Paralela a la pandemia del coronavirus, Costa Rica padece una silenciosa epidemia de demoliciones de casas e inmuebles con un valor patrimonial no declarado, que terminará por minar las huellas históricas y arquitectónicas de los antepasados.
La constatación la viene realizando desde hace cinco años un grupo de costarricenses agrupados en “Amantes de Casas Antiguas”, quienes a través de sus registros fotográficos alertan y dan cuenta sobre cómo hoy es demolida una casa en San José, mañana una en Heredia y pasado mañana otra en Cartago.
Mientras ello sucede, la Ley de Patrimonio Histórico Arquitectónico, conocida como la ley 7555, hace rato que fue relegada por la realidad y parece dormir el sueño de los justos.
El deterioro de la casa donde se ubicaba el Teatro Giratablas, en Los Yoses, es una muestra más de ese camino elegido por el país para destruir de manera sistemática inmuebles con un valor patrimonial por su arquitectura o su historia, o por ambos elementos.
La casa donde se ubicó el Giratablas era en realidad una casa gemela. Esta fue demolida y se levantó la que hoy está en total deterioro. La otra perteneció a Carlos Luis Bonilla De Vars, quien a su vez fuera yerno del Presidente de la República Carlos Durán Cartín (1889-1990), tras haberse casado con Dolores Durán.
“Ya antes de la pandemia habíamos constatado que las autoridades competentes, centro de Patrimonio y Conservación del Patrimonio Histórico y Arquitectónico, no realizaban el monitoreo necesario a los inmuebles declarados”, Max Espinoza.
Estas casas, de origen victoriano, llamaron en su momento la atención de Manuel Gómez Miralles —ese mítico fotógrafo que con su cámara hizo un registro extraordinario e irrepetible de la Costa Rica de mediados de siglo, y que dejó un archivo visual con una vocación museística—, en su momento se interesó por las dos edificaciones.
En 1924, Gómez Miralles captó la belleza de ambas casas y también hay instantáneas con miembros de las familias que ahí vivían. El valor de las fotografías de Gómez Miralles es hoy, al haberse destruido esas edificaciones, de un aporte extraordinario.
De acuerdo con Carlos Alberto Solórzano Granados, quien documenta de forma constante aspectos histórico arquitectónicos de la ciudad de San José, en la casa donde se ubicó el Giratablas ocurrió un accidente en el que una niña mató a otra con unas tijeras, lo que hizo que sus dueños abandonaran el lugar por razones obvias. Años después, ahí se instalaron los gestores del citado centro artístico.
El entorno que rodea a la casa ya en proceso de demolición muestra la tendencia de aquellos años, cuando se imponían tendencias arquitectónicas propias de la época, en este caso con rasgos victorianos.
En la edificación cercana estuvo por muchos años el Instituto Goethe. Este tipo de edificaciones carecen de una declaratoria patrimonial.
RAZONES DE LA OLA
La Ley 7555 fue promulgada en 1995 como una respuesta necesaria y urgente para intentar proteger lo que quedaba del patrimonio histórico arquitectónico. Sin embargo, conforme el texto avanzó en la Asamblea Legislativa, se fue desnaturalizando, a tal punto de que la versión final guardaba poca relación con la realidad del país en ese momento.
El principal escollo que desde entonces arrastra dicha ley es la falta de incentivos para los propietarios de los inmuebles con vocación patrimonial.
El único incentivo que conlleva un elemento práctico es que los municipios tienen la obligación de exonerar del pago del impuesto de bienes inmuebles a quienes tengan un espacio con esas características.
“Los inmuebles declarados de interés histórico-arquitectónico quedarán exentos del pago del impuesto sobre bienes inmuebles y del impuesto sobre construcciones suntuarias. El trámite de los permisos de construcción que, en cumplimiento de los objetivos de esta ley, se concedan estará exento del pago de cualquier timbre”.
El reto de los incentivos, como facilidades de préstamos del sistema bancario nacional para dar un mejor mantenimiento quedó relegado al papel y se convirtió en letra muerta.
“El Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes gestionará ante los bancos del Estado, el establecimiento de líneas de crédito para particulares o entidades, públicas y privadas, con el fin de financiar obras de conservación, restauración, mantenimiento y rehabilitación en bienes declarados de interés histórico-arquitectónico.
