestamente por la situación actual de la Universidad de Costa Rica. Él tendría que habernos enviado el oficio de que no iba a seguir el 26 de agosto de 2018, o de lo contrario, se renovaba automáticamente. Ese día, lo que nos dijo fue que le diéramos dos meses de tiempo para decidir sobre el convenio. Además, a nosotros el rector no nos giraba fondos por un problema personal con un directivo anterior, por eso dijo que había incumplimientos administrativos y un dudoso manejo de los controles internos”, dijo el actual presidente de la asociación en su visita al medio.
Sin embargo, el artículo 19 del acuerdo R-69-2017 emanado por la Rectoría ante el Consejo Universitario desde mayo de 2017 estipula la inadmisibilidad de las cláusulas que renueven automáticamente un convenio y que primero debe realizarse un proceso de prórroga que incluya una justificación escrita, donde la decisión final pasa por la misma Universidad a través de su rectoría.
Otro motivo argüido para la demanda fue que en 2018 recibió un informe emanado por la Contraloría Universitaria que daba a entender que los incumplimientos contractuales y el mal manejo de fondos denunciados por la Rectoría nunca se habían dado.
Tanto en esa visita al medio, como posteriormente en el programa radiofónico Al pie del deporte, García dejó claro que lo único que la Asociación cedió en el acuerdo fue la administración, y este grupo puede elegir la sede o el nombre por usar en los campeonatos, pero que en todas las reuniones de representantes de Unafut y Uniffut, así como en las elecciones de la Federación, él era el responsable como el presidente de la asociación.
Contexto
La pugna surgió en el 2016, luego de 75 años de buena relación entre club e institución, cuando la institución educativa, con base en informes de auditoría, tesorería y fiscalía que sugerían mejoras en los controles internos y el respaldo de documentación, decidió dejar de girarle los fondos al club, hasta tanto este no subsanara sus carencias.
Ante este panorama, el club debió buscar el patrocinio de una empresa colombiana domiciliada en Quindío, llamada GO S.A.S y renombrada en el país como Con Talla Mundial, tras una asamblea de socios que tuvo lugar el 27 de marzo de 2017, en el Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública, con el fin de que la compañía les inyectara fondos para operación.
No obstante, esta decisión provocó la molestia de Jensen, al considerar que la llegada de Con Talla Mundial a la administración se dio sin la venia institucional, y, por ende, el 2 de junio de ese año anunció que el convenio concluía en julio, y al club le quedaría prohibido, desde entonces, emplear cualquier instalación, cancha, color, línea gráfica, nombre y dineros que pertenecieran a la institución.
Posterior a esto, medidas cautelares solicitadas por el club y ratificadas por el Tribunal Contencioso Administrativo lograron frenar la ruptura del convenio, el cual se tuvo que cumplir hasta el final y, por eso, el club preservó su nombre durante las temporadas 2017-2018 y 2018-2019.
Eso sí, Jensen se mantuvo firme en no renovarlo luego de su vencimiento, aunque, para que el equipo masculino consiguiese terminar su temporada, los dejó continuar usando el nombre institucional y utilizar las instalaciones deportivas, hasta que esa temporada acabara, y luego de eso, le tuvieron que cambiar de nombre y llevárselo a otro lugar.
Sin embargo, aunque cambió prácticamente todo, los colores y la remisión implícita de la universidad fueron lo único que no varió por orden de García, a pesar de que el entonces gerente del grupo administrador, Olman Vega, había prometido lo contrario tras la temporada 2018-2019.
Además, aunque García había asegurado que el equipo femenino sí iba a conservar su nombre original, a mitad de la temporada 2019 tuvo que cambiar su nombre a Universitarias.