“Si nosotros pudiéramos utilizáramos ese superávit de 136.000 millones (de colones) que tiene el sistema financiero para la vivienda, podríamos generar un enorme número de viviendas para los costarricenses. Si usáramos los 210 mil millones (de colones) que el DIEE y el sistema para la educación tiene para construir aulas, no solo le ayudaríamos a estudiantes, reactivaríamos la construcción (…) 4300 millones de dólares en créditos aprobados por los que solamente en un año pagamos 8 millones de dólares en clausulas de compromiso. Es hora de agilizar la utilización de los recursos disponibles y reactivar la economía y generar empleo”.
Esas son las afirmaciones que realizó ), el candidato por el Partido Alianza Demócrata Cristiana, Mario Redondo, el pasado domingo 7 de enero en el debate presidencial organizado por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
¿Son ciertos esos datos brindados por Redondo?
UNIVERSIDAD chequeó la veracidad y estos son los resultados:
Vivienda: VERDADERO
De acuerdo con datos del Sistema de Información de Presupuestos Públicos (SIPP) de la Contraloría General de la República (CGR), el Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI) presenta un superávit de ȼ155.850,64 millones al 31 de diciembre de 2017. Este superávit aumentó, pues según la memoria anual de la CGR, en el 2016 el BANHVI cerró con ȼ145.604,00 millones que no ejecutó; un fenómeno que se ha mantenido en esta institución desde el 2012 manteniéndose por encima de los ȼ125.000,00 millones.
Según el SIPP, el año anterior el BANHVI recibió ingresos por ȼ231.000 millones, de los cuáles sólo gastó ȼ75.149 millones. De hecho, el BANHVI reporta una disminución en sus niveles de ejecución de egresos. De manera que es cierta la primera afirmación del candidato Redondo.
Aulas: VERDADERO
La Memoria Anual de la Contraloría General de la República (CGR) del 2016 indica que: “En cuanto a las Juntas de Educación y Administrativas, estas son responsables en gran medida de administrar los recursos para infraestructura, concepto por el cual recibieron ¢68.349 millones en 2016, que se sumaron a los ¢109.368 millones que tenían disponibles en Caja Única (dinero transferido que no usan) al inicio del período.”
En términos netos, según la misma memoria de la Contraloría, el dinero en Caja Única de las Juntas de Educación cerró el 2016 en ¢122.861 millones para infraestructura educativa específicamente. Pero este monto contempla la suma de los ¢68.349 millones que estas entidades recibieron en el 2016 (descontando todos los débitos y créditos realizados durante el año 2016).
De manera que el dinero disponible de las Juntas en Caja Única para infraestructura educativa es de ¢122.861 millones. Esto según el Reporte de Saldos de Infraestructura Educativa al mes de diciembre del 2016 del Sistema de Control Contable de Fondos de la Tesorería Nacional.
A esto se le suma también el superávit que registra la Dirección de Infraestructura y Equipamiento (DIEE) del Ministerio de Educación Pública (MEP) correspondiente a ¢95.255,82 millones.
Todos estos recursos sumados dan como resultado ¢218.116 millones. Sin embargo, el total del superávit del DIEE no es sólo para infraestructura educativa, porque debe destinar parte de su presupuesto al pago de salarios, materiales, suministros, servicios y otros, por lo que ese gran total de superávit en infraestructura educativa se ve reducido.
Es decir, la segunda afirmación de Redondo también es correcta, pero teniendo en cuenta que no todo el dinero de la DIEE es para infraestructura educativa.
Créditos: ENGAÑOSO
En el caso de los créditos financiados con deuda externa, según el Informe de Seguimiento de Créditos Públicos que emite la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, para el I Semestre del 2017, “(…) la cartera de créditos en ejecución está conformada por un total de 30 préstamos externos, correspondiendo 24 préstamos a endeudamiento donde el Gobierno figura como deudor o garante y 6 préstamos donde la institución pública comparece contractualmente como deudor y garante, los cuales representan un endeudamiento externo autorizado con organismos multilaterales y bilaterales de alrededor de US$4.299,2 millones, siendo que el monto desembolsado ($1.635,06 millones) constituye aproximadamente un 14,70% del saldo de la deuda externa del sector público a junio 2017 y un 23,80% excluyendo la colocación internacional de títulos deuda pública.” (Pág. 12).
No obstante, Julio Espinoza, Director General de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, explicó que para poder hacer uso de fondos provenientes de contratos de préstamos financiados con endeudamiento externo, las instituciones a cargo de ejecutar los proyectos específicos que se derivan de estos financiamientos, deben cumplir con las condiciones establecidas en dichos contratos.
“(…) estos recursos a lo que se hacen referencia es a los contratados de la actual cartera de préstamos externos en ejecución, la cual está compuesta por endeudamientos que se encuentran en distintas etapas del ciclo de vida, lo que implica que varios de estos más bien ya se encuentran con un estado de ejecución muy avanzado o incluso finalizando, mientras que otros están más al inicio de su ciclo de vida, cumpliendo condiciones previas al primer desembolso y/o realizando procesos de contratación”, destacó Espinoza.
El jerarca también detalló que estos recursos están destinados a un fin específico, por lo que se encuentran comprometidos para determinados programas y proyectos.
“(…) estos programas/proyectos aparte de sus estudios de viabilidad y factibilidad, requirieron en su oportunidad de aprobaciones internas a nivel de los bancos financiadores, así como de aprobaciones administrativas internas con distintos entes, tales como el Ministerio de Planificación y Política Económica, el Banco Central de Costa Rica y el Ministerio de Hacienda. Asimismo, la gran mayoría de estos endeudamientos cuentan con una Ley específica, por lo que si se quisieran cambiar los objetivos del Contrato de Préstamo o los fines para los cuales fue diseñado su alcance, tendrían, por ejemplo, que volver a someterse a la Asamblea Legislativa para aprobar estos cambios con las implicaciones de tiempo que esto conlleva”, indicó.
Es decir, el destino de los recursos está dado por ley y un cambio de destino requiere no sólo la aprobación de otra ley, sino también, la aprobación del ente prestatario.
De tal forma que los $4.000 millones a los que se hace referencia no están sin utilizar, pues los programas y proyectos que confirman este monto contratado, se encuentran en distintos ciclos de vida, incluso algunos ya han finalizado.
Con respecto a las comisiones de compromisos pagadas en el año 2016, el anexo 5 del Informe de Seguimiento de Créditos Públicos para el I semestre del 2017, indica que en el año 2016 se pagaron $7.962.086,05 en comisiones de compromiso. Por lo que lo afirmado por el candidato sobre este tema, también es correcto.