La citada ley contaba con el incentivo de deducir gastos del impuesto sobre la renta; no obstante, este fue derogado mediante la Ley 8114 de Simplificación y Eficiencia Tributaria del 4 de julio de 2001.
“Serán gastos deducibles para los efectos del impuesto sobre la renta, las donaciones y las inversiones destinadas a los fines de esta ley, así como las mejoras que el propietario, poseedor o titular de derechos reales realice en un inmueble declarado de interés histórico-arquitectónico, siempre que hayan sido autorizadas previamente por el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes”, rezaba en el apartado J del artículo 9.
De igual forma, las sanciones y multas tampoco son aplicables en la realidad, toda vez que de la noche a la mañana la edificación aparece demolida o destruida, sin que nadie corra con la responsabilidad.
“Será sancionado con prisión de uno a tres años quien dañe o destruya un inmueble declarado de interés histórico-arquitectónico”, dice la ley.
Hasta ahora, sin embargo, no ha habido noticias de que los responsables de las destrucciones hayan tenido que reparar los daños al Estado costarricense, pese a lo que establece el inciso d del artículo 21 referido a multas.
“También, será sancionado con multa de veinte a veinticinco veces el salario base, quien efectúe construcciones, reparaciones y cualquier otra clase de obras, en un bien declarado de interés histórico-arquitectónico, sin la autorización indicada en el inciso h”.
UNA VOZ EN EL DESIERTO
Max Espinoza, quien es uno de los gestores del grupo “Amantes de Casas Antiguas”, que se dedica a generar reportes de casas con valor patrimonial, expresó que la Ley 7755 es hoy “letra muerta” y que está “totalmente relegada”.
“Hoy la Ley 7555 es un cascarón. A nivel patrimonial no le aporta nada a nadie que quiera mantener un bien. No exonera de nada. No apoya en nada. Es prácticamente una ley muerta. Debería reactivarse un nuevo proyecto para la reactivación, pero se vino el COVID-19, y no es el momento para hacerlo. Entonces, la situación es grave”.
Ante ello, él y sus compañeros optaron por dejar al menos un registro gráfico de las mejores edificaciones que encuentran a lo largo del país. Muchas de ellas, reconoce con tristeza, hoy son fotografiadas y en plazos cortos se topan con la noticia de que fueron demolidas por sus propietarios.
“Preocupados por el patrimonio y más con las limitaciones que se vienen en el ámbito de cultura. El tema del patrimonio ha venido a menos, en el olvido, en desuso, sin tener mayor importancia para el país”, dijo.
Para Espinoza, en la actualidad, el asunto del patrimonio ha sido relegado a un segundo o tercer plano, mientras la ola de demoliciones avanza de manera silenciosa, sin que la sociedad tenga elementos para detenerla.
“Ya antes de la pandemia habíamos constatado que las autoridades competentes, centro de Patrimonio y Conservación del Patrimonio Histórico y Arquitectónico, no realizaban el monitoreo necesario a los inmuebles declarados. Sé que hay una amplia lista de espera para declaraciones patrimoniales. Imagínese lo que se vendrá en el corto y mediano plazo”, puntualizó Espinoza.
Este entusiasta y amante del patrimonio manifestó que, ante lo que se avecina, el grupo que él conforma se ha propuesto el objetivo de continuar, hoy más que nunca, registrando aquellos bienes que tienen un valor patrimonial, aunque incluso no hayan sido declarados.
“Esta actividad que hacemos nosotros debería de ser el trabajo de los entes competentes. Yo no estoy diciendo que mantengan todas las edificaciones, porque sabemos que es algo imposible, existiendo una ley, pero debería el país contar con un registro mayor de edificaciones valiosas. Es lo que nosotros tratamos de hacer de manera artesanal y por puro anhelo de ayudar y contribuir con la conservación de nuestro querido y amado patrimonio”.
OTRA JOYA PERDIDA
La icónica casa del doctor Sotela y Tatiana González, a pocos metros de la del Giratablas, en el Barrio González Lahman, hace poco también fue demolida y abre un vacío en este espacio josefino.
Construida en madera y, de nuevo, con influencia victoriana, esta edificación se perdió y pasó a engrosar el amplio número de inmuebles destruidos en el país.
Hay que recordar que después de 1950, Costa Rica experimentó un cambio sustancial en la ciudad de San José que propició la desaparición de decenas de casas y edificaciones con vocación patrimonial.
