Diego Meléndez es el nuevo director del CICPC

Un sector a la deriva y conflictos sin resolver reciben al nuevo director de patrimonio

Controversias, una ley obsoleta en varios apartados y una desgastada credibilidad sobre el manejo patrimonial son la realidad que le espera al nuevo jerarca_Diego Meléndez.

Nombrado dos meses y 12 días después de que el Gobierno entró en funciones, Diego Meléndez será el nuevo director del Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural (CICPC) y se encontrará con casos candentes que siguen sin resolverse, y con una institución que, al día de hoy, no tiene capacidad para saber con exactitud cómo están los inmuebles declarados de interés patrimonial.

Tras cuatro años cargados de cuestionamientos sobre las directrices que deben regir en la conservación del patrimonio histórico y arquitectónico, la ministra de Cultura, Sylvie Durán, apartó de sus funciones al arquitecto William Monge, hoy reubicado en el Centro Nacional de la Cultura (Cenac).

La restauración del Cine Variedades sigue sin resolverse y es un tema de gran relevancia.

En el período de Monge, se desató la polémica por la remodelación del Gran Hotel Costa Rica, aún sin resolver, y la del Cine Variedades; se perdieron, por motivo de incendio, la Iglesia de Copey de Dota (2017) y el Black Star Line de Limón (2016); y se esgrimieron las primeras escaramuzas por las adaptaciones que tienen previsto hacer en el Teatro Nacional.

La dirección del Centro de Patrimonio en este período de tres meses, y hasta el 1° de agosto, estará a cargo del viceministro administrativo Dennis Portuguez.

El nuevo director se topará, también, con el caso del arquitecto Adrián Vindas, quien está apartado de sus funciones y podría ser despedido por el caso de la restauración de la iglesia de San Isidro de Heredia, la cual se ejecutó entre 2010 y 2015.

Vindas sustituyó en 2011 como director del Centro a Sandra Quirós, a quien en su momento la apartaron de sus funciones y al final fue despedida de su cargo en 2014, aunque después fue eximida de responsabilidades por un órgano director, aseguró la arquitecta.

En aquella oportunidad, a Quirós la cuestionaron por la destrucción de la Casona de San Lorenzo de Flores el 26 de abril de 2010, que era de bahareque y había sido construida en 1844.

Para contextualizar todo lo que ocurre alrededor del patrimonio material e inmaterial del país, UNIVERSIDAD contactó el miércoles 18 de julio a la periodista Lizeth López, para, por su intermediación, hablar con un interlocutor del CCIPC; sin embargo, al cierre de edición, la comunicadora informó que, dada la cantidad de temas a tratar, atenderán las consultas para la próxima edición.

Tampoco se incluye en este reportaje la visión del Instituto Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos), porque su presidente, Melvin Campos, expresó a este medio que en la coyuntura actual no se referirán a ningún tema de lo que sucede con el manejo del patrimonio cultural y nacional.

Icomos tiene un escaño en la Comisión de Patrimonio y hasta ahora había sido el que en temas como el del Cine Variedades y el Gran Hotel Costa Rica había alzado la voz para puntualizar, con argumentos técnicos, las contradicciones en las que había entrado el Centro de Patrimonio.

Igualmente, dicho ente ha sostenido a lo largo de su existencia en el país una visión crítica sobre el manejo del patrimonio histórico y arquitectónico. Mo obstante, ahora que la situación sobre las políticas que prevalecen en el sector carece de un rumbo claro, prefieren optar por el silencio a la espera de que se aclaren los nublados del día.

La remodelación del Gran Hotel Costa Rica fue una de las razones por las que el director William Monge fue removido de su puesto.

CONTRADICCIONES

Desde 2010 en adelante, las políticas patrimoniales hacen agua y la ley del 20 de octubre de 1995 y su posterior reglamento, lejos de haberse constituido en una solución, hoy son parte del problema.

Las empresas y los particulares podrían temer que se les declare un inmueble de interés histórico o patrimonial, porque eso implica en adelante una dependencia de la ley, la cual a su vez carece de incentivos.

