En su último discurso como presidente de la República, Luis Guillermo Solís Rivera expuso este miércoles, ante la Asamblea Legislativa, los que consideró los logros más importantes de su gestión durante los últimos cuatro años.
Un equipo de UNIVERSIDAD verificