La Junta Administrativa del Conservatorio de Castella pedirá medidas cautelares para proteger los bienes de la institución, entre los que se encuentran sus instalaciones en el Barreal de Heredia y el teatro, que se ubica en Sabana norte, cerca de la empresa Nissan.
Ingrid Vargas, actual presidenta de la Junta, que asumió funciones en julio de 2022, expresó a UNIVERSIDAD que con la solicitud de las medidas cautelares procuran garantizar la continuidad del colegio, dado que tanto la sede principal como el teatro registralmente están a nombre de la Fundación Conservatorio de Castella, que fue la que sustituyó a la asociación que se había formado en 1946 y que, posteriormente, es de la que surge el colegio, ya con la participación directa de su fundador Arnoldo Herrera.
El controversial asunto del Castella volvió a resurgir con la renovación de la personería jurídica por parte de la Fundación en febrero del presente año y la admisión pública por parte de su presidente, el actor Gustavo Rojas, de que han recibido al menos dos ofertas de empresas interesadas en comprar el inmueble de Sabana norte.
La posición de la Junta Administrativa, de un grupo de padres de familia y de un amplio sector de exalumnos es que está más que demostrado que el Conservatorio de Castella, inaugurado en 1953 por el entonces presidente de la República, José Figueres Ferrer, y su ministro de Educación, Uladislao Lalo Gámez, es público, por lo que sus bienes son de carácter estatal y, por lo tanto, la Fundación no podría disponer de ellos si así lo reclama el poder público.
Vargas recordó que en 2001 se emitió el decreto 29324-MEP, mediante el cual el ministro de Educación, Guillermo Vargas, le daba y le reconocía al Castella su condición de ente público.
En dicho decreto se establecía en el apartado siete: “Que el Ministerio de Educación Pública en la Relación de Puestos, de la Ley de Presupuesto de la República y en las instituciones a su cargo, ha venido contemplando el presupuesto para cancelar el salario del personal del Castella. En efecto, en el Presupuesto de la República del 2001 al Castella se le asignaron los códigos presupuestarios 573-02-59-0068 y 573-01-59-1380. Esta asignación presupuestaria comprende el pago de cuatro mil cuatrocientas treinta y siete lecciones, un Orientador, un Asistente de Dirección, etc. Como consecuencia de lo anterior, el Ministerio de Educación ha venido nombrando y removiendo el personal del Castella, y el pago del salario del mismo lo ha venido llevando a cabo el Ministerio mediante los procedimientos ordinarios, particularmente, mediante la tramitación de la respectiva acción de personal”.
El decreto reconocía, además, que el Castella, en ningún momento, ha tenido la condición de centro educativo privado, que es la posición que sostiene la Fundación, la cual en caso de que obtenga a su favor un fallo de este tipo en los Tribunales de Justicia, le daría un giro de 180 grados a la situación, ya que la participación activa y directa del MEP desaparecería.
En dicho decreto también se citaba la posición, por ejemplo, de Eugenio Rodríguez Vega, quien había sido ministro de Educación Pública en el período 82-86. En el año 2000 esto decía mediante una carta: “(…) Se trata de un organismo de educación pública, ligado necesariamente al Ministerio de Educación Pública, pero que se maneja dentro de un saludable ámbito de independencia (…) Me parece indispensable que esa institución sea y siga siendo de carácter estatal —ligado a la filosofía y a los programas del Ministerio de Educación Pública— porque de esa manera mantendrá siempre el carácter democrático propio de la nacionalidad costarricense”.
El conflicto actual, que data ya desde hace al menos dos décadas, se resume en estas dos posiciones: por un lado, la Junta Administrativa, nombrada por la Municipalidad de Heredia, que reclama para el Castella su carácter de institución de enseñanza pública y la de la Fundación, que sostiene que el colegio tiene una condición de ente privado.
Muchos intereses
Por la ubicación en una zona de alta plusvalía del teatro, es que a su alrededor se mueven muchos intereses. En 2019, de acuerdo con datos de la desarrolladora Colliers International Costa Rica, el valor del metro cuadrado en el entorno Rohrmoser y La Sabana oscilaba entre $800 y $1600 el metro cuadrado, lo que a la fecha habrá variado a la alza de forma notoria.
De ahí que cuando Rojas admitió públicamente que sí existía interés por parte de grupos privados en que les vendieran el teatro, las alarmas de la Junta Administrativa, de padres y de alumnos se encendieron de inmediato.
En declaraciones a medios nacionales, Rojas aceptó que hay interés de algunos en adquirir el Teatro Arnoldo Herrera y, en concreto, se refirió a vecinos.