En efecto, en el capítulo III de dicha ley, en el artículo 13 sobre Gastos deducibles, se estipula lo siguiente: “Serán gastos deducibles para los efectos del impuesto sobre la renta, las donaciones y las inversiones destinadas a los fines de esta ley, así como las mejoras que el propietario, poseedor o titular de derechos reales realice en un inmueble declarado de interés histórico-arquitectónico, siempre que hayan sido autorizadas previamente por el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes”.

El inciso K del artículo 22 de la ley 8114 de Simplificación y Eficiencia Tributaria, del 4 de julio de 2001, se trajo abajo esa disposición, por lo que el principal incentivo para quienes hoy poseen un inmueble de interés patrimonial desapareció. El único incentivo que prevalece es el relacionado con las declaratorias de bienes inmuebles municipales, para lo cual los edificios patrimoniales gozan de una exención de impuestos.

En 2014, cuando la situación del manejo del patrimonio ya se había convertido en un tema sin resolver, la entonces directora del Centro, Ileana Vives, afirmó en una amplia entrevista con este medio que ya no se le podían hacer más modificaciones a la ley 7555 y a su reglamento, y que, por lo tanto, lo que procedía era un nuevo texto.

Ante la pregunta de cuáles debían ser las claves de esa nueva propuesta jurídica, sostuvo: “Que responda a tres aspectos fundamentales: vigilancia, mantenimiento y sostenibilidad”.

En ese sentido, en la actualidad el Centro de Patrimonio desconoce cuál es el estado de los inmuebles con declaratoria patrimonial, lo que se explica por el hecho de que hoy por aquí salta una situación, mañana otra por allá y pasado mañana otra.

Un ejemplo concreto es lo que sucede con la única casa de bahareque de dos pisos de la cual tiene registro el país, y que se ubica en el distrito de San Gabriel de Aserrí.

En enero de 2018, ante una consulta de este redactor por dicho inmueble, así respondía el Centro de Patrimonio: “el pasado 5 de diciembre de 2017, un arquitecto y un ingeniero eléctrico de la Unidad de Patrimonio Histórico-Arquitectónico hicieron un monitoreo para diagnosticar la situación de la edificación. La valoración de los profesionales concluyó que la casa de bahareque presenta daños en su estructura y para poder obtener un resultado positivo en su conservación, es necesaria su intervención inmediata”.

Dicha casa había sido restaurada por el Centro de Patrimonio en 2005 con una inversión de ¢12 millones, y desde entonces permaneció inhabitada y sin uso. ¿Por qué hasta que cambió de propietarios se percataron del estado de la edificación?

Así como el citado, podrían incluirse numerosos casos si se hiciera un monitoreo uno por uno de los inmuebles que en su oportunidad el país consideró de interés patrimonial e histórico.

En una entrevista en 2017 con este medio, la ministra Durán había aceptado que el panorama del patrimonio declarado era crítico; sin embargo, a la fecha actual las políticas no hay variado.

“Hoy vemos cómo prácticamente todas nuestras edificaciones históricas tienen carencias estructurales. Tenemos, por ejemplo, sistemas eléctricos o de aguas obsoletos en iglesias, espacios públicos, establecimientos educativos y muchas de las 386 edificaciones declaradas”, dijo la Ministra.

De acuerdo con un comunicado del Centro de Patrimonio, con motivo del nombramiento de Meléndez, se infiere que la ley no es del todo una prioridad para la futura gestión:

“Asimismo, al finalizar la administración se pretende dejar una nueva propuesta de normativa, (sic) no solo a nivel de la legislación que será el corolario del proceso, sino de los instrumentos de ordenamiento con los que cuenta el país, un aspecto estratégico para mejorar la gestión del patrimonio construido”.

