Palmares se opone a declaratorias patrimoniales de su iglesia y parque

La Iglesia católica reconoce que no le interesa el que declaren patrimonio al templo de la Basílica de Nuestra Señora de las Mercedes, mientras que un sector del concejo municipal adversa igual posibilidad para el parque Simón Ruiz.

En Palmares, no quieren que el templo católico de la Basílica de Nuestra Señora de las Mercedes ni el parque Simón Ruiz sean declarados de interés histórico y arquitectónico, por lo que existe, tanto por parte del municipio como por la Iglesia, una oposición a ambas posibilidades.

El templo de Palmares fue construido en sillería de piedra, una técnica que requiere mucha técnica. Fue terminada en 1914. (Foto: Internet).

En el caso del parque, la oficina de gestión cultural del municipio propuso, en 2017, que se declarara el quiosco, pero posteriormente el Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural consideró que lo procedente era que el parque al completo contara con dicha declaratoria, a lo que se oponen un sector del ayuntamiento, por considerar que ello limitaría las obras del municipio.

Luis Ángel Hernández, vocero de la diócesis de Alajuela, reconoció a UNIVERSIDAD que, en efecto, un sector de la feligresía así como las propias autoridades de la Iglesia se oponen a que el templo sea declarado patrimonio histórico.

‘‘Hay una oposición de parte nuestra por todas las implicaciones que ello conlleva con el paso del tiempo. En el pueblo hay todo un movimiento para que no se realice esa declaratoria”. Luis Ángel Hernández vocero de la arquidiócesis de Alajuela

La desinformación que existe en torno a la ley 7555, que es la que regula las declaratorias, así como la falta de incentivos de ese mismo texto para los propietarios de inmuebles, han hecho que en Palmares y en otros sitios del país surjan iniciativas en contra de que un bien sea declarado patrimonio.

En relación con el parque Simón Ruiz, el ayuntamiento solicitó al Centro de Patrimonio una aclaración al respecto, porque ello varía la perspectiva que en un principio manejó la oficina de gestión cultural.

Uno de los regidores que de inmediato pegó el grito al cielo sobre la posible declaratoria del parque fue Luis Carlos Araya Monge.

La oposición a las declaratorias, en Palmares, llevó a un grupo de ciudadanos, el pasado 31 de agosto, a solicitarle una entrevista a la Ministra de Cultura, Silvie Durán, para que representantes de la comunidad y de la política local le expresaran su preocupación sobre el tema.

A la cita del 31 de agosto asistieron Araya, acompañado del diputado Erwen Masís, así como el presidente del Concejo Municipal de Palmares, Ramón Cordero, y los sacerdotes Daniel Vargas y Giovanni Castillo.

Ni la Iglesia, en el caso del templo de la Basílica de Nuestra Señora de las Mercedes, ni el propio municipio, pese a que la idea surgió por parte del gestor cultural de ese ayuntamiento, Fabián Madrigal, están de acuerdo en las declaratorias patrimoniales.

En Palmares fueron declarados el mercado municipal y el almacén de suministros de la cooperativa, lo que en su oportunidad tampoco dejó satisfechos a los pobladores del cantón número siete de la provincia de Alajuela.

Araya expresó, públicamente, que el proceder del Ministerio de Cultura era a “espaldas de los palmareños”. Incluso, tras la cita con Durán, manifestó sus dudas sobre lo que podrá suceder.

“Las conversaciones continuarán en Palmares, pero si no se da una fuerte presión de los ciudadanos, continuarán declarando patrimonio cuanta ocurrencia se les presente, como el caso del mercado que sin tener ningún valor arquitectónico y mucho menos histórico, lo declararon, según se comenta, más cargado por argumentos políticos e intereses comerciales, que por su valor histórico”, expresó Araya Monge.

El parque Simón Ruiz data del 7 de mayo de 1935, oportunidad en que fue inaugurado y correspondió a un aporte del gobierno de Ricardo Jiménez Oreamuno. Se trata de un diseño realizado por José María Barrantes, entonces funcionario de la Secretaría de Fomento, y uno de los creadores más destacados de la primera mitad del siglo XX en el país.

De acuerdo con Carlos Zamora, del Centro de Patrimonio, en su libro El valle de los palmeros, el quiosco es una estructura de corte “octogonal, en concreto armado y posee cuatro accesos provistos de escalinatas con maceteros al inicio del barandal. Presenta ocho columnas en cuyos remates se ubica el entablamento con decoraciones realizadas basándose en molduras en relieve de copones, guirnaldas y perfiles que representan rostros humanos, posiblemente de compositores musicales. La cubierta tiene forma de cúpula y en el centro de ésta sobresale otra pequeña cúpula a manera de cupilina”.

El nombre del parque data de 1994 y responde a un homenaje a la perseverancia para que la obra se realizara por parte de don Simón Ruiz Elizondo.

La iniciativa de la oficina de gestión cultural del municipio de Palmares perseguía que el quiosco fuera declarado patrimonio, pero al haber interés de que sea el parque por parte de las autoridades estatales, la situación ha creado criterios encontrados. (Foto: Internet).

Un nuevo intento

Hernández, en su condición de vocero de la arquidiócesis de Alajuela, ante una consulta de este medio, explicó que, en efecto, el Centro de Patrimonio hizo de nuevo un intento por declarar al templo de interés histórico y patrimonial, a lo que hay oposición tanto de las autoridades eclesiásticas como de la propia comunidad.

“Hay una oposición de parte nuestra por todas las implicaciones que ello conlleva con el paso del tiempo. En el pueblo hay todo un movimiento para que no se realice esa declaratoria”, afirmó Hernández.

