La lista de espera de declaratorias histórico-arquitectónicas de bienes inmuebles se acumula en el Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural (CICPC) y a la fecha se registran 136 casos sin resolver, algunos de los cuales tienen entre 15 y 20 años de estar pendientes.
La información se desprende de una respuesta dada por el Centro de Patrimonio al grupo Amantes de las Casas Antiguas, que se conformó hace cuatro años de forma espontánea y que tiene como norte contribuir a resguardar, desde la sociedad civil, el patrimonio costarricense.
De la lista dada por el CICPC al citado grupo, se desprende que 43 de las declaratorias están en alguna etapa del proceso, mientras que las 93 restantes se encuentran a la espera de que se les asigne un historiador y un arquitecto, quienes son los encargados de recabar la información.
Las cifras indican que el 68% de los casos pendientes aún no han sido asignados. Por el trámite que lleva una declaratoria, esta podría tardar entre seis meses y un año.
Max Espinoza, uno de los gestores de Amantes de las Casas Antiguas y quien es ingeniero informático, aseguró que han sido testigos de la desaparición de bienes inmuebles de valor histórico-arquitectónico por la falta de acción de las autoridades competentes.
Para saber el panorama oficial pidieron la citada lista y se toparon, en su criterio, con verdaderas sorpresas.
De esta manera, el puente sobre el río colorado ingresó para su estudio el 25 de noviembre de 1998 y a la fecha se encuentra en la Secretaría de la Dirección Jurídica; es decir, han pasado 20 años para que se defina su declaratoria.
“Nos parece que las listas de espera del Centro de Patrimonio están peores que las listas de espera de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Nuestro grupo, que cuenta con más de 17.000 seguidores en nuestra página de Facebook, considera que el Gobierno debiera hacer una declaratoria de emergencia nacional del patrimonio cultural”, afirmó Espinoza.
De los casos sin asignar para su respectivo estudio, hay algunos que datan desde el 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006, lo que equivale a inferir que no se sabe si ese bien aún existe o si ha sido modificado, de tal forma que ya perdió su valor histórico y arquitectónico.
Un recorrido por la lista de espera de las declaratorias patrimoniales evidencia que desde el año 2000 el estudio sobre el templo de San Rafael de Escazú sigue sin ser asignado; mientras que las escuelas León Cortés Castro, de Cot de Cartago, y Pedro María Badilla Bolaños, de San Rafael de Heredia, esperan su turno desde el 2001.
De 2002 todavía no se le ha abierto expediente al puente Bella Vista sobre el río Toro Amarillo en Guápiles; una suerte similar corre la Escuela Central de Tres Ríos, así como la clínica Montealegre, una casa de habitación y un beneficio, siempre en ese mismo cantón.
El Balneario de Ojo de Agua de Belén (2004) y el templo católico de Zarcero de Alfaro Ruiz aguardan desde el 2006. Estos son algunos ejemplos que se desprenden de la información.
El edificio Magnolia, en el puro centro de San José, nunca fue declarado patrimonio, por lo que fue modificado como se observa en la gráfica.
INSUFICIENTE
Espinoza explicó que el núcleo de Amantes de Casas Antiguas cuenta con el aporte de Carlos Alcázar, un chef pensionado de 64 años, quien es “una verdadera biblia josefina” en materia de historia y patrimonio; Ana Isabel Herrera, una ama de casa que es una “gran historiadora empírica”; y Mario Blanco, un enfermero con vocación de fotógrafo.
“Lo que empezó como una simple inquietud se ha convertido en un movimiento sin fines de lucro al que le preocupa el rumbo del patrimonio de nuestro país y la respuesta insuficiente que le da en la actualidad el Estado costarricense”, afirmó.
Según Espinoza, hay mucho por hacer, pero faltan políticas claras y una “conciencia de lo que representa el patrimonio para un país como Costa Rica”.
“Tenemos, por ejemplo, el caso de la casa Echandi en el estero en Puntarenas. Está en muy mal estado y era del padre del expresidente Mario Echandi, don Alberto Echandi. Estamos viendo cómo hacemos para salvarla. No ha sido declarada patrimonio y en cualquier momento la pueden botar. La edificación tiene el inconveniente, para agravar la situación, de que fue construida en la zona marítimo terrestre. A la par hay una casa declarada patrimonio que hoy sirve para alojar extranjeros, en una muestra de que, si al patrimonio se le cuida, se le puede encontrar un uso”, detalló.
Espinoza precisó que tienen una gran preocupación por el edificio que perteneció al Patronato Nacional de la Infancia (PANI), en el centro de Heredia, y que en cualquier momento lo pueden desaparecer. “Al no existir una declaratoria sobre un bien inmueble como este, pasa lo que ha ocurrido con muchos en diferentes partes del país: que los dueños permiten su demolición y listo, no pasa nada”, explicó.
“Nosotros los días feriados, en nuestros días libres o fines de semana andamos viendo y tomando fotos de edificios que tienen algún valor. Está un quiosco pequeño, muy cerca de la Casa Amarilla, que fue construido por el arquitecto José María Barrantes y, si usted va hoy, se lo encuentra lleno de basura”, agregó.
La falta de monitoreo sobre los bienes ya declarados por parte del Centro de Patrimonio, pero, sobre todo, la “ausencia de una política nacional sobre el patrimonio, hace que muchos bienes pueden ser destruidos”, dijo.