El crecimiento urbanístico en el centro de San José permite observar los contrastes en los edificios de una y otra época, como el caso de la Catedral y el Banco Popular

ATRASO EN RESTAURACIONES

Según el presupuesto general de cultura, el Centro de Patrimonio dispone de ¢10.739.292 millones para operar en 2018. Casi la totalidad de ese dinero se utiliza en el pago de empleados, porque la inversión en restauración es la que corresponde al concurso Salvemos Nuestro Patrimonio, que al día de hoy tiene algunos atrasos de las últimas tres versiones.

En 2016 ganó el certamen la Escuela Andrés Briceño Acevedo de Quebrada Honda de Nicoya; no obstante, al día de hoy las obras no se han concluido, dado que comenzaron en abril de 2018.

Para dicha obra se tenía previsto un presupuesto de ¢120 millones de inversión más los ¢12 millones que reciben el arquitecto y el grupo que realizará las labores.

La edificación fue declarada de interés patrimonial y arquitectónico el 30 de marzo de 2007.

En 2017 se escogió una antigua casa que requiere una amplia intervención por las malas condiciones en las que se encuentra, ubicada en la zona “americana” de Quepos, para lo cual contará con ¢120 millones de inversión y ¢12 millones para los arquitectos que presentaron la propuesta.

Durante 2018 el vencedor fue el mercado de Orotina, en el que invertirán ¢150 millones, más ¢15 millones para el grupo que hará la reconstrucción, pero tampoco hay noticias de que su restauración haya comenzado.

Aparte del concurso Salvemos Nuestro Patrimonio, el Centro no destina presupuesto para restaurar inmuebles, sino que lo que hace en algunos casos es aportar algún tipo de asesoría técnica.

De forma tal que, para restaurar inmuebles declarados, por ahora no existe otro mecanismo estatal, de ahí que para el resguardo de aquellos se debe recurrir a la acción de los dueños. Un ejemplo es el caso de la mal llamada Casa de Jesús Jiménez, en Cartago, en la que la Universidad Estatal a Distancia (UNED) invertirá ¢400 millones para su recuperación.

En las afueras de la vivienda hay una placa que asegura que ahí vivió el expresidente; no obstante, cuando la casa fue levantada en 1911, ya el exmandatario tenía 14 años de muerto. El error se extendió de tal forma que en la Asamblea Legislativa se aprobó el proyecto para declararla patrimonio nacional con base en ese yerro.

En 2017 se realizó la primera etapa y la restauración rondará los ¢400 millones. En este caso es la UNED la que realiza la restauración tras comprar por un valor simbólico la edificación, la cual fue traída de Italia tras el terremoto del 4 de mayo de 1910 que destruyó la ciudad de Cartago.

La futura adecuación del Teatro Nacional, para que responda a condiciones de seguridad actuales, ya despierta preocupaciones en el sector.

LO QUE NO SE VE

Aunque la fachada del Gran Hotel Costa Rica despertó posiciones encontradas entre los que defendían el nuevo diseño y los que solicitaban la aplicación de la ley 7555, lo cierto del caso es que lo que no se ve tiene aún más relevancia.

El caso del Gran Hotel Costa Rica no está cerrado, tendrá que dilucidarse en la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental, donde hay una denuncia de la Defensoría de los Habitantes en contra de los cambios que en su momento aprobó el Centro de Patrimonio.

Si la causa se pierde en definitiva en esa instancia, ese será un mensaje claro y contundente de lo que le espera al patrimonio costarricense en los próximos años.

Estos casos todavía están con expediente abierto y será uno de los retos que deberá enfrentar la nueva dirección del Centro, cuya principal novedad, según lo anunciado, es que contará con el apoyo de una comisión externa y ad honorem.

El tema del patrimonio se ha vuelto una piedra en el zapato para los distintos gobiernos, a tal punto que por lo general es noticia cuando botan un inmueble o este se cae por su propia cuenta. Por ese motivo, interesados en la preservación vienen anunciando desde el 2010 que “es urgente una nueva ley”, sin que esta se vislumbre, así como tampoco se ven soluciones reales sobre cómo gestiona el país su riqueza patrimonial y cultural.


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