Es sabido que hay profesiones y oficios en los que la claridad y precisión en el uso del lenguaje, lejos de ser una aspiración, puede convertirse en un obstáculo, porque cuanto más confuso y oscuro se hable o escriba, ello redunda en la ostentación de poder.
Y una de esas profesiones es el Derecho, el que, junto con la Medicina, por lo general hace gala de un metalenguaje que, en muchos casos, ni los propios juristas entienden y comprenden en toda su dimensión.
Para paliar algunas sombras y echar un poco de luz sobre el lenguaje jurídico que anda en boca del ciudadano común, así como términos que se emplean en el ámbito del Derecho, pero que no necesariamente son jurídicos, Pablo Salazar, abogado, con el apoyo del Digesto de Jurisprudencia del Poder Judicial, emprendió en 2013 la titánica tarea de escribir el primer diccionario ‘jurídico’ de Costa Rica.
Tras cinco años de intensas labores, que lo obligaron en el camino a cursar una Maestría en Lexicografía en la Real Academia de la Lengua Española (RAE), ha presentado un corpus de 16.000 términos y 34.000 acepciones, y todavía le queda alguna tarea por realizar, aunque el diccionario, del cual solo se imprimirán unos 500 ejemplares, ya está disponible en línea (https://www.poder-judicial.go.cr/digesto/) para todo el que desee aclararse en algún concepto.
La obra, que oficialmente se llama “Diccionario del Digesto”, con lo cual hay que aclarar que el Digesto de Jurisprudencia de Costa Rica “se encarga de extraer, titular y clasificar los contenidos jurisprudenciales procedentes de diferentes tribunales del Poder Judicial” y “destaca la jurisprudencia especialmente relevante, publica los textos completos de las sentencias y establece enlaces entre los votos y la normativa citada en ellos”, según el propio diccionario en mención.
En síntesis, por primera vez en 196 años de historia, Costa Rica tiene un diccionario con énfasis jurídico hecho en el país, aunque no es “normativo”, “técnico” “ideológico” o “enciclopédico”, sino más bien un “diccionario al uso”, el cual incorpora conceptos jurídicos, y las voces que se escuchan y utilizan en la práctica del Derecho.
Para que contara cómo lo concibió, los caminos por los que debió transitar para llegar a buen puerto y las vicisitudes por las que pasó, se conversó con Salazar.
¿Cómo surge la idea de hacer un diccionario ‘jurídico’ para Costa Rica?
-En el año 2012, la directora del Digesto de Jurisprudencia del Poder Judicial, Vera Monge, me consultó acerca de cuál diccionario sería bueno subir a la página del Digesto. Después de ver algunas opciones, surgió la pregunta: Y, ¿si lo hiciéramos nosotros?.
Sumemos que no había una obra costarricense que recogiera y definiera, de forma ordenada, voces que pudieran encontrarse en la práctica forense. Se carecía de un instrumento que facilitara algunas definiciones del “idioma” legal. No teníamos un diccionario de lenguaje jurídico hecho en Costa Rica.
Además, pensar que en un país como el nuestro, con dineros limitados, el Poder Judicial pudiera abocarse a la elaboración de un documento de esta naturaleza, era muy estimulante.
Como la inconciencia es valiente, pensé, en ese momento, que el asunto no debía ser tan complicado; cosa de agarrar algunos términos, definirlos, darles algún orden y ya. Algo así como “soplar y hacer botellas”. No sabía cuán equivocado estaba. En unos días comencé a darme cuenta en lo que nos habíamos metido.
¿Desde el punto de vista ‘técnico’, cómo se construye un diccionario jurídico como el que ha creado?
-Bueno, como adelanté, el texto no es exactamente “jurídico”. Si bien el grueso de las entradas es jurídico, también hay muchas voces que, propiamente, no lo son.
Ahora, el aspecto técnico de la confección del Diccionario comporta varios elementos que sería larga su exposición. Pero digamos que lo primero era determinar a quién debía ir dirigido. Actualmente en la academia, en la investigación universitaria, en la práctica técnica y hasta en la vida de cualquier persona, la utilización jurídica del español es una constante. Se pensó, pues, que el destinatario era el ciudadano, el estudiante, el educador, el profesional. O sea, cualquier persona que requiriera enfrentarse a una dificultad conceptual propia del ámbito del Derecho.
Después el asunto fue cuáles términos acoger. Es decir, ¿de dónde sacar esas palabras? Mejor dicho, ¿cuáles son esas palabras, frases o locuciones dignas de incluirse en el cuerpo de este trabajo? Para responder se recurrió a cinco corpus: las voces técnicas que componen el tesauro del Digesto de Jurisprudencia; términos que integran la legislación del país; palabras incluidas en la jurisprudencia nacional; expresiones o locuciones aparecidas en la doctrina en general; vocabulario utilizado en el habla popular que se plasma en sentencias judiciales; y, como “concesión”, aquellos términos que fueran del interés particular de las personas que tuvieran que ver con la confección del diccionario.
Una vez resuelto esto, se pueden mencionar aspectos que son propios del “aderezo” técnico-lexicográfico. En la macroestructura (estructura de las palabras definidas o significantes): la determinación del resalte, tamaño del tipo, uso de la negrita, disposición en minúscula, moción de género, orden de búsqueda; en la microestructura (estructura de la definición o significado): marcas geográficas, nivel sociocultural de los usuarios del término, distintos registros de la voz, contorno o contexto habitual del vocablo definido, uso de letras cursivas o bastardillas, la disposición del ejemplo. Agrego la pretensión —muchas veces imposible de lograr— de que la definición vaya del hiperónimo al hipónimo, pero ya me estoy metiendo en cosas que si bien para uno son apasionantes, reconozco que pueden ser la mar de aburridas para otros.
Se especifica en la presentación de la obra, que es un “diccionario al uso”. ¿Podría ampliar dicha afirmación?
-Esta pregunta entraña cierta dificultad. Dificultad que encontramos en casi todas las disciplinas; y que es la falta de uniformidad, o acuerdo, en los alcances de un concepto. La lexicografía no es la excepción; ni la locución «de uso» tampoco. Hay varias nociones que se acercan a lo que ha de entenderse. Pero digamos, para los efectos de su pregunta, que el Diccionario del Digesto es “de uso” en el tanto incorpora, al corpus jurídico, entradas y acepciones ajenas a él, pero que, evidentemente, se usan por gran número de personas; juristas incluidos.
Por ejemplo, “robo” se define legalmente como “Delito consistente en el apoderamiento ilegítimo de una cosa mueble, total o parcialmente ajena, con fuerza en las cosas o con intimidación o violencia sobre las personas”. Si el texto del Digesto fuera un diccionario especializado, con esto bastaría. Sin embargo, el término tiene otros usos y, en consecuencia, ellos se incorporan. Vemos entonces otras acepciones: “robo” […] || Coloquialmente, precio abusivo por un bien o servicio. || Coloquialmente, impuesto absurdo. || Coloquialmente, circunstancia de la que se deriva un perjuicio injusto. “La decisión de aquella pelea de boxeo fue un robo”.
¿Para el ciudadano que no es especialista en Derecho, cuál podría ser la utilidad del diccionario?
-Todos hemos sufrido ante una notificación, comunicado jurídico o noticia judicial, incluso los abogados. Más de una vez, en una reunión cualquiera se nos ha iluminado el rostro al saber que providencialmente hay ahí una abogada. Nos acercamos a ella, primeramente con cierta precaución y después resueltamente: sacamos del bolsillo un papelito que desdoblamos y al tiempo que lo ponemos a la vista de nuestra salvadora y espetamos: “Perdoná, vos que sabés de leyes, me llegó esta notificación, pero no sé si voy para la cárcel o le gané un pleito a la muni. ¿Me podrías decir qué dice?”. Pues bien, para evitar, o al menos disminuir, el caso que caricaturescamente cuento, es que el Diccionario puede tener utilidad.
He de advertir que hay términos que son prácticamente indefinibles con un lenguaje sencillo, asequible. (“Tipicidad”, “antijuridicidad”, “penalidad del concurso ideal”). Con todo, se procura que, por un sistema de envíos a otros términos, se pueda al menos tener una idea de qué se trata la cuestión.
Pero bueno, en concreto, ¿cuál podría ser la utilidad del Diccionario? Acercar a la persona consultante a la comprensión de un texto abstruso, hermético y antipático, como tantas veces es el discurso jurídico.
¿El uso de términos jurídicos en el lenguaje común está más adentrado de lo que creemos y percibimos en la vida cotidiana?
¡Mucho! Y el asunto no es tanto que el uso de términos jurídicos está más integrado de lo que nos damos cuenta; el punto es que no reparamos que, cuando decimos lo que decimos, estamos hablando de situaciones jurídicas. Una situación jurídica que está determinada por palabras. No olvidemos que el Derecho es una construcción lingüística.
Cuando decimos que Warner se casa con Kimberly, estamos diciendo que habrá una unión jurídica entre personas que, formalidades mediante, establecen un vínculo con consecuencias patrimoniales y familiares. Cuando comentamos que en vacaciones vamos para el hotel tal, estamos contando que tendremos una relación contractual con una persona jurídica. Y así con todo. ¿Comprarse un quequito en la pulpe?, contrato de compraventa; “tomar el bus”, contrato de transporte; “pagarle al señor para que nos corte el zacate”, contrato por servicios; “decirle una cochinada a una mujer que pasa por la acera”, conducta punible; “ocultar cuánto he ganado”, elusión fiscal.
A donde llega el Derecho, llega nuestro lenguaje con sus matices.
El diccionario tiene aproximadamente 16.000 términos y unas 34.000 acepciones. ¿Cuánto tiempo le ha demandado hasta ahora llegar a esas cantidades de vocablos?
