“Lo más inquietante de la moción que aparenta ser para contención del gasto”, aseveró Ana Xóchitl Alarcón, directora del Centro Costarricense de Producción Cinematográfica (CCPC), es que “con el recorte de ¢100 millones se pretende empequeñecer la institución”.
Ante un nutrido público compuesto por personas profesionales de las muchas ramas y especialidades de las creación audiovisual, aglomerado en un auditorio de la Universidad Veritas el pasado viernes 18, la funcionaria subrayó que “lo más responsable es seguir defendiendo el presupuesto total de la institución”. Además, lo que está en riesgo es que “toda actividad del CCPC tiene que ver con tareas de fomento”, como el Festival Internacional de Cine, el fondo El Fauno -que estimula la creación independiente-, el programa de proyecciones Preámbulo, o las giras que se hacen a comunidades.
Sin embargo, con franqueza reconoció que si la defensa de ese presupuesto total fracasa, las opciones disponibles son pocas: empequeñecer todos los programas, prescindir de algunos o prescindir de alguno grande. “Esto afecta la misión de la institución y muestra la vulnerabilidad por falta de una ley que garantice el presupuesto”.
De la reunión quedó que la más plausible vía para reparar el daño, es que eventualmente el Poder Ejecutivo incluya esos ¢100 millones que fueron recortados al presentar el proyecto de presupuesto extraordinario el año entrante. Una opción que parece lejana si se toma en cuenta el enfoque de recortes a rajatabla que parece haber enamorado al Ministerio de Hacienda.
“Estupidez”
La frustración e indignación se propagaron tan rápido como la mala noticia el pasado miércoles 16, cuando la Comisión de Asuntos Hacendarios aprobó una moción al proyecto de Presupuesto Ordinario de la República que recortó ¢225 millones al Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ), de los cuales ¢100 millones corresponden al CCPC. Esa modificación fue propuesta por la diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) Shirley Díaz, quien además preside la Comisión.
De acuerdo con información del Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ), en el presupuesto 2019 las transferencias a esa institución son de ¢986.241.421 millones, lo cual significa que la moción aprobada implica un recorte de 10,14%, tanto más grave cuando se trató de “una situación sumamente sorpresiva, se sentía un clima de calma respecto del presupuesto de Cultura”, según reconoció Alarcón a su preocupada audiencia.
A la reunión llegaron Laura Guido y Enrique Sánchez, diputados oficialistas, quienes, más que soluciones concretas, llegaron a hacer control de daños y a dar explicaciones sobre el por qué la moción fue aprobada por un aparente error, según explicó Guido, integrante de la Comisión de Asuntos Hacendarios y quien logró ser aplaudida.
La legisladora en primer lugar dijo que se trató de un “episodio tan terrible” y ofreció “la más sincera disculpa”, pues “lo que pasó el miércoles no representa lo que queríamos que pasara”.
Según relató, fue a medio día del miércoles que la moción “para sorpresa mía se aprueba” y especificó que en contra votaron ella misma, el también oficialista Welmer Ramos y Carlos Avendaño, de Restauración Nacional.
Dijo que tras la votación habló con otros cinco integrantes de la Comisión, quienes accedieron a cambiar el voto, cuando posteriormente, de acuerdo con el trámite usual, se revisa. Según explicó, luego de aprobar una moción -en este caso el recorte al MCJ y al CCPC-, primero se vota una de revisión; luego, otra para aprobarla definitivamente por el fondo. Sin embargo, “se dio una alteración en el orden de las mociones y caemos en la de Cultura. Votamos a favor de la revisión, en la votación por el fondo cometemos el error todos”.
Según dijo, la representación PUSC votó en contra de su propia moción de recorte. “Los que estaban a favor votaron en contra; los que estaban en contra votaron a favor. Ni diputados, ni asesores ni la gente del sector que estaba presente se percataron”.
Aseveró que “fue una estupidez, la mayor vergüenza que he pasado en mi vida”.
Sobre las rutas de solución al recorte, Guido apuntó que es posible el procedimiento de abrir el plenario legislativo en comisión, lo cual implica que se abra un periodo de cinco días para presentar mociones. Sin embargo, esa opción “es la que uno siempre quiere evitar” y advirtió que el balance de fuerzas en el plenario es hostil al financiamiento del MCJ.
