País avanza con recelo en derechos LGTBI

La identidad de género, el matrimonio igualitario y la transición segura de cambio de sexo, fueron algunos de los derechos humanos examinados en la primera sesión de las Tertulias del Farolito, que este año se dedica a “La promesa de derechos humanos de los grupos históricamente vulnerabilizados”.
El ciclo de cinco tertulias auspiciado por el Centro Cultural de España (CCE) en El Farolito, ubicado en Barrio Escalante, es coordinado por Agustín Gutiérrez Carro, con la colaboración de Gaby Arguedas, con el propósito de someter a discusión la insatisfacción estructural de los derechos humanos en nuestro país de las poblaciones LGTBI, migrantes, penitenciarias y de mujeres.
La tertulia “Derechos Humanos y Diversidad Sexual”, llevada a cabo el pasado martes 27 de setiembre, arrancó con el cuestionamiento de las razones y motivaciones personales y políticas por las que luchan las personas LGTBI, entre otros enunciados problematizadores.
Los invitados a la mesa fueron Ana Helena Chacón, Vicepresidenta de la República, Montserrat Solano, Defensora de los Habitantes, Margarita Salas de la organización Acceder, Tomás Campos Azofeifa del grupo Síwo Alâr Hombres Trans y Mariana Alpízar, activista de derechos humanos. El comunicador Sergio Pacheco fue el moderador de la tertulia.
Las dos horas de debate iniciaron con la participación de Salvador Vayá, director del CCECR, quien enfatizó en que el objetivo del diálogo es la construcción de un espacio de intercambio cultural a partir de un enfoque basado en derechos humanos.

“En una apuesta dirigida a la reflexión y debate en torno a la defensa de los derechos humanos en el contexto costarricense con el objetivo de un acercamiento crítico y de mediación hacia las prácticas culturales contemporáneas con la participación de activistas, expertos, investigadores, creadores y público en general”, expresó Vayá.

El moderador Sergio Pacheco interpeló a los tertulianos sobre si se ha instrumentalizado el movimiento de la comunidad diversa y si el pink washing los ha conquistado, “si hemos avanzado y qué tanto, cuáles son los desafíos a los que nos enfrentamos y si ha sido efectivo el rol del Estado y de los gobiernos”.
Asimismo, lanzó la pregunta de si en nuestro país prevalece una visión neoliberal de defensa a ultranza de los derechos humanos en materia de diversidad sexual y si son abordados bajo el enfoque del fundamentalismo de lo políticamente correcto.

Discriminación concreta
La activista Margarita Salas aseveró que sí ha cambiado la situación en materia de LGTB en nuestro país, y expuso el caso de las variaciones reportadas por la encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR), del 2012, en torno a la aprobación de las uniones de personas del mismo sexo.
Dicha medición indicó que un 35 por ciento de las personas decía estar a favor, y cuatro años después un 45 por ciento. “Hay un cambio cultural de mayor aceptación”, destacó Salas.
Sin embargo, para Salas hay respeto en abstracto y discriminación en concreto, pues se garantizan los derechos a sujetos ya privilegiados, pero el acceso a la cobertura de seguridad social, por ejemplo, no impacta a quienes están fuera de ella porque son parte de la economía informal o porque es población migrante indocumentada.
Salas destacó que en el sector público hay figuras que se suman a la lucha por los derechos humanos, pero que esto no quiere decir que el Estado en su conjunto haya transformado su visión.
Tomás Campos Azofeifa de la organización Síwo Alâr Hombres Trans reconoció que la población que representa está “un poco más visibilizada pero históricamente siempre ha quedado de lado”.
De acuerdo con Campos, los derechos de esta población a la identidad de género y al cambio de sexo de forma segura deberían ser normatizados.
Aparte del decreto ejecutivo 38999 “Política del Poder Ejecutivo para erradicar de sus instituciones la discriminación hacia la población sexualmente diversa”, que reconoce el “conocido como”, Campos dijo que son necesarias leyes que permitan un acceso seguro, gratuito y eficaz en el cambio del nombre y del sexo.

Subrayó el derecho a la salud de población trans vulnerabilizada, para la obtención de recursos socioeconómicos, psicológicos y familiares, ya que no se limita a “solo usar hormonas o pensar en la cirugía o pensar en el cambio de nombre”.

Definición política
La activista de derechos humanos, Mariana Alpízar, recalcó que la categoría en discusión es profundamente política, que está en construcción y que los debates no siempre tienen una práctica concreta.
Puso como ejemplo a los partidos progresistas de la Asamblea Legislativa que aun cuando hacen esfuerzos por discutir sobre la temática, “muchas veces dejan la agenda en un lugar secundario, ya sea por temor a movilizar el conservadurismo de la población costarricense o porque no lo consideran prioridad”.
Alpízar consideró que por la falta de representatividad en los partidos políticos de la agenda LGTB, otras agrupaciones partidarias como las cristianas que tienen claro su discurso se oponen a la agenda de derechos humanos, “y nos plantean a los activistas y ciudadanos y ciudadanas en general, la urgencia de construir redes que ayuden a avanzar en el tema”.
Montserrat Solano, defensora de los Habitantes, habló sobre la brecha entre las garantías del derecho internacional y el derecho nacional en materia de derechos humanos.
Para la funcionaria hay que romper con los mitos de que los costarricenses son todos igualiticos, heterosexuales, blanquitos, urbanos, meseteños, y que dan por sentado que las mujeres están incluidas en lo masculino.
“La negación de la discriminación es un indicio de que hay una discriminación sistemática en nuestra sociedad”, apuntó.
Según Solano, es fundamental conceptualizar una definición de discriminación en nuestro país, ya que sin esta es muy difícil avanzar en materia de política pública, legislación y en el sistema judicial.
“¿Cuál es el estándar al que queremos llegar?”, preguntó Solano. “Las uniones de hecho y sociedades de convivencia no son suficiente, estamos en el año 2016 y el matrimonio igualitario es a lo que aspiramos”.
Finalmente, la vicepresidenta de la Repúblico, Ana Helena Chacón, manifestó que para hacer las transformaciones de fondo primero deben pasar por la vía del derecho. “He tenido un lema toda mi vida que dice: si bien con la ley no alcanza, sin la ley no se avanza”.
De acuerdo con Chacón, los países garantistas tienen unas leyes extraordinarias, a las cuales cada habitante puede acudir para pedir una rectificación en el momento en que sean vulnerados sus derechos humanos.