-Hasta la fecha, unos cinco años. Los primeros dos años trabajaba un par de días a la semana en el léxico; poco a poco el tiempo se incrementó: tres días a la semana; cuatro días semanales y a partir del año 2015, todos los días. Y cuando digo todos los días, incluye fines de semana y los feriados. Igualmente, las horas diarias de actividad lexicográfica aumentaron de 8 a 10 o 12.
En el 2016 suspendí la labor por unos meses a causa de la maestría que cursé. Asimismo, estuve a cargo de la cooperación del Poder Judicial de Costa Rica con el Diccionario panhispánico del español jurídico, de la Real Academia Española y del Consejo General del Poder Judicial de España, asunto que me obligó a distraer la atención al Diccionario del Digesto.
Y es que una definición, cada una de ellas, es una investigación en miniatura. Bueno, algunas ni tan diminutas. Ha habido entradas en la que una sola de ellas me ha llevado días de investigación. Lecturas, consultas, conversaciones, y hasta discusiones, son parte de la redacción. Y no siempre el resultado es feliz; no siempre sale como uno quiere; pero llega el momento en que hay que dejarla tal cual salió, porque si no, no se avanza. Hay otras, claro, con las cuales uno queda muy satisfecho.
Cuento esto y podría pensarse que es una tarea agobiante, agotadora y sacrificada. ¡Nada de eso! Todo lo contrario: es un quehacer vivificante, alentador y reconfortante. Requiere, claro, de disciplina, de mucho trabajo, pero es un enorme placer que no involucra sacrificio.
Aunque ha llevado solo el peso del diccionario, ¿quiénes le han colaborado de forma constante en el desarrollo de la obra?
-Con estas preguntas es cuando uno siempre comete pecado de “lesa citación”. Han sido muchas las personas que con su sensibilidad y amor por el español y el Derecho me han ayudado. Sin embargo, sí quiero decir que he contado con la cooperación, invaluable, de Carolina Briceño González, estudiante de Derecho y de Filología de la Universidad de Costa Rica. Además de todos los compañeros del Digesto de Jurisprudencia; entre los que destaco, por su ayuda permanente, a Jorge Quesada Jiménez; Lilliana Escudero Henao; Blanca Quirós Maroto, y Diana Peraza Retana. Dentro del Poder Judicial el apoyo de Román Solís Zelaya, José Manuel Arroyo Gutiérrez, William Molinari Vílchez, Natalia Gamboa Sánchez y Celso Gamboa Sánchez. Y, fuera de la Institución, Álvaro Pérez Jiménez y Yadira Calvo Fajardo; queridísimos profesionales a los cuales dedico el Diccionario. ¡Ah bueno! Y a Esteban Calvo Rodríguez, competente abogado laboralista, donde los haya.
Es notorio que los abogados, en muchos casos, utilizan metalenguajes ‘imposibles” de entender para el común de la gente. ¿En este contexto, el aporte del diccionario podría servir para minimizar y aclarar situaciones relacionadas con un determinado tema?
-Es innegable que el lenguaje jurídico, a veces, se usa para enmarañar el mensaje. En ocasiones la utilización del “idioma” del Derecho tiene como fin colocarme, yo “jurisperito”, por encima de quien se convierte en la víctima lingüística de mi complejo de inferioridad o de mi ignorancia disimulada. Esto es propio de rábulas y picapleitos que buscan resolver sus problemas psicológicos ahorrándose el costo del analista. También están aquellos abogados que no es que no saben expresar correctamente sus planteamientos jurídicos, es que no saben expresarse de ninguna forma.
En ninguno de estos casos —todos malos— el lenguaje técnico-jurídico tiene la culpa. El lenguaje jurídico ahí está; y en su gran mayoría se compone de términos que todos usamos cotidianamente. Claro que tiene sus particularidades —todas las disciplinas y técnicas las tienen—; y a esas peculiaridades, con un esfuerzo relativamente leve, es posible allegarse. Y bueno, a ese fin, acercar al ciudadano a los conceptos del Derecho, es que tiende el Diccionario.
¿Después cinco años de trabajo, cómo valora la experiencia personal de haber emprendido tal aventura intelectual?
-¡Magnífica! Me ha servido para todo. Desde el gusto por un necesarísimo baño de humildad —como cuando uno comienza a ensuciarse con eso de “cómo y cuánto sé yo”, y se encuentra, de pronto, con la asombrosa riqueza del habla del usuario de la lengua; hasta el placer inenarrable de gozar la textura, olor, sabor, color y sonido de las palabras.
Valoro extraordinariamente las horas y horas de la silenciosa compañía de los textos; de los chorros de café y —todo hay que decirlo— hasta de la nefasta nicotina. En fin, la preparación de este diccionario la valoro, en toda su dimensión, cuando me he encontrado diciéndome: ¡Qué suerte saber leer y escribir!