De seguido, habló del “compromiso” del Poder Ejecutivo de reparar el daño en el presupuesto extraordinario que presentará a inicios de 2020. “Para mí esa es la vía más segura”, dijo.
Por su parte, el diputado Sánchez llegó a hablar de otro tema de enorme importancia y frustración para el sector, la posibilidad de que algún día llegue a aprobarse una ley de cine. Sin embargo, inició su intervención insistiendo en ese “compromiso” del Poder Ejecutivo.
“Ninguna certeza”
Marcelo Quesada, productor audiovisual y distribuidor, expresó lo contradictorio de que tal medida se imponga justo cuando “los resultados del trabajo reciente del CCPC, en aras del fortalecimiento del sector, se han empezado a notar de manera contundente, tanto en lo vinculado con la economía naranja, como lo con la generación de identidad, y el alcance a nivel internacional para exposición de una marca país, vinculado a esfuerzos de diferentes ministerios”.
“Economía naranja” es un término que engloba las actividades de las llamadas industrias creativas, como el cine.
“Aún en tiempos de la supuesta crisis fiscal, este es uno de los sectores que ha dado la cara, que ha comprobado que puede ser exitoso y generar resultados en los diferentes ámbitos”, insistió.
“Queremos ser prudentes a la hora de entender si hay una intención clara de debilitar al CCPC en función de una agenda política, o si hay desconocimiento, ambos casos tienen una gravedad similar” aseveró.
Quesada además reconoció que la solución “no va a ser tan sencilla como la aprobación de la moción, que ni siquiera se discutió”, y añadió que “siendo realistas” el camino de asignar los fondos en el presupuesto extraordinario no es la mejor solución, pues “es un parche” a falta de una ley que proteja el presupuesto estatal para el sector.
Abordada tras su intervención, Alarcón enfatizó que todas las actividades del CCPC alrededor del fomento de la producción cinematográfica y audiovisual “están asociadas a generación de empleos directos y encadenamientos productivos”.
Dijo que así la institución queda en la incómoda posición de “depender en este momento y coyuntura de la voluntad de un presupuesto extraordinario, que no tenemos ninguna certeza de que lo vayamos a tener”.
Expresó que “en este caso soy prudente y esperaría a ver si se puede explorar alguna posibilidad de rectificación o si tenemos que ir a negociar el presupuesto extraordinario. Son los dos escenarios que veo en este momento y por lo tanto todavía tengo esperanza de que se pueda recuperar y que no haya necesidad de hacer ningún recorte”.
Reforma fiscal: sálvese quien pueda
La legisladora Shirley Díaz, quien propuso la moción sin consultar con el sector y que además preside la Comisión de Asuntos Hacendarios, no ha ofrecido razones de fondo para justificar el recorte, y se ha limitado a cuestionar el presupuesto para la cultura.
El jueves, a través de sus redes sociales, afirmó que “los ₡255 millones que se aprobó rebajar ayer en la Comisión de Hacendarios al Ministerio de Cultura equivalen a un 0,54% del presupuesto presentado por este Ministerio para el 2020”.
Destacó al mismo tiempo que el monto recortado al MCJ “pasa a Asociaciones de Desarrollo, que entre muchas otras funciones fortalecen la cultura y reactivan la economía”.
En un video en YouTube de la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (Dinadeco), la diputada dice que “es muy importante” que la moción aprobada “se conserve en pie en este plenario legislativo”.
“La cultura es sumamente importante para el país -añadió-, me duele mucho haber tocado una partida del MCJ; sin embargo, el Ministerio tuvo un incremento en su prepuesto de 7,5%, lo cual redunda en ₡4 mil millones adicionales, esta moción es para que ₡255 millones pasen a las asociaciones de desarrollo”.
Cabe recordar que el MCJ es el que menos recursos recibe del Estado central. Al respecto, afirmó que “definitivamente el golpe que recibieron las asociaciones de desarrollo, producto del cambio que promovió la ley de finanzas públicas, golpea a las comunidades de todo el país”.