Aunque en un principio se hablaba de que existía interés en que dos templos más de la diócesis de Alajuela fueran declarados patrimonio, Hernández fue enfático al decir que, por ahora, la única notificación que han recibido es la relacionada con Palmares.

En el país, el único ente que puede declarar un bien inmueble de interés histórico arquitectónico es el Estado. El artículo 3 de la ley establece: “El Estado tiene el deber de conservar el patrimonio histórico arquitectónico del país. El Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes es la máxima autoridad en la materia y brindará la asesoría necesaria a los propietarios, poseedores o titulares de derechos reales sobre los bienes que forman ese patrimonio, para que se cumplan los fines de la presente ley”.

El inciso H, del artículo 9, es quizá el que mayores oposiciones ha desatado, puesto que los propietarios, a quienes por la misma ley les compete velar por el buen estado del inmueble, encuentran que este es un punto divergente.

“Recabar la autorización del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes antes de reparar, construir, restaurar, rehabilitar o ejecutar cualquier otra clase de obras que afecten las edificaciones o su aspecto”.

La primera piedra del templo de Palmares se puso en julio de 1894 y fue concluido en 1914, y tiene la particularidad de que fue edificado con sillería de piedra, lo que conllevaba un alto valor técnico para su creación.

La Iglesia católica es el ente que más bienes patrimoniales tiene en Costa Rica y para darles mantenimiento cuenta con la Ley 7266 del 11 de noviembre de 1991, creada entonces como respuesta a lo sucedido con el sismo de Limón en 1991. Fue tramitada en el gobierno de Rafael Ángel Calderón Fournier y consta solo de seis artículos más un reglamento.

Para el uso de los dineros captados por medio de donaciones, que a su vez se le descuentan a las empresas del impuesto sobre la renta, fue creada la Fundación para la Restauración de la Catedral Metropolitana y otros Monumentos y Templos Católicos.

Esta Fundación captó entre los años 2016, 2017 y 2018 el monto de ¢975.256,88 y en ese mismo lapso invirtió un total de ¢1.542.837,99, según datos de dicha entidad, y de acuerdo con el presbítero Germán Rodríguez, quien es su presidente.

El mecanismo de operación es el siguiente: las empresas que invierten en la restauración de templos que están a nombre de las Temporalidades de la Iglesia Católica consiguen a su vez que esos montos se les descuenten del impuesto sobre la renta.

La Fundación se queda con el 10 por ciento de los dineros recaudados, de acuerdo con las facultades que le otorga la ley, y ese dinero es invertido en la restauración de pequeños templos en diferentes partes del país, como detalló Rodríguez en su oportunidad a UNIVERSIDAD.

Pese a que conocen con exactitud cómo funciona la ley 7555, que data del 20 de octubre 1995, cuando se publicó en La Gaceta, y que está considerada por expertos y aficionados a la conservación del patrimonio como una ley desfasada, la Iglesia católica no quiere que en Palmares el templo de la Basílica de Nuestra Señora de las Mercedes le sea declarada.

La pugna data desde el 2009, oportunidad en que se dio un cruce de dimes y diretes, dado que en esa ocasión se estaban reparando las torres, y el Centro de Patrimonio consideraba que no se estaban respetando elementos originales de la estructura.

La oposición se da, también, pese a que la Fundación tiene una gran experiencia en el manejo de bienes inmuebles, tanto patrimoniales como otros de un gran valor que todavía no han recibido ninguna declaratoria.

Así por ejemplo, en este 2019 la Fundación realiza una inversión de ¢500 millones en la restauración de la Catedral de Cartago.

A lo largo de sus 28 años de existencia, la Fundación ha restaurado 500 templos a lo largo de la geografía nacional.

Un dilema

En relación con las reticencias que surgen sobre las declaratorias patrimoniales por parte de los dueños, conviene una mirada al caso de la iglesia Santiago Apóstol de Puriscal, el cual es emblemático y excepcional.

Luego de la ola sísmica que afectó a este cantón en los años noventa, el templo resultó muy dañado, al punto de que en un momento dado el Ministerio de Salud emitió una orden sanitaria para que se procediera a su demolición. No obstante, mientras se efectuaba el trámite, el Centro intervino y declaró el templo de interés patrimonial. Esto se verificó en La Gaceta del 3 de agosto de 2012.

Para solo intentar la estabilización del templo se requieren entre $3 y $18 millones. Temporalidades de la Iglesia católica ha sido clara al asegurar que no cuenta con los recursos para realizar una inversión de esa magnitud, entre tanto, el Estado tampoco cuenta con el dinero suficiente para recuperar el inmueble.

Mientras discurren los nublados del día, la Iglesia cerró con una malla perimetral el templo, con el fin de que curiosos no ingresasen al inmueble y pudieran sufrir un percance.

Siete años después de que se evitara la demolición no se vislumbra ninguna posibilidad de que se recupere y tampoco se puede emplear como un elemento turístico porque en la actualidad se desconoce la condición general de la estructura, toda vez que los estudios daten de más de diez años.

Por ejemplos como el anterior y por el desconocimiento que hay en general respecto a la ley y su reglamento, es que comunidades y dueños particulares procuran evitar que su inmueble sea declarado de interés patrimonial, al quedar atrapados en medio de una situación en la que, por otra parte, faltan incentivos para los propietarios de bienes declarados.

Palmares, por lo que avisa la Iglesia católica y un sector del concejo municipal, se apresta a efectuar una férrea oposición para que ningún edificio les sea declarado con base en la ley 7555 de patrimonio, porque consideran que lejos de ser una ventaja constituye una limitación por los parámetros a que los somete el texto jurídico.


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