Desde el 2009, instancias del sistema judicial costarricense señalan una situación crítica de hacinamiento carcelario, que de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), puede constituirse por sí misma en una forma de trato cruel y degradante, violatoria de los derechos de las personas privadas de libertad.
Así lo indicó Agustín Gutiérrez Carro, moderador de la cuarta tertulia del Farolito “Derechos Humanos y población penitenciaria”, que se llevó a cabo el martes 18 de octubre pasado. En la mesa participaron José Manuel Arroyo, magistrado de la Sala Tercera y vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia; Cecilia Sánchez, Ministra de Justicia; Roy Murillo, juez de Ejecución de la Pena, y Álvaro Ramos, experto en temas de seguridad nacional e internacional.
Las cinco sesiones de debate fueron auspiciadas por el Centro Cultural de España en Costa Rica (CCECR), con el objetivo de promover la reflexión en torno a la satisfacción de los derechos humanos en el contexto centroamericano y costarricense, para la plena realización de todas las personas, según expresó Salvador Vayá, director del CCECR.
El ciclo de tertulias, coordinado por Gutiérrez con la colaboración de Gabriela Arguedas, finalizó el martes 25 de octubre con un diálogo en torno a las principales conclusiones recogidas por los moderadores de cada conversatorio, dedicadas a las poblaciones LGTBI, migrantes, mujeres y el feminismo y las personas privadas de libertad.
“La población penitenciaria, aunque se le restringe la libertad, sigue siendo sujeta de derechos humanos”, afirmó Gutiérrez para iniciar el debate.
De acuerdo con Gutiérrez, en el 2008, la tasa de sobrepoblación carcelaria relativa era del 1 por ciento, sin embargo, a partir del 2009 dio un salto dramático al pasar de un 9,8 por ciento al 53 por ciento en el 2014.
Los datos indican además que la tasa de personas en prisión por cada 100 mil habitantes pasó de 218, en el 2008, a 359, en el 2013, aumento que ha provocado una tensión interna y un desafío para el Ministerio de Justicia y Paz y el Juzgado de la Ejecución de la Pena.
Hacinamiento
El juez Roy Murillo confirmó en su intervención que la población privada de libertad excede la capacidad del sistema penitenciario, “y eso al final lo que significa es un trato inhumano y degradante que contraviene los postulados básicos, los autolímites de toda democracia”.
Murillo abogó por cárceles decentes sin pretender que sean “hoteles cinco estrellas con jacuzzis”, sino espacios con higiene y mínimas condiciones. Asimismo, hizo referencia a la gente que se molesta cuando se plantean los derechos de los presos: “algunos creen que son absolutamente buenos y que nunca van a llegar a una cárcel; pero no hay nadie absolutamente bueno ni absolutamente malo y a la cárcel llegan personas inocentes”.
A la vez, Murillo opinó de manera enfática que ni la pena de muerte, ni la reclusión por 50 años –“que es una pena de muerte lenta o una pena perpetua disimulada”-, ni el exterminio son la solución si no se atiende a las familias en condición de vulnerabilidad.
La ministra de Justicia y Paz, Cecilia Sánchez, señaló que el hacinamiento ha ido en aumento, entre otras razones, por el cambio de la legislación penal costarricense que convirtió actos, antes contravenciones, en hechos delictivos.
“Se incrementa una política y una cultura muy represiva. Costa Rica es uno los países que más encarcela gente”, dijo Sánchez, para quien el abordaje de la problemática nunca ha sido integral.
Sánchez señaló que la sociedad espera que la construcción de espacios resuelva el problema, no obstante, es imposible, ya que el nivel de crecimiento debido al ingreso las vuelve a llenar.
La ministra sumó a esta deficiencia en la infraestructura carcelaria, la política excesiva de criminalización y el uso excesivo de la prisión preventiva, denunciada por la CIDH como una medida irracional, “que nos pone en el predicado de resolver los problemas de hacinamiento que en primer lugar priorice la prevención”.
El desafío para la ministra es la redefinición de la política criminal que involucre a los tres poderes de la República, en la cual la Asamblea Legislativa defina cuáles conductas deben ser criminalizadas y a qué infracción debe asociar una pena privativa de libertad.
Para redefinir dicha política pública, la funcionaria señala también al Poder Judicial, cuyos jueces deben dictar sentencia acudiendo a otro tipo de sanciones para no hacer de la pena privativa de libertad el castigo por excelencia.
Asimismo, el Poder Ejecutivo debe empezar a tomar decisiones para impedir “que los centros carcelarios vuelvan a convertirse en esas jaulas en las cuales no se cumple ninguna finalidad de la pena”, aseveró Sánchez.
Perspectiva integral
Según Sánchez, la política de criminalidad debe incluir la prevención de manera integral, “porque el tema es estructural y si hablamos de prevención, la violencia se previene y combate con oportunidades de trabajo, educación, diversión y cultura”.
El especialista en seguridad Álvaro Ramos expresó estar de acuerdo en que hay que construir nuevas cárceles, pues las actuales “son espacios desastrosos, violatorios de los derechos humanos”.
Sin embargo, hizo énfasis en la necesidad de un consenso nacional para lograr un balance entre las personas que se ven afectadas por el proceso criminal y la situación de las víctimas.
“Si se deja a la víctima por fuera vamos a tener una situación en contra. Es un problema político no técnico; se debe dejar de invisibilizar a las víctimas y ponerlas en el centro de la ecuación”, opinó Ramos.
El magistrado Arroyo comentó que el problema no es solo político, sino también estructural. “La cárcel está siendo una vía de escape para que las cosas se mantengan como están, sin reducir el 20 por ciento de pobreza, el 5 o 6 % de pobreza extrema, en un acelerado proceso de inequidad”.
A este contexto, Arroyo agrega factores como el crimen organizado y el narcotráfico, así como el abandono del estado de bienestar desde la década de los 80, que dejó al descubierto inversiones sociales.
“Es lo que hemos sembrado y estamos recogiendo. Sí es cierto que se necesita una nueva política criminal, pero es muy difícil sin una política social, económica y laboral distinta a la que tenemos”, manifestó Arroyo.
El vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia destacó las virtudes históricas de Costa Rica al apostar por políticas democráticas como las grandes reformas penitenciarias. Siguiendo esa línea, resaltó la labor de la ministra Sánchez, quien toma medidas de urgencia polémicas y controversiales, pero indispensables.
“No podemos seguir diciendo: esto se va a resolver con cárcel. Este es un país que ha resuelto estos temas de manera democrática con un modelo de distribución de riqueza”, expuso Arroyo.
