Con el fin de procurar ingresos libres de actividades ilícitas, los 30 equipos de las dos divisiones profesionales de fútbol (Unión Nacional de Fútbol o UNAFUT y Liga de Ascenso o LIASCE), en compañía con la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefutbol), el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) y el Ministerio de Hacienda, acordaron firmar un compromiso de sanear sus finanzas.
Ese acuerdo consiste en una entrega periódica de informes financieros y de auditoría por parte de los equipos, como requisito fundamental para la renovación de su licencia –con una vigencia de dos años–. Esa exigencia se hará extensiva a equipos hoy militantes en la Liga Nacional de Fútbol Aficionado (LINAFA), pues a partir de su ascenso a LIASCE (Segunda División) cuentan con un período de gracia de seis meses para cumplir con todos los requisitos para ser parte de la categoría de plata.
En los informes, deberá constar que los ingresos económicos no proceden de actividades ilícitas, como apuestas clandestinas o ilegales, narcotráfico o lavado de dinero.
Luego de la reunión con las personas que presiden o son dueñas de los 30 equipos no aficionados, el presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, Rodolfo Villalobos, se mostró satisfecho con el compromiso de los clubes y dijo que esto era parte de un proceso largo y permanente, el cual se llevó dos años en la primera etapa y ahora solo falta implementar.
“Primero que todo agradecidos con Guillermo (Araya, director del ICD) por la apertura. Esto es un proyecto que hemos venido trabajando de hace dos años; con Carlos (Vargas, director de Tributación Directa), que han venido a darnos noticias, instrucciones e información muy importante para los clubes”, detalló.
“Yo creo que ese es un día muy especial, es un día para recordar del fútbol nacional buscando terminar con la firma de un convenio que nos compromete para una segunda etapa donde la Federación se compromete a buscar que nuestro fútbol no sea contaminado con dineros que provengan de negocios ilícitos”, agregó el presidente.
Villalobos hizo un llamado al Comité de Licencias para que a la hora de que todos los equipos renueven la licencia para la temporada futbolística 2020-2021, en julio del presente año, se incluya la entrega de informes financieros, contables y administrativos debidamente auditados como requisito indispensable para obtenerla, además de realizarle ellos mismos una revisión y auditoría adicionales a los estados financieros auditados que proporcionen los clubes.
“Tenemos el compromiso de poner todas las herramientas, las posibilidades dentro del reglamento de licencias que tenemos para colaborar con el ICD, Hacienda y cualquier otra institución que se vea involucrada al respecto, con la Federación de primero, y de ahí cobijamos a los 30 equipos profesionales”, explicó.
Araya resaltó la importancia de la actividad conjunta en el sentido de implementar un modelo de transparencia para que se sepa de dónde vienen los ingresos. “Este convenio lo que tiene es la implementación de un modelo de transparencia. El principio velará en el fútbol costarricense, donde se acreditará la buena fe a través de la diligencia de poder transparentar las inversiones, los patrocinios, el pago a los futbolistas; no solamente de los equipos, sino de la Federación Costarricense de Fútbol”.
Araya agregó que la delincuencia busca cualquier actividad económica y deportiva para la legitimación de los capitales, por lo que se hace necesario identificar las fuentes.
Por otro lado, Vargas mostró su compromiso a asesorar a los distintos equipos y la Federación para que puedan hacer sus declaraciones y pago de impuestos.
“El fútbol profesional, si bien es cierto, es una actividad de sano esparcimiento para la población; para quienes participan en su organización y desarrollo, es una actividad económica que tiene una serie de obligaciones y actividades por cumplir, y en la medida en que nosotros podamos colaborar suministrando asistencia e información para el adecuado cumplimiento de esas obligaciones será más fácil para nosotros y para las entidades que realizan este tipo de actividades hacerlo sin los riesgos que lleva el no cumplir con ellas”.
El representante de los presidentes de la UNAFUT y presidente del Deportivo Saprissa, Juan Carlos Rojas, hizo ver que, más allá de dar un paso final hacia este convenio, todos los equipos tienen responsabilidad social de ser diáfanos con sus finanzas.
“En el fútbol tenemos una gigantesca y enorme responsabilidad hacia nuestra sociedad de proyectar los valores correctos y tener una industria protegida y absolutamente transparente, en línea y en orden”, expresó Rojas.
Mientras que su colega de LIASCE, y a su vez presidente de Cofutpa Palmares, Mario Ávila, consideró que las capacitaciones alrededor del “fair play” financiero fortalecen a la liga; si bien los montos que se manejan son menores que en la máxima categoría, sirven de ejemplo a los niños, pues se trata de una liga disgregada alrededor del país.
“Este tipo de actividades donde hoy hemos recibido una capacitación muy importante va a permitir que las dirigencias de la segunda (división) no sólo continuemos con el crecimiento deportivo que hemos venido teniendo en los últimos años, sino también que en la parte administrativa tengamos mayores herramientas para consolidarnos con nuestras agrupaciones, proteger la imagen de las distintas franquicias y, a la vez, hacer que cada club de la segunda división sepa cómo tenemos que hacer las cosas”.
Prevenir, no castigar
Consultado al respecto, Araya negó que el acuerdo se hiciera con el ánimo de castigar a algún equipo o integrante; por el contrario, explicó que cualquier sanción se haría en el ámbito penal por el lado de la justicia ordinaria, sin perjuicio de las deportivas que podría aplicar la Federación. “Desde el punto de vista delictivo, si es bajo el delito de legitimación de capitales, es la Ley N.° 8204 la que estaría aplicándose si se llega a identificar y a demostrar por parte de la fiscalía, a través de un juez de la República (…). Pero hay otros instrumentos administrativos que la Federación podría aplicar”. Dentro de esas posibilidades, mencionó la posibilidad de descenso, de compra y desaparición de equipos involucrados en vínculos con narcotráfico o lavado de dinero.
En todo momento, Villalobos y Araya hicieron énfasis en que la actividad se hizo por iniciativa propia y por prevención ante casos dados en otros países.
Ante diferentes consultas, Araya y Vargas enfatizaron que independientemente del método de pago, las obligaciones son las mismas en materia tributaria, por lo que siempre debe haber constancia de las transacciones monetarias, tanto si son en efectivo como por transferencia. Vargas agregó que lo único que puede afectar el pago en efectivo es la deducibilidad de la carga impositiva, pues la mayor cantidad aceptada en ese rubro es de ¢1,2 millones.
A los días de esa actividad, y tras una publicación dada a conocer por Diario Extra que revelaba los salarios, los principales clubes de fútbol (Alajuelense, Saprissa y Herediano) indicaron que sus montos de planilla general por mes oscilan entre ¢66 millones y ¢98 millones. Además, aseguran que son montos tal cual se le reportan a la Caja Costarricense de Seguro Social, sin pagos paralelos o patrocinios. No obstante, rehusaron especificar los salarios de cada jugador, con el fin de salvaguardar la confidencialidad de los contratos; incluso, la Asociación de Jugadores Profesionales (ASOJUPRO) advirtió de que tomará medidas contra el periódico por revelar esa información.