De acuerdo con lo que se ha podido indagar al respecto, existe un claro interés en impulsar un megaproyecto inmobiliario en las cercanías del teatro, lo que evidencia que si adquieren esa propiedad las posibilidades de esos proyectos variarían de manera exponencial.
La gran piedra en el zapato en ese desarrollo inmobiliario sería el teatro. Este periódico supo que históricamente los dueños de la Nissan han estado interesados en hacerse con el terreno aludido. Incluso, en tiempos de Herrera, que fue director durante más de 30 años, aquel ya había recibido varias ofertas para que vendiera.
La posición de Herrera era que no se podía vender bajo ninguna circunstancia, porque eso iba en contra del espíritu del donador y porque el teatro era la esencia con que nació el Conservatorio.
Frente a la amenaza de una posible venta del terreno por parte de la Fundación, la Junta Administrativa se mantiene en alerta y buscará que no se le escape ningún detalle, puesto que el espíritu de la institución es el teatro, en el que miles de jóvenes han realizado sus primeras presentaciones artísticas a lo largo de 70 años.
Como existen temores de cómo puede proceder el MEP, pese a la comunicación que efectuara la ministra de Educación, Anna Katharina Müller, en un video en el que desmiente algunos puntos, como el de la venta del teatro, Vargas explicó que si por alguna razón el Ministerio decidiera cambiar el decreto en el que se ratificaba al Castella como una institución pública para que pase a ser un ente privado, para ello se requeriría un juicio de lesividad y que esa posibilidad ya prescribió.
De forma tal, que si esta última opción fuese una vía a explorar por parte del MEP para revertir la condición del Castella, las autoridades educativas estarían apostando por un proceder erróneo, en criterio de Vargas.
Otra de las aristas en este complejo entramado que enfrenta las visiones que hay respecto del Castella es que Daniel Jurado, el actual asesor en materia jurídica de la ministra Müller, fue hasta mayo de 2022 el asesor de la firma Datsun, que junto con la Nissan son la empresa cuya propiedad se ubica a la par de la del teatro.
En palabras del lenguaje cotidiano, Jurado es el que le habla al oído a la ministra y es un asesor que no tiene ninguna experiencia en el campo público, porque su labor siempre ha estado vinculada a la empresa privada.
Detrás de la trama legal que hay en el diferendo en torno al Castella y a la propiedad de sus bienes, que registralmente aparecen a nombre de la Fundación, que es privada, lo que hay es un cúmulo de intereses económicos y urbanísticos que se solapan y no aparecen un primer examen de los hechos.
Tanto el valor del teatro, como el de las instalaciones en Barreal de Heredia, se estiman en millones de dólares, por la posición estratégica que ocupan, lo que ha llevado a la Junta Administradora a reiterar que el dueño de esos bienes es el Estado, porque en efecto le pertenecen, aunque ambos tienen características particulares en cuanto a su procedencia y gestación.
El corazón
Vargas explicó que no hay ninguna duda de que el teatro es la esencia, el corazón y el que representa el gran espíritu que el Castella ha tenido desde que fuese inaugurado en 1953.
Por lo tanto, las posibilidades que han trascendido en las últimas semanas en torno a que la Fundación del Castella pueda vender las instalaciones o el teatro en un momento determinado van en contra de lo que históricamente ha sido el Conservatorio, dado que si ello pasase y el Estado se retira del colegio, la concepción de este centro, tal y como se ha desarrollado hasta ahora, desaparecería.
A lo sumo podría quedar una institución de carácter privado, que, dada la naturaleza técnica y artística a la que se aboca, tendría que cobrar una matrícula altísima a sus estudiantes, con lo cual, le cerraría la puerta a aquellos que por su condición socioeconómica no podrían pagar.
De las personas que mejor conocen la situación jurídica del Castella es Vargas, no solo porque sus hijos estudiaron ahí y porque ahora es la presidenta, sino que como abogada fue quien hizo la solicitud a Guillermo Vargas, el entonces ministro de Educación, para que ratificara la condición de colegio público.
La disputa se remonta a 2011 cuando la Fundación presentó una demanda contra el decreto 29324-MEP, en el que se ratificó al Colegio Conservatorio de Castella como público.
Por los daños ocasionados, la Fundación pidió en aquella oportunidad que se le debía indemnizar por un monto de $3 millones por el teatro y $18 millones por los terrenos en Barreal de Heredia.
Cuando surgió la Ley de Fundaciones en 1979, la entonces Asociación Conservatorio de Castella cambió de figura jurídica, pero al nombrarse una Junta Administradora, que funciona de manera similar a una Junta de Educación, es que ha surgido la diferencia que mantiene a ambas partes en disputa y que lejos de apaciguarse, la situación tiende a complicarse.
Ministra equivocada
Para la presidenta de la Junta Administrativa, las declaraciones que mediante un video realizara la ministra de Educación, Anna Katharina Müller, en el sentido de que el teatro pertenece a un ente privado, solo se pueden entender porque la funcionaria fue mal asesorada y recibió información imprecisa sobre el asunto en disputa.
En el video difundido el 25 de mayo, Müller sostuvo que el MEP no puede intervenir en la infraestructura del Castella porque el terreno, que se ubica en Barreal de Heredia, no le pertenece al Estado, sino a una Fundación, con cuyos representantes se han reunido en busca de una solución.
“Es importante poder intervenir en la infraestructura del Conservatorio Castella, porque necesitamos generar un espacio seguro y digno para los estudiantes. Personalmente me estoy ocupando del Conservatorio Castella porque he dedicado muchos años de mi vida al desarrollo de la cultura, de la música, de las artes. De hecho, dirigí durante cinco años una oficina de cultura para América Latina y el Caribe. Está en mi sangre. En el Castella se han formado generaciones muy calificadas con un gran amor por el arte. A los estudiantes del Castella les digo: ustedes son la prioridad. No es cierto que el colegio se vaya a perder, todo lo contrario, estamos buscando las mejores soluciones junto con el director del centro”.
El actual director del Conservatorio de Castella es Luis Cascante, quien sustituyó en dicho puesto a Ivannia Solís Barquero.
Müller, en el mencionado video, difundido por las redes sociales del MEP, dijo lo siguiente respecto al teatro del Castella: “Me gustaría aclarar que es falso, totalmente falso, que el MEP esté vinculado con una supuesta venta del Teatro Arnoldo Herrera en La Sabana. Esa propiedad no pertenece al ministerio y el MEP no tiene ninguna injerencia en las actividades que ahí se desarrollan”.
Para Vargas, esta última declaración de la ministra Müller es desafortunada, porque no está en consonancia con lo establecido en el testamento de Carlos de Millet Castella.
“Es lamentable que la ministra haya dado esa declaración de que el teatro le pertenece a un ente privado. El legado de Carlos de Millet estaba más que claro, lo suyo era un legado para las generaciones futuras de artistas”.
En el artículo séptimo del testamento de Carlos de Millet Castella, se estableció: “Quise adelantarme a una necesidad sentida en el país, como es procurarle un centro de arte en donde sus generaciones futuras eduquen sus vocaciones artísticas”.
Por tal motivo, Vargas considera que al referirse de la manera en que lo hizo, la ministra dejó de lado, por desconocimiento o por una mala asesoría, el hecho de que el teatro del Castella es el alma de la institución y ahí se han educado generaciones de artistas en un espíritu de educación pública.
En la cláusula décimo segunda del testamento de Carlos de Millet Castella, se leía: “Lego para el Conservatorio de Música, además de cien mil colones antes dichos (Cláusula sétima), el lote de terreno de que soy dueño situado frente al costado Norte de la Sabana”.
Hay que recordar que en esas instalaciones donde hoy está el Teatro Arnoldo Herrera fue donde se dieron las primeras clases y, posteriormente, dada la alta demanda, el colegio tuvo que ampliar sus instalaciones y trasladarse a Barreal de Heredia, su sede actual.
Esa propiedad de Barreal de Heredia, recalcó Vargas, se compró con bonos agrarios del Estado y con donaciones, por lo que no hay ninguna duda de que si bien de manera registral esas propiedades aparecen a nombre de la Fundación, en realidad le pertenecen al Estado costarricense.
Desde un comienzo, el MEP ha sido encargado de pagar por completo la planilla de los distintos profesores, pues, si se hiciera diferente, la matrícula mensual de cada alumno, como sucede con los colegios mixtos, se elevaría de forma que muchos estudiantes no podrían continuar como miembros del Castella, destacó la presidenta.
“Las instalaciones actuales en las que se imparten las clases y el teatro en Sabana norte son bienes que los puede reclamar el Estado porque le pertenecen. Es así de claro”, especificó la presidenta de la Junta Administrativa.
Ante los aires de privatización velados que pueden haber detrás de la aparición en escena de la Fundación del Castella, los defensores del carácter público del Conservatorio están en alerta máxima y dispuestos a defender el legado de Arnoldo Herrera y del Estado, que tuvo la visión de entender las particularidades del colegio y darle todo el apoyo ininterrumpido a lo largo de siete décadas.