En su lugar, ello dio paso a una tendencia en la que las edificaciones de cemento proliferaron por todo el casco urbano, sin responder a un patrón claramente definido.
Además de la casa del doctor Sotela, en fecha reciente fueron destruidas tres casas en Barrio Amón que tenían la característica de ser un conjunto por estar unidas.
Las “Casas de las Madriz”, como eran conocidas, hoy son parte de la historia destruida. En una de esas construcciones vivió Abraham Madriz, quien en su época (nació en 1867) fue un cafetalero perteneciente a la burguesía josefina.
PARÉNTESIS DE ESPERANZA
Como informara el Semanario UNIVERSIDAD en junio de 2020, en Aserrí hay un sector de Cinco Esquinas, a tan solo 500 metros hacia el sur del centro del cantón, en el que los dueños de casas con valor patrimonial y construidas con influencia del estilo victoriano optaron por darles mantenimiento e incluso realzarles su belleza.
De un grupo de cinco casas que se mantienen en buen estado y por esfuerzo de sus propietarios, se destaca la de la familia Hidalgo Mora, la cual fue construida en 1942 y perteneció a don Manuel Hidalgo Mora, quien fuera un personaje histórico de Aserrí, al ser, entre otros méritos, el primer presidente municipal que tuvo el cantón.
La casa —de color azul— se ubica exactamente en la cuarta esquina y actualmente sigue perteneciendo a la familia Hidalgo, después de que Marianne Hidalgo la recibiera como parte de su herencia.
Todas las casas de este sector tenían como denominador común la influencia victoriana, siempre con aplicaciones adaptadas al medio costarricense.
En medio de esas joyas, se encuentra la de Mayela Chacón y Luis Mora Castro, quienes contaron a este medio que su casa data de 1905.
“Perteneció originalmente a Rafael Chaves Chaves, posteriormente la heredó Delia Abarca Chaves, que a su vez era abuela de mi señora esposa, Mayela Chacón. Así fue como llegó a nosotros”, dijo Mora.
Con una ley que fue despojada de los principales incentivos para la conservación y en un país en el que todavía lo patrimonial no ha calado en la conciencia de sus ciudadanos, el patrimonio histórico arquitectónico pende de un hilo, mientras una ola silenciosa de demoliciones lo va carcomiendo por todo el territorio nacional.
EN EL LIMBO
El análisis de la necesidad de un nuevo texto que regule qué hacer con las edificaciones de valor patrimonial y arquitectónico está en discusión desde hace varios años. En marzo de 2012 los entonces legisladores, Juan Carlos Mendoza, José Roberto Rodríguez, Gloria Bejarano, Martín Monestel y José Joaquín Porras, presentaron un proyecto que pretendía incluir varias modificaciones a la Ley 7555.
El expediente número 18.415 denominado “Reforma Parcial de la ley de Patrimonio Histórico Arquitectónico” pasó por varias fases en el Congreso.
En ese entonces, Mendoza y compañeros buscaban involucrar a la empresa privada para que apoyara de manera fuerte la conservación patrimonial, al ofrecerle descontar del impuesto sobre la renta las donaciones.
Los gestores pretendían que los bancos estatales concedieran facilidades a los dueños de inmuebles patrimoniales para que accedieran a créditos para mantenimiento y conservación.
La idea de crear un fideicomiso por parte del Ministerio de Cultura para que apoyara el ámbito de patrimonio histórico y arquitectónico, se quedó en una aspiración.
Ello por cuanto la Comisión Especial de Ciencia, Tecnología y Educación, después de consultar a diferentes entes como el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos), versión Costa Rica, al Instituto Costarricense de Turismo, al Ministerio de Hacienda y a la Defensoría de los Habitantes, determinó que el proyecto era inviable.
El punto que no logró soslayar la comisión fue qué ente debería manejar el fideicomiso que plantea crear el proyecto de ley.
Posteriormente, vino la gestión del Ministro de Cultura, Manuel Obregón, que al final del periodo mostró interés por impulsar un cambio en la legislación, sin que de nuevo alcanzara los objetivos propuestos.
Mientras la sociedad costarricense todavía no determina los mecanismos para preservar su patrimonio y dependa de una ley insuficiente, las lamentaciones por la pérdida de bienes con un valor histórico y arquitectónico seguirán a la orden del día, en una ola silenciosa que no cesa.