Espinoza explicó que una casa de Julio Sánchez, abuelo del expresidente Óscar Arias, está en peligro de desaparición en San Francisco de Heredia, entre otras razones, porque no ha sido declarada y hoy su perímetro está cerrado, por lo que se desconoce cuál es el verdadero estado de esa edificación.
Al respecto, hay que recordar lo sucedido con la Casona de San Lorenzo de Flores, que fue construida en 1844 y que perteneció también a Julio Sánchez, la cual era considerada por el propio Centro de Patrimonio como la casa de adobe más valiosa del país. Después de una declaratoria patrimonial en 2009 y una posterior apelación de sus dueños registrales, un día apareció demolida, y así Costa Rica vio cómo perdió uno de sus bienes histórico-culturales más significativos.
“Se va a demoler la escuela de Colima de Tibás, por donde va a pasar la circunvalación, porque un estudio determinó que no tenía tanto valor histórico porque otras similares ya habían sido declaradas”, explicó Espinoza.
“Yo creo que el tema de la burocracia está influyendo mucho en el manejo del patrimonio. Si el Centro de Patrimonio no cuenta con suficiente personal para las declaratorias el país, tendrá que hacer algo, pero no se pueden perder tantos bienes valiosos”, detalló.
Una de las debilidades de la actual ley de patrimonio, la 7555, que data del 20 de octubre de 1995, es que no hay incentivos para los dueños de bienes patrimoniales y que a la hora de realizar los trámites para restauraciones estos son difíciles de efectuar.
En ese sentido, el inciso K del artículo 22 de la ley 8114 de Simplificación y Eficiencia Tributaria, del 4 de julio de 2001, se trajo abajo esa disposición, por lo que el principal incentivo para quienes hoy poseen un inmueble de interés patrimonial desapareció.
Por lo anterior, el único incentivo que prevalece es el relacionado con las declaratorias de bienes inmuebles municipales, para lo cual los edificios patrimoniales gozan de una exención de impuestos.
Por ello, la complejidad de poseer un bien inmueble declarado de interés histórico-arquitectónico es un verdadero dolor de cabeza para los propietarios, afirmó Espinoza con base en testimonios de miembros del grupo que ha pasado por esa experiencia.
En medio del panorama incierto que prevalece sobre el tema del patrimonio, Espinoza encuentra otro inconveniente.
“El país apostó por un turismo ecológico y natural, y no tomó en cuenta el valor de lo patrimonial y eso ha terminado por afectar la forma en que se valora y se gestiona el patrimonio. Nuestro patrimonio debería estar integrado a lo turístico como sucede en muchas partes del mundo. Es una lástima, porque tenemos un gran potencial en este campo”, aseveró.
LARGO CAMINO
Los casos de la quema del Black Star Line en 2016 y de la iglesia de Copey de Dota en 2017, por problemas en sus sistemas eléctricos, fueron una muestra y una alerta de que falta un riguroso seguimiento del estado en que se encuentran los bienes declarados de interés patrimonial e histórico.
Aunque la primera responsabilidad le corresponde al propietario del inmueble, un panorama claro en cuanto a monitoreo serviría para que se puedan ejercer políticas de prevención en este campo.
En ese sentido, el país desconoce cuál es el verdadero estado de los 386 bienes declarados de interés patrimonial.
Aunado a lo anterior, en la actualidad el Centro de Patrimonio maneja dos casos complejos de resolver: el del Gran Hotel Costa Rica, por el que hay una demanda en la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental, y del Cine Variedades, cuyo proyecto original solo pretendía conservar la fachada del inmueble.
En relación con el Gran Hotel Costa Rica, el CICPC comunicó que no se van a referir a dicho asunto, debido a la demanda existente.
Asimismo, sobre el Cine Variedades se consultó a prensa del Centro de Patrimonio, a lo que la periodista Lizeth López respondió que la consulta debía canalizarse por medio del área de prensa del Ministerio de Cultura. Hecha dicha gestión, Ileana Rojas comunicó a este medio que Valverde podría responder el miércoles 1° de agosto.
El Variedades fue construido en 1891 y se convirtió en el primer teatro en San José. La idea del Ministerio de Cultura, presidido por Sylvie Durán, era convertir el antiguo cine en una cinemateca, para lo cual compraron también el terreno que está detrás del edificio patrimonial.
La controversia surgió porque del “viejo” edificio solo iban a conservar la fachada y el resto respondería a una nueva edificación.
En su momento, sobre el Variedades, la Defensoría de los Habitantes y el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos) pusieron el grito al cielo, al considerar que la propuesta de construir un nuevo edificio pasaba por encima de la ley 7555.
Manuel Araya Incera, miembro de la Comisión de Patrimonio, en representación de la Academia Nacional de Historia y Geografía, dijo a UNIVERSIDAD que desde el año pasado el tema del Variedades no se analiza en esa instancia.
El viernes 20 de julio, Cultura anunció que el arquitecto Diego Meléndez será el nuevo director del Centro de Patrimonio, en sustitución de Dennis Portuguez, el viceministro administrativo que ha tenido a su cargo dicha institución en los comienzos del nuevo gobierno.
El panorama que se encontrará Meléndez, con quien se intentó conversar pero no se pudo porque, según el Centro de Patrimonio, el funcionario hablará después del 6 de agosto, es este: polémicas por restauraciones y atrasos en declaratorias por listas de espera que superan en tiempo a las de la CCSS.
