Después de comprobar que la legislación actual sobre la conservación del patrimonio histórico y arquitectónico resultó superada por la realidad que vive Costa Rica, un grupo de ciudadanos entregó a diputados de diferentes corrientes políticas un nuevo texto, con la esperanza de que se convierta en la solución que tanto anhelan diferentes sectores.
Patrimonio Arquitectónico Vivo (PAV) es la agrupación que estructuró el proyecto, con la participación de representantes de distintas procedencias culturales, entre ellos de Casas Antiguas de Costa Rica, en la persona de Max Espinoza, quien en la entrevista actúa como vocero.
PAV es una asociación sin fines de lucro conformada por arquitectos, historiadores y profesionales de otras áreas, algunos incluso ya tienen experiencias en grupos afines al patrimonio como Icomos, aunque su participación en este colectivo es a título personal.
“La preservación del inmueble no solo se limita a su permanencia en el tiempo como un objeto inerte, sino que pueda adaptarse y transformarse en un elemento generador de seguridad ciudadana, accesibilidad universal, educación y beneficio económico a partir de la adaptabilidad para realizar actividades comerciales, de servicios y socioculturales que promuevan la reactivación económica de sectores urbanos deteriorados, el turismo cultural y espacios de amenidad adecuados”.
Con el fin de tener un panorama de la suerte que podría correr esta iniciativa, en un contexto nacional en el que la cultura no ocupa precisamente el primer lugar entre las preocupaciones del actual gobierno y en el que la conservación del patrimonio histórico y arquitectónico ha sido un tema reiterado por parte de sectores interesados en mantener lo valioso que aún queda, es que se consultó a Espinoza.
Antes hay que puntualizar que la actual Ley de Patrimonio fue aprobada en octubre de 1995, pero una de las vías de quienes tienen este tipo de propiedades es destruirlas para levantar en su lugar otras edificaciones, sin que la penalización haya alcanzado a ser un elemento disuasivo frente ese tipo de conductas.
De la fecha de aprobación de la ley al presente, no hay registrado un solo caso en que un ciudadano o una empresa costarricenses hayan sido condenados por irrespetar la Ley de Patrimonio, mientras la desaparición de casas, edificios y otras manifestaciones de valor histórico y patrimonial no ha cesado y son incluso numerosos los ejemplos al respecto.
Ante este panorama, que se puede vislumbrar en este periódico en diferentes reportajes, desde hace ya dos décadas se habla de la necesidad de una nueva ley o en su defecto de una fuerte reforma a la actual. Ni un camino ni el otro ha prevalecido. Algunas iniciativas que han llegado al Congreso duermen hoy el sueño de los justos en los archivos.
Mientras todo ello sucede, edificaciones declaradas han ido desapareciendo, sea porque se quemaron, como pasó con el templo de Copey de Dota, o el Black Star Line en Limón, o como ha sucedido también, el inmueble se cae por falta de mantenimiento, o en una noche alguien metió tractores y lo botó, sin que existan contrapesos que eviten dichas prácticas.
El panorama es tal que existen numerosos bienes declarados patrimonio histórico o arquitectónico que llevan años sin ser monitoreados, dadas las escasas posibilidades presupuestarias que al respecto tiene el ente rector en este campo.
La mayoría de las situaciones adversas que vive el patrimonio nacional se dan en el Gran Área Metropolitana, por la sencilla razón de que lo que está fuera de ella se contempla poco y esto hace que el cuidado de las edificaciones quede a criterio del dueño.
En Aserrí se da un caso excepcional con una franja de casas con influencias de arquitectura victoriana, que están ubicadas en el centro, y que han sido cuidadas con esmero por sus propietarios por iniciativa personal.
Es en este contexto en el que ahora PAV intenta romper las fronteras y lograr que el proyecto no solo sea acogido, sino que tenga los respaldos suficientes para que se convirtiera en ley.
Sobre las interrogantes que se abren respecto, Espinoza respondió una serie de consultas a UNIVERSIDAD.
Su grupo PAV ha venido trabajando en una propuesta para una nueva ley sobre patrimonio, pero en el contexto político en que está el país, ¿qué viabilidad le ve a que el proyecto sea acogido y respaldado en el Congreso?
—La acogida ha sido buena y prometedora por parte de una bancada y un diputado oficialista, y eso que no lo hemos promovido a todos aún. Mucho mejor que en la administración anterior.
Desde que se aprobó en 1995 la Ley 7555 sobre patrimonio, se dijo que tenía muchas debilidades, entre ellas, el que no daba ningún tipo de incentivo a los dueños de inmuebles patrimoniales. ¿Qué cambia en este sentido la propuesta actual?
—La ley anterior tenía incentivos, pero los fue perdiendo. Más que incentivos, lo importante es darle valor al bien y que se logra con este proyecto.
Además de los incentivos, el patrimonio pasa por un asunto de educación, que no se previó en la ley vigente. ¿Sobre este particular hacia dónde se apunta?
—Es correcto, se promueve educación e inclusión en carreras afines en los distintos niveles, tanto escolares como universitarios.
En el borrador del proyecto, se planteaba una conformación de la Comisión de Patrimonio un tanto distinta a la actual, ¿cuál es el objetivo concreto en este particular?
—La Comisión busca mayor representatividad y un papel más protagónico del director del Centro de Patrimonio.
De acuerdo con los seguimientos que han hecho como grupo, ¿cuánto patrimonio declarado y no declarado hemos perdido en la última década, a modo de un número ilustrativo?
—No se han estimado las pérdidas a nivel de cantidades, pero sí se han perdido edificaciones sumamente valiosas en la GAM. En zonas rurales es más difícil precisarlo.
Hubo un momento en que se dio una especie de fiebre de declaratorias, pero sin respaldo ni seguimiento en el nuevo texto legislativo, ¿este aspecto está contemplado en que debe haber mayor rigurosidad?
—El seguimiento y control es fundamental, el Centro de Patrimonio ha tenido deficiencias en ese aspecto, aunque la misma ley actual es clara, pero ahora se buscará normalizarlo de una mejor forma.
“Se propone un nuevo Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Arquitectónico, cuya acción sustantiva será la aplicación, fiscalización y asesoría a los usuarios e instituciones sobre los alcances de esta normativa. Se busca con ello la especialización y selección rigurosa de los funcionarios que laboran en este centro, de manera que puedan, mediante criterios de experiencia y conocimiento profesional, generar acciones de protección al patrimonio arquitectónico”.
Hoy el edificio de cine más emblemático, por lo que representa y la historia que guarda, como es el Variedades, está en un estado de indefinición administrativa, sin que se sepa a ciencia cierta cómo está el inmueble: ¿esto es una muestra inequívoca de lo mal que se ha gestionado el patrimonio en Costa Rica?
—El antiguo Teatro Variedades es uno de los edificios más emblemáticos de la capital, no
es el único. El estado de indefensión administrativa a que se refiere responde a una pésima gestión realizada por las anteriores administraciones, en especial las de Luis Guillermo Solís y Carlos Alvarado, en donde se le asignó el desarrollo de este proyecto a una oficina ejecutora de proyectos dirigida por profesionales inexpertos, que desconocen totalmente la teoría de restauración, al tiempo que la asesoría de la Dirección del Centro de Patrimonio en este caso fue deficiente y enfocada en buscar quedar bien con las autoridades ministeriales, por encima del rescate y puesta en valor de un edificio patrimonial emblemático.
Se dio un despilfarro de recursos económicos, profesionales y logísticos, que al final no generaron ningún fruto, estando el edificio en iguales o peores condiciones que al momento de su compra. Es un claro ejemplo de la inoperancia y falta de norte en que ha estado sometido el Centro de Patrimonio desde hace muchos años y que esperamos subsanar con un nuevo marco legal.
¿Las universidades estatales, especialmente la UCR y UNA, deberían implicarse más en la conservación del patrimonio a partir de la reflexión y la educación?
—La nueva propuesta de ley de patrimonio incluye la inclusión de la temática patrimonial en la currícula de la educación primaria, secundaria y superior. Tema actualmente excluido de los contenidos educativos en todos los niveles.
Con el corazón en la mano, ¿ve algún futuro al proyecto presentado ya a algunos despachos legislativos para que entre a la corriente del Congreso y pueda en un plazo no indefinido conocerse en plenario?
—Existe una gran expectativa y motivación al respecto, pero en Costa Rica un proyecto de ley no tiene seguridad de implementarse, porque se polarizan posiciones y se crean intereses. Igual sabemos que lo que ingresa en la Asamblea no siempre sale con el mismo énfasis e intención, en revisiones se somete a muchos cambios.
La acogida en el Congreso ha sido buena, incluso ya se dio el paso de que contemos con apoyo profesional desde adentro, lo que no se pudo alcanzar en la administración anterior.
Aunque esta nueva ley fomentaría los incentivos que se eliminaron de la ley actual, también se piensa que el bien se pueda adaptar y transformar, respetando todas las pautas históricas y arquitectónicas, de modo que pueda tener un uso en la actualidad.
Lo que se busca es que el bien no sea una pieza de museo, sino que se pueda potenciar debido a su importancia arquitectónica e histórica.
Existe la posibilidad, con el proyecto, que el bien se valore mejor, porque los bancos, por ejemplo, no le dan ningún valor por desconocimiento. En el ámbito internacional existen formas de valorar un bien antiguo, aquí no se ha adoptado ninguna metodología.
¿Busca el nuevo texto un rol distinto para el Centro de Patrimonio?
—Esto es muy importante. Buscamos una mayor profesionalización, porque hacer una nueva ley y dejar el Centro de Patrimonio tal cual está es no hacer nada, sinceramente. Entonces, se promueve que el Centro tenga más personas especializadas en el tema. Pretendemos que personas con un gran conocimiento sean las que conformen Patrimonio y que tengan una constante actualización.
¿En el nuevo texto se contempla la posibilidad de que se puedan segregar los terrenos que tienen un bien patrimonial?
—Sí, está contemplado. A veces un terreno no se puede segregar porque tiene un bien patrimonial, sin considerar, por ejemplo, su tamaño. Así, toda la propiedad queda congelada y esto genera inconvenientes y la gente se indispone.
¿Entiendo que se enfatiza en abrir opciones de financiación para los bienes patrimoniales?
—Sí, así es. Hoy usted va a un banco y dice que quiere restaurar un bien patrimonial y no le prestan porque se determina que el bien no tiene valor.
¿Hay muchos monumentos en el país que hoy están al margen, qué pasará con ellos?
—En efecto, hay muchos monumentos que no están contemplados, pero que en la nueva ley se podrían incluir como bienes de acompañamiento. Por ejemplo, si se declara un templo, el monumento, si lo hubiese cercano a ese templo, quedaría protegido.
