El Observatorio Económico y Social (OES) de la Universidad Nacional sostiene un criterio emitido desde abril que califica negativamente a los posibles efectos del recorte de los salarios públicos.
El criterio data de las semanas en las que el exministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, defendió públicamente un “impuesto solidario” en los salarios públicos superiores a los ¢500.000. Ahora, el Poder Ejecutivo propuso un proyecto de ley para recortar un 15% de las jornadas y salarios de quienes obtengan más de ¢1.500.000 mensuales brutos (este jueves, el proyecto ingresó para estudio a la Comisión de Gobierno, donde deberá ser estudiado y modificado).
Dos de los académicos y economistas del OES señalan que el problema no corresponde al monto base que se afecte con un recorte o gravamen, sino al nombre que lleva la medida y, por lo tanto, los efectos administrativos y económicos que podría tener al ignorar otros elementos de análisis.
“Si empezamos a ver el efecto neto, más bien podría ser más negativo de lo que pretende recortarse. Trata de recortar por salarios tiene un efecto multiplicador que puede terminar siendo más bien negativo”, aseguró la coordinadora del OES, la economista Roxana Morales.
“Es la tremenda injusticia que significa la discriminación, con roce constitucional, de cómo usted recarga el peso en un sector de la población y no pide ningún sacrificio a empresarios, banqueros, gerentes y rentistas privados”, opinó el economista y exdiputado Henry Mora.
Los economistas analizan varias aristas, algunas lesivas para el mismo Estado pues el recorte reduciría los aportes que se calculan con la base de salarios brutos (como el impuesto de renta, las contribuciones al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense del Seguro Social, también el dinero que recibe el Fondo de Asignaciones Familiares (Fodesaf) y también el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).
En la economía interna del país, los economistas prevén que, dada la incertidumbre de la pandemia por COVID-19, quitarle certeza económica a los asalariados podría también afectar el dinamismo de compras de productos y acceso a servicios (entre ellos, el cumplimiento de créditos).
Es decir, podría contraer aún más la economía, que está afectada por la recesión económica de la emergencia sanitaria.
Lea: Experto del Banco Mundial da cuatro razones para cuidar salarios del sector público
Afectación en las contribuciones
Desde abril, la OES advirtió que “La reducción de salarios del sector público, o del Gobierno Central, reduciría la base contributiva de la CCSS (tanto en seguro de salud como de pensiones), ya seriamente afectada por los despidos y reducciones de jornada en el sector privado, lo que sumaría más problemas financieros a la entidad”.
Esta situación, de acuerdo con los economistas, volverá a crear un compromiso para “para compensar financieramente a la CCSS”.
“En la Caja lo estiman (el futuro faltante) en ¢44.000 millones; fuentes internas de la Caja me lo han dicho. La ministra de Planificación se comprometió a dizque compensar a la Caja, no sé cómo”, explicó el economista Henry Mora a UNIVERSIDAD.
Mora dice que “son impactos tan grandes porque las contribuciones sociales, si usted suma todo, incluyendo aguinaldos, es un 35% del salario”.
“Ciertamente, por eso el impacto en el IVM, renta y Fodesaf es significativo, lo habíamos advertido a propósito de la propuesta inicial del exministro de Hacienda”, explicó Mora a UNIVERSIDAD.
En el caso del impuesto de la renta, Mora reitera el criterio de Planificación, que espera una pérdida de recaudación tributaria cercana a los ¢30.000 millones.
Para reducir este impacto, el OES recomienda, más bien, manipular el impuesto de renta con un proyecto de ley de aplicación transitoria y, así, mejorar la recaudación para Hacienda con un “un aporte solidario a los ingresos salariales más altos, tanto del sector público como privado y que sea de aplicación sencilla”
De acuerdo con Mora y le economista Roxana Morales, podría subirse el aporte de renta para quienes ya pagan el impuesto por encima del 15% y que, esta modificación aplique tanto para personas jurídicas, como para asalariados del sector público y privado.
