El derecho y la medicina son dos de las profesiones liberales en las que sus graduados hacen alarde de un lenguaje que pocos entienden y en el que sus requiebros léxicos otorgan a estos grupos un oscuro sello de distinción, que tiene como primer componente la pobreza comunicativa.
Por tal motivo, para procurar que las sentencias y resoluciones judiciales se entiendan mejor y permitan superar ese metalenguaje, la Real Academia de la Lengua Española (RAE) publicó el 27 de abril de 2016 el Diccionario del español jurídico (DEJ).
Santiago Muñoz Machado, integrante de número de la RAE y catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, había sido el elegido para llevar a buen puerto la monumental hazaña. Tras dos años de trabajo, en los que contó con la colaboración de 150 juristas, presentó la obra que la RAE y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de España esperan sea útil a abogados, periodistas y un sinfín de profesionales que de una u otra forma están relacionados con la competencia del derecho.
El Diccionario del español jurídico es un volumen compuesto por 1.700 páginas y un total de 30.000 acepciones que se espera sean de consulta para profesionales de diferentes campos, entre ellos periodistas, dado que abundan los términos jurídicos en los medios de comunicación.
Pablo Salazar, abogado, que desde hace más de cinco años trabaja en un diccionario jurídico para Costa Rica y que en la actualidad se encuentra en España, donde realiza una maestría en lexicografía brindada por la RAE, explica el valor de la obra coordinada por Muñoz.
“La particularidad que tiene el Diccionario de español jurídico es que parte de la selección de un lemario (conjunto de voces o entradas) es que pretende ofrecer la mayor información con el menor número de palabras”.
El volumen tiene 1.700 páginas en una edición de lujo, lo que le otorga un valor agregado a la ya de por sí singularidad de la obra, que debió esperar tres siglos para que la RAE se decidiera a hacerla.
“Se le añade información complementaria que orienta sobre el uso de cada lema o acepción, así como fragmentos de textos históricos, escritos actuales, referencias legales, extractos de sentencia o explicaciones doctrinales”.
El volumen siguió la técnica de los diccionarios de la lengua, como el Diccionario de autoridades, publicado en el siglo XVIII, que procuraba no ser enciclopédico, sino precisar definiciones y acepciones.
En palabra de Darío Villanueva, director de la RAE, lo que se buscaba era “formular definiciones casi siempre escuetas y enriquecerlas con indicaciones de uso de cada palabra o locución, y con autoridades o documentos extraídos de las leyes, los autores o la jurisprudencia”.
En la preparación del estudio trabajó un grupo de lexicógrafos de la RAE, cuyo aporte resultó de capital relevancia para darle forma a la labor desplegada por los juristas.
La obra, en esta primera etapa, solo se puede consultar en papel, aunque en un futuro cercano la RAE tiene previsto lanzar su componente digital.
En la actualidad, en el diccionario general de la RAE, cuya próxima versión será enteramente digital, una décima parte de sus acepciones y entradas se refieren al derecho, que es a su vez el lenguaje técnico más utilizado en el lenguaje cotidiano.
En declaraciones a la prensa española, Muñoz comentó: “Algunos académicos que no son del oficio me dicen que lo están leyendo hoja a hoja y están encontrando en él una gran cantidad de inspiraciones. Algunos hasta me han dicho que se están divirtiendo muchísimo con su lectura”.
Uno de los grandes objetivos, según Muñoz, es que en adelante las normas y las resoluciones puedan ser entendidas con mayor claridad y facilidad por aquellos que no son especialistas en derecho.
Justamente es en derecho y en medicina –aunque también en otras áreas, como la literatura– donde los metalenguajes se imponen y hacen ininteligibles los textos.
El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lemes, adelantó que el diccionario “aspira decisivamente a fortalecer el uso preciso del lenguaje, enfocando los conceptos jurídicos bajo el prisma de la sencillez descriptiva, como garantía de la más adecuada comprensión de los derechos”.
Al enfatizar sobre la relevancia de la obra, Lemes sostuvo: “El lenguaje es una expresión de la libertad. Sin la comprensión adecuada, la proclamación de los derechos humanos, en su congénita acepción de naturales, inalienables e imprescriptibles, de nada hubiera servido”.
Como se puede inferir de las últimas líneas del texto, el metalenguaje de los abogados está tan arraigado y se hace un uso tan extendido de él que el propio Lemes no se percató de que con sus expresiones caía en dicho vicio, por eso afirmó lo de “(…) en su congénita acepción de naturales, inalienables e imprescindibles”.
MEJOR COMUNICACIÓN
El empeño de la RAE con este nuevo diccionario procura que los textos del derecho estén, en adelante, más al alcance del ciudadano común, que muchas veces firma documentos que no comprende y acepta resoluciones cuyos ecos apenas entiende.
Ello se enmarca, además, en un fenómeno que se ha acrecentado en España y del que Costa Rica no está exento: cada día los abogados escriben más mal y con menos claridad.
Basta tomar al azar una sentencia o una resolución jurídica para corroborar tal situación. Es que la vieja formación de los abogados, que ponía un especial énfasis en que los juristas fueran letrados, hoy es una lejana alusión, superada por una formación más técnica.
Además del uso de términos con un excesivo apego a fórmulas lingüísticas propias del área en cuestión, también ha habido una decadencia incluso en el simple uso del lenguaje escrito, dado que hay textos jurídicos que están llenos de faltas de ortografía.
Con el afán de que la mejora en la comunicación de los textos jurídicos no solo se circunscriba a España, sino que se extienda a América Latina, la RAE planea publicar en un futuro cercano un diccionario panhispánico jurídico, que cuente con el aporte de las 21 Academias del subcontinente y la de Estados Unidos.
“Esta es una primera fase de una idea más grande: la publicación de un diccionario panhispánico del español jurídico que añada a la obra inicial las determinaciones léxicas relevantes de países en que se hable español”, expresó Salazar.
“Para la realización de este último registro mencionado, se suman miembros de las Academias de la lengua, magistrados, profesores y abogados de los países en cuestión. Costa Rica está encaminada en este sentido”, destacó.
Entre tanto, Villanueva, al resaltar la relevancia de la obra presentada en Madrid, precisó: “Las palabras tienen el poder demiúrgico de crear la realidad, no solo de reproducirla. Donde más se percibe el poder formativo de la palabra es, precisamente, en el ámbito jurídico. Las leyes crean realidades, tipifican conductas y establecen cuáles son convenientes y cuáles no. De ahí la importancia que tenía la elaboración de este diccionario”.
