Por ley, el Ministerio de Educación Pública (MEP) debe distribuir proporcionalmente sus recursos según la matrícula de cada una de las instituciones de enseñanza. Es decir, la distribución de recursos a cada una de las juntas de educación y administrativas no diferencia entre región, ni en zona urbana y rural.
“Esto quiere decir que se le asigna la misma cantidad de recursos económicos a la junta administrativa de un colegio público ubicado en San Pedro de Montes de Oca, como a uno ubicado en Matina de Limón, si tienen la misma cantidad de estudiantes”, según señaló una investigación del Programa del Estado de la Nación en el 2014.
Así se indica en el artículo 6 de la ley 6746 que crea el fondo para financiar las juntas de educación y las juntas administrativas de enseñanza oficial del país define que el Departamento Financiero del Ministerio de Educación Público.
Sin embargo, dicha política de distribución proporcional de recursos no podría ser la más óptima para enfrentar la desigualdad. Según señaló el Programa del Estado de la Nación, esa repartición hace que no se tomen en cuenta las desventajas a las que hoy se ven enfrentados los estudiantes de zonas más desfavorecidas.
Aunque esa política debe transformarse para apoyar a los estudiantes de zonas más desfavorecidas (que son más vulnerables por el contexto de su zona de residencia), es falso que haya una distribución desigual en los recursos.
Créditos del equipo de chequeo
Redacción y chequeo: Hulda Miranda, Javier Córdoba, Daniel Salazar, Luis Fernando Cascante, Jafeth Mora, Monserrat Cordero, Claudia Leandro.
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Fotografía: Miriet Ábrego
Periodista: Álvaro Murillo
Colaborador: Andrés Fernández
