La falta de monitoreo sobre los bienes patrimoniales del país es uno de los puntos que más alarma despierta, porque se desconoce cuál es el estado de dichos inmuebles.
La falta de monitoreo y seguimiento, para saber con exactitud cómo están los 386 inmuebles declarados Patrimonio Histórico y Arquitectónico de Costa Rica, hace que el tema de la conservación se encuentre en un laberinto y a la espera de que, en cualquier momento, se produzca una nueva alarma como ya ha sucedido con la destrucción total del Black Star Line, de Limón, o el templo de Copey de Dota, los cuales terminaron consumidos por las llamas.
De igual manera, en esa nebulosa por la que atraviesa la conservación de los bienes patrimoniales, han surgido enconadas discusiones en torno a la remodelación del Gran Hotel Costa Rica, que obligó a la Ministra de Cultura, Silvie Durán, a crear una comisión extra para dicho asunto. Está también la polémica por el Teatro Variedades, en la que se señala al Ministerio y al Centro de Patrimonio por irrespetar la ley 7555 del 10 de octubre de 1995.
El señalamiento lo hizo el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos), sección Costa Rica, por considerar que los entes del Estado citados no están respetando la ley.
En medio de este panorama surgen voces como las de Sandra Quirós, quien fuera directora del Centro de Patrimonio de 1996 a 2014, fecha en que debió salir por diferendos con el Ministro de Cultura de entonces. Ahora ella se pregunta cómo es posible que el Centro de Patrimonio no hubiese mantenido al ingeniero eléctrico con que contaba hace unos años.
“Sé de muy buenas fuentes, porque me mantengo informada, que no se están haciendo los inventarios ni los monitoreos, y eso sencillamente es básico para saber sobre el estado de los inmuebles y edificios patrimoniales”, afirmó Quirós.
Para la arquitecta, el ambiente que hoy rodea la conservación patrimonial es oscuro, por las muchas acciones que se han dejado de hacer:
“Veo muy mal el panorama, no veo, honestamente, nada positivo. Se hacen muy pocas declaratorias, no se le dio seguimiento al nuevo proyecto de ley, al que ya se le había hecho un buen ambiente en el plenario legislativo, y que pretendía no una nueva ley, sino ajustes a la existente, y no hay monitoreo de los edificios patrimoniales”.
En criterio de Quirós, si bien los recursos del Centro de Patrimonio, como lo dijera el propio director William Monge a la prensa, son limitados, esa no debería de ser excusa para que la situación patrimonial sea tan adversa.
“Si se alega que no hay dinero suficiente, pues eso tiene que ver con una labor de gestión. Si el Ministro de Cultura y los políticos ven resultados, aportarán más recursos, pero hay que trabajar duro para ello”.
El tema del patrimonio en sí mismo ha perdido presencia en los medios, según su punto de vista: “ahora solo cuando se da una situación extrema es que surge, pero hace unos años se había logrado crear conciencia en los medios de la relevancia que tiene para el país la conservación patrimonial. Por medio de la prensa, e incluso de unas campañas publicitarias que hicimos, se trabajaba en la educación de la población. Todo eso se ha perdido lamentablemente”.
Las palabras de Quirós no difieren en mucho de lo afirmado por la propia Ministra Silvie Durán, tras la quema, en apariencia por un problema eléctrico, de la iglesia patrimonial de Copey de Dota, el domingo 6 de agosto.
“Hoy vemos cómo prácticamente todas nuestras edificaciones históricas tienen carencias estructurales. Tenemos, por ejemplo, sistemas eléctricos o de aguas obsoletos en iglesias, espacios públicos, establecimientos educativos y muchas de las 386 edificaciones declaradas”, dijo Durán.
En esa misma línea añadió la ministra Durán en su momento: “se hace evidente que hay que plantearnos la situación como un desafío de fondo, del que debemos hacernos responsables todas las partes de forma mancomunada: propietarios, comunidades con sus organizaciones, gobiernos locales y Estado”.
El problema radica, de acuerdo con Quirós, en que no se da el seguimiento que requieren los inmuebles patrimoniales. Y esas palabras, de nuevo, coinciden con lo expresado por Durán tras el incendio de Copey.
“Es importante realizar, sistemáticamente y desde que se declaran los edificios, las previsiones de lo que supone el mantenimiento, la actualización básica de normas para la puesta en valor y el uso sostenible y responsable de estos inmuebles, una responsabilidad que es también comprometida con la seguridad humana. Estamos reaccionando cuando las condiciones de deterioro o las situaciones de riesgo son muy altas”.
Un ejemplo de esa falta de seguimiento y monitoreo, solo para citar uno de los muchos casos, es el de la casa de bahareque de San Gabriel de Aserrí, que recibió una inversión del Estado para que fuera restaurada, y hoy está cerrada, sin uso y en camino a deteriorarse, según pudo comprobar UNIVERSIDAD en una visita al lugar.
Para la arquitecta Ofelia Sanou, presidenta del Icomos, la falta de incentivos y de información es una de las fuertes razones para que el deterioro general del patrimonio empiece a dar visos de alarma.
“La gente cree que porque su inmueble fue declarado patrimonio es el Estado el que debe darle el mantenimiento y eso no es así. Por otro lado, la falta de incentivos es un grave problema. Para las personas o empresas que tienen inmuebles declarados patrimonio no hay ningún incentivo y esto hay que corregirlo”.
Precisamente una de las debilidades que los expertos han puntualizado en relación con la ley 7555 es la falta de incentivos económicos, como el descuento del impuesto sobre la renta si el propietario invierte en la restauración del inmueble o el acceso con condiciones favorables a préstamos en el sistema bancario nacional.
Otro de los puntos flacos respecto de la conservación, considera Sanou, es que no se ha logrado involucrar a las comunidades para que se sientan orgullosas de ese patrimonio y que sean ellas las que, también, colaboren en su mantenimiento y puesta en valor.
Costa Rica cuenta, según datos oficiales, con 386 declaratorias patrimoniales y la mayoría de ellas (146) se concentran en la provincia de San José.
Melvin Campos, vicepresidente de Icomos, ve con suma preocupación lo que está ocurriendo en la actualidad con la gestión del patrimonio.
“Cuando un arquitecto dice sobre el cine más antiguo del país que “si hacemos todo nuevo y conservamos la fachada estamos conservando el cien por ciento del patrimonio”, evidentemente no sabe nada de patrimonio ni de su conservación ni del estado del inmueble ni del valor del Variedades”.
Y agrega: “Cuando las autoridades correspondientes no ven problema en destruir dos balcones y abrir boquetes en las paredes del edificio patrimonial más emblemático del país, entonces tenemos un problema de criterios sobre protección del patrimonio”. (Véase entrevista aparte).
Con un Estado, como se aprecia en las distintas voces aquí citadas, al que se le hace inalcanzable el seguimiento sobre las condiciones de los bienes declarados patrimoniales, una ley que requiere ajustes o el impulso de un nuevo texto y una carencia enorme de información para que la ciudadanía tome conciencia de lo que signfica un bien patrimonial, así como la trascendencia de la conservación, el patrimonio costarricense hace agua, o arde en contradiciones, como cada cual lo quiera observar, porque aunque las perspectivas sean distintas confluyen en un mismo punto: la situación ya alcanzó visos de alarma.