“Esto, junto con impuesto a la riqueza financiera, da para financiar particularmente lo del Bono Proteger, de aquí a final de año. Estamos afinando los datos”, aseguró Henry Mora.
El impuesto de renta, además, aseguraría una proporcionalidad entre las personas que están percibiendo ingresos durante la pandemia y quienes no lo hacen (porque grava los ingresos percibidos y reportados a Hacienda).
“Esto haría que quienes mantienen salarios altos, paguen en función de su renta y no habría problema de doble imposición. Sería equitativo porque tanto sector público y privado tendría que aportar de acuerdo a sus capacidades y dejaría intactos salarios”, dijo Morales.
No todas las jornadas son iguales
Otra preocupación de la OES, respecto al actual proyecto de ley de reducción de los salarios públicos, es que no todos los funcionarios de gobiernos perciben sus pagos con los mismos esquemas.
La economista Morales señala como problemáticas las reducciones de profesores universitarios que suelen trabajar para varios patronos (es decir, trabajan en distintos centros universitarios).
“Pensando en este proyecto, tiene muchas contradicciones, ¿cómo se aplicaría con una persona que trabaja en una universidad medio tiempo y en la otra tres cuartos de tiempo? ¿Se contabiliza el millón y medio global o no?”, cuestiona Morales, quien dice que “eso por ningún lado lo menciona el proyecto”.
Morales dice que hay una consecuencia asociada porque “al reducir jornadas también se reducen productos”.
“No se le puede obligar al trabajador tener los mismos productos con una menor jornada”, asegura la economista.
“En la parte académica, ¿cómo hacemos? ¿Qué les decimos, que den medio curso? Las jornadas son de 10 horas por curso, reportamos el recorte del 15% y se les recortan seis horas… No se puede dar un curso en 4 horas”, detalló.
Dentro de estos esquemas diferenciados, según también lo analizó el diputado José María Villalta en el Congreso, estarían eximidos de la medida salarial: “ministros, juntas directivas ni diputados” (porque perciben sus ingresos como dietas y no salarios).
“Habría un costo incluso financiero porque habría que modificar y preguntarle a los que se encargan los sistemas de cuáles ajustes hay que hacer para establecer estos escenarios”, prevé Morales.
Menos demanda y menos liquidez para créditos
Dado que la pandemia ya ha creado una recesión económica y, con ella, ha disminuido la demanda de productos y servicios, el economista Mora dice que el impacto de los salarios públicos “no sería tan fuerte porque no afecta al 100% del empleo público” y, con las excepciones queda “un sector de altos ingresos por fuera” (el economista se refiere específicamente a los “médicos”).
No obstante, los empleados públicos afectados podrían contraer aún más sus gastos para contar con un colchón preventivo de liquidez. Por ejemplo, la inversión en turismo y entretenimiento sería un gasto secundario.
“Obviamente, el tema de los medicamentos y la prevención por gastos hospitalarios, amerita no gastar, pues con más razón… Si eso va a significar para 40.000 mil personas de la clase media y clase media alta una disminución tan significativa en sus ingresos”, dijo Mora.
“Es un efecto contractivo de la economía, doblemente contractivo porque en este periodo ocupamos que la gente empiece a gastar”, advierte Roxana Morales.
Morales prevé afectaciones en liquidez por la situación de endeudamiento del sector público.
“Hay gente que ha comprado casa y carro, que reciben un salario líquido de un tercio (del bruto). Eso lo conoce el Gobierno y no sé cómo lo desconocen ahora”, opinó Henry Mora.
Para Morales, la reducción salarial tiene un agravante en materia de crédito porque “se lo rebajan de planilla y se quedan sin nada”.
“Toda esta población (asalariada) no tiene acceso a bonos Proteger y el proyecto plantea una modificación para el proyecto del (retiro del) Fondo de Capitalización Laboral para que diga que sea para aquellos que tengan una reducción del 20% y no entrarían los del sector público”, advierte también Morales.
Puede leer completo el pronunciamiento de abril de OES en este documento:
Cargando...
Recargar el documento 
Abrir en una nueva pestaña 