El grupo de mujeres de las artes escénicas que cuestionó en abril pasado el XV Concurso Público de Puesta en Escena de la Compañía Nacional de Teatro (CNT) del 2019 mantiene las dudas en torno al debido proceso de dicho certamen.
A la vez refutan las declaraciones dadas por las partes involucradas en el artículo sobre el tema, publicado por UNIVERSIDAD el 2 de julio.
Así lo expresan las artistas escénicas en un comunicado de prensa remitido ayer a este medio, en el que además solicitan a las instituciones involucradas (CNT y Teatro Popular Melico Salazar) reconocer “el margen de ilegalidad bajo el cual se eligió a la ganadora del XV CPE al no cumplir los requisitos mínimos establecidos por la misma institución (CNT)”.
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El reportaje de UNIVERSIDAD dio cuenta de la denuncia interpuesta por el colectivo por considerar que el procedimiento de selección de la propuesta Aves, que resultó ganadora del certamen, no cumplía con los requisitos del apartado 4.3.1 de las bases del concurso.
Dichos requerimientos especificaban que las postulantes debían contar con cinco montajes profesionales, difundidos ampliamente por medios de comunicación.
El proyecto escénico presentado por Marialaura Salom, actualmente en proceso de producción por un monto de ₡ 55 millones, fue ratificado por la Junta Directiva del Melico Salazar, luego de que la asesoría legal de la institución diera su criterio a favor de que el montaje continuara, pues la concursante entregó una declaración jurada del cumplimiento de los requisitos.
A pesar de la ratificación de la puesta en escena de Aves, el grupo de mujeres constituido por Tatiana Sobrado Lorenzo, Erika Rojas Barrantes, Grettel Méndez Ramírez, Milena Picado Rossi, Alejandra Marín Solera, Gladys Alzate Quintero y Roxana Ávila Harper, sigue cuestionando los aspectos impugnados en la denuncia original.
En el comunicado de prensa, las denunciantes consideran inválido que una estudiante de carrera universitaria que opta por un título académico para convertirse en profesional, “para el cual, como parte de sus requisitos, realiza una tarea o examen para obtener una nota que pondrá un(a) docente calificado(a), utilice esto como prueba de una acción profesional”.
De acuerdo con los argumentos esgrimidos por el colectivo, se debe partir “del hecho conocido por todos(as), de que un ejercicio (en este caso dos: uno de 10 minutos y otro de 20 minutos) del curso Puesta en Escena I y II respectivamente, en una tarde de exámenes, frente a un jurado evaluador y frente a quienes deseen llegar al mismo (es decir abierto al público), no se puede incluir, ni menos jurar, como un ejercicio profesional de dirección”.
El documento a la vez invalida que los ejercicios académicos hayan sido ampliamente divulgados, ya que la difusión fue mediante invitaciones privadas a amigos o familiares y no a través de medios de comunicación masiva.
“Estos hechos, consideramos, no dejan margen a discusión, a menos que se quiera forzar la interpretación para defender intereses particulares”, reza el texto.
El colectivo de mujeres también apunta como fundamental que los responsables de verificar y confirmar los atestados mencionados en el curriculum por las dos postulantes al concurso no deben evadir la responsabilidad que les corresponde.
“La señora Sandra Loría dice, en la entrevista a la periodista Fernández, que su trabajo es corroborar que las personas entreguen la información y no que la misma sea cierta. En este entendido, si esta verificación no le correspondía a la productora de la CNT, ¿a quién sí le corresponde entonces verificar la veracidad y el cumplimiento de los requisitos?”, se preguntan las denunciantes.
Otro de los aspectos cuestionados en el documento es en relación al objetivo alcanzado con la obtención a posteriori de la declaración jurada de idoneidad por parte de la ganadora del Concurso.
“Si la situación de incumplimiento de requisitos se mantiene, ¿pretende la institución librarse de responsabilidad o mantenerse al margen al respecto de la falta de supervisión sobre el proceso de adjudicación al XV CPE que otorga varias decenas de millones de colones del fondo público para la realización de un montaje escénico profesional?”.
El grupo de mujeres termina el comunicado solicitando una respuesta pública por parte de las instituciones cuestionadas, en relación con varias preguntas planteadas, entre ellas, las dos mencionadas a continuación:
“¿Cuándo reconocerán las instituciones el margen de ilegalidad bajo el cual se eligió a la ganadora del XV CPE al no cumplir los requisitos mínimos establecidos por la misma institución (CNT)?
¿De qué manera se responsabilizará a las personas que actuaron en parámetros de ilegalidad y/o negligencia al respecto de la revisión y comprobación de requisitos de elegibilidad de las concursantes?”
