El trabajo en Costa Rica se precariza: las personas trabajadoras alcanzaron niveles históricos de productividad en el 2022, pero sus salarios reales también cayeron como nunca antes. Este fenómeno que ya alcanzó ya a 19 de 20 actividades económicas en el país lo ha vivido de forma sostenida el sector artístico los últimos 17 años.
Una investigación publicada por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y realizada por la Academia de Centroamérica reveló el creciente desajuste entre la productividad laboral y el incremento salarial en el país entre el 2005 y el 2022.
El sector denominado “Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas” es la segunda actividad económica con mayor “desacoplamiento”, después de la categoría “Otras actividades de servicios”, con un incremento anual de la productividad del 4,1% y una reducción de la mediana salarial de -2%.
“El IVA por la venta de servicios prácticamente lo hemos tenido que asumir porque no nos pagan más por las funciones, la carga se hace muy fuerte y eso hace que cada vez menos podamos hacer temporadas en teatros, porque finalmente las terminamos financiando nosotros mismos”, Gladys Alzate.
El aspecto con menor impacto en este sector es la desigualdad salarial que se reporta de -0,9% cada año, es decir, la mala situación salarial parece ser generalizada en el sector y esto podría estar impactando la expulsión de las personas trabajadoras ya que también se reporta una importante caída en la participación laboral del -3,2% anual.
Personas trabajadoras del sector consultadas por UNIVERSIDAD indicaron que el endurecimiento de las políticas de contratación pública que impulsan la concentración de contratos en pocas manos, costos adicionales impuestos por los nuevos procesos de contratación, la eliminación de la figura de coproducción con el Estado, la creciente oferta gratuita de espectáculos y cada vez mayor negativa al pago justo por servicios artísticos desde el sector privado son algunos de los aspectos que más los han golpeado.
Previo al grave impacto que sufrió el sector por el confinamiento en la pandemia, este aportó un 2,1% al PIB en el 2019 y daba trabajo a alrededor de 45 mil personas, según los últimos datos del Banco Central de Costa Rica para la Cuenta Satélite de Cultura.
Sin embargo, estos datos no han sido actualizados adecuadamente desde entonces, al tiempo que quienes se dedican al arte reportan cada vez mayor informalidad laboral.
Requisitos costosos
La directora de teatro Gladys Alzate reconoció de entrada un “tremendo desfase” entre la exigencia del trabajo artístico —en particular el independiente— con la realidad, que asegura atienden con pasión, pero que no deja de ser abusivo y que ha impactado gravemente la oferta de obras teatrales en el país.
“Es realmente un momento a nivel económico muy crítico para el sector y hay falta de un liderazgo que lo visualice. En el país tampoco se vislumbra una solución”.
Alzate explicó que, por ejemplo, no hay diferenciación en el pago de impuestos que se cobra a las salas de menos de 200-300 personas, es decir, que se cobra de igual manera a grandes espectáculos públicos que a las pequeñas producciones independientes.
“El IVA por la venta de servicios prácticamente lo hemos tenido que asumir porque no nos pagan más por las funciones, la carga se hace muy fuerte y eso hace que cada vez menos podamos hacer temporadas en teatros, porque finalmente las terminamos financiando nosotros mismos. La taquilla apenas da como para cubrir alguna parte de los gastos y lo que queda no reconoce los años de inversión de trabajo que le dedicamos a cualquier proceso artístico”, lamentó Alzate.
Además, nuevos requisitos en la contratación de servicios artísticos por parte del Estado suman costos administrativos para las personas artistas, explicó la dramaturga, para igual o menor reconocimiento económico lo que ha provocado una tendencia de concentración en los oferentes, ya que son pocos los que pueden cumplir los onerosas demandas de los concursos.
Eliminación de convenios
Carolina Valenzuela, experimentada bailarina y productora de danza contemporánea de la Universidad de Costa Rica, dijo que en años recientes la precarización laboral se ha profundizado rápidamente y culpa, principalmente, a la Ley de Contratación Administrativa impulsada por el gobierno de Carlos Alvarado.
Esta ley empezó a regir en diciembre del 2022 y se promovió como una herramienta para regular la compra de bienes y servicios por parte del Estado, sin embargo, el sector artístico parece reclamar que los rígidos y costosos requisitos cada vez son más excluyentes.
“No se pudieron volver a hacer convenios con los teatros, el Teatro de la Danza es cada vez menos accesible a los bailarines y grupos independientes, ahora hay que alquilarlo y si lo hacemos no damos abasto porque es caro. Las compañías del Estado han logrado hacerlo porque ya tienen una enorme subvención, pero nosotros no podemos darnos el lujo de bailar gratuitamente, los artistas también tienen que comer”, contó Valenzuela.
Oferta gratuita
Tras la pandemia, competir con espectáculos gratuitos del Estado ha dificultado convencer al público a pagar por un tiquete, lamentó Valenzuela, quien considera que poner los ojos en ofertas más atractivas como el teatro musical podría dar un respiro al sector en el futuro.
Esta oferta gratuita es más agresiva en el sector musical, comentó la cantante Amanda Quesada, quien tras años de dedicarse parcialmente al arte decidió estudiar otra carrera y dice que otros colegas se enfocan en dar clases.
“Después de la pandemia me separé un poco de la actividad privada, porque la gente no quiere reconocer el valor del trabajo, es muy precaria la situación. Mucha gente lo quiere hacer gratis, muchas veces cuando me solicitan cotizaciones lo bajo lo más que puedo para no salir perdiendo y ni así. Ahora canto más en actividades sociales sin pensar en lo lucrativo y ahí donó un poco de mi arte”, relató Quesada.
En el sector literario, las personas autoras con frecuencia de previo asumen que no recibirán ingresos de sus textos llegando a renunciar por sus pequeñas ganancias porque son menores que los costos que implica facturar, contó Oscar Castillo de la editorial independiente Uruk Editores.
“El pago de derechos de autor, la retribución hoy en día es mejor que hace 15 o 20 años, aunque no viven de esto ni esperan una retribución muy alta, lo aprecian y como no se dedican a esto a veces dicen que no cobra, prefieren no enredarse porque tienen que inscribirse en Hacienda y pagar el IVA”, explicó.
Castillo indicó que las personas autoras reciben el 20% del precio de venta al público de los libros y que, aunque tiene la impresión de que el panorama mejora en el sector y que más personas leen, se sigue viendo algún nivel de precarización en, por ejemplo, que “algunas editoriales no lo pagan en efectivo, sino con libros”.
Un libro muy exitoso en Costa Rica, considera Castillo, podría significar la venta de 1.000 ejemplares y si este sale en ₡10 mil el autor recibiría un millón de colones “que en un año no le alcanza ni para 90 mil al mes y lo normal es que se vendan 300 o 500”, por lo que esta actividad, al igual que otras del sector, siguen estando lejos de ser una fuente de ingresos significativa para quienes se dedican a ellas.
