Juan Diego Castro: “La corrupción y la criminalidad cuestan 3,5% del PIB, más de la mitad del déficit fiscal” ENGAÑOSA…

Estimación del costo de la criminalidad incluye gasto en programas de cárceles y privación de libertad que el PIN pretende expandir

“La mejor forma de entrarle al déficit fiscal es parando la corrupción y la criminalidad que nos cuestan 3,5% del PIB. Más de la mitad del déficit fiscal (…)”.

Esta es la afirmación que el candidato del Partido Integración Nacional (PIN), Juan Diego Castro, señaló este domingo en el debate organizado por el Tribunal Supremo de Elecciones ante la pregunta “¿Cuáles son las acciones concretas que usted plantea para resolver el tema del déficit fiscal?” .

Aunque el dato utilizado por Juan Diego Castro es verdadero, la cita es engañosa si se consideran las propuestas del candidato en materia de criminalidad que, más bien, podrían aumentar el gasto público estimado.

Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) llamado “Los costos del crimen y de la violencia” coincide al indicar que el costo de la criminalidad en Costa Rica ascendía en el 2014 al 3,48% del Producto Interno Bruto (PIB).

Sin embargo, el estudio contempla y cuestiona en sus estimaciones el costo de la atención de las cárceles y los recursos perdidos por encerrar a personas. Varias de las políticas de Castro -más bien- se concentran en la expansión de esos sistemas, lo cual podría aumentar el gasto público.

El estudio, además, no incluyó el cálculo del costo de la corrupción.

“En particular, la corrupción no ha estado expuesta a ninguna de las metodologías destinadas a cuantificar los costos del crimen”, señala la investigación al describir qué nuevos estudios podrían desarrollarse sobre el tema.

En tercer lugar, el estudio separa entre los costos de la criminalidad públicos, privados y el costo social de estos actos.

En el cálculo, los costos públicos incluyen el gasto público en el sistema judicial, la prestación de servicios policiales y la administración de prisiones (sistemas que Castro pretende expandir, según ha manifestado públicamente). El gasto privado incluye el gasto de las empresas y los hogares en la prevención del delito, es decir el gasto en servicios de seguridad. Por último se incluyen los costos de la victimización “en términos de pérdida de la calidad de vida por homicidios y otros delitos violentos y los ingresos perdidos (no generados) de la población penitenciaria”.

La investigación indica que el gasto público para prevenir y juzgar la criminalidad en Costa Rica es de un 1,41% del PIB, frente a un gasto privado de un 1,5% del PIB. También hay otros costos sociales asociados, como el de los homicidios (0,16% del PIB).

En los cálculos del BID se incluye el costo del mantenimiento carcelario, y se cuestiona reiteradamente la efectividad de las medidas penitenciarias aplicadas en la región, debido -más bien- a su alto costo. El gasto en administración de prisiones y las pérdidas económicas por encerrar a personas en la cárcel promedió entre el 2010 y el 2014 un 0,55% del PIB de Costa Rica.

El estudio, de hecho, señala: “no está claro que (el alza en) políticas de encarcelamiento haya tenido un efecto significativo en el crimen”.

En febrero de 2017 la investigadora Laura Jaitman añadió al semanario El Financiero:

“Invertir en sistemas de diagnóstico de riesgos de los privados de libertad y que haya distintas opciones haría las políticas más eficientes. Incluso las penas alternativas han mostrado buenos efectos para determinados perfiles de bajo riesgo”, dijo.

Universidad procuró consignar la versión del candidato Castro, pero aún no se ha recibido respuesta.

(Créditos: Foto tomada de su Facebook)


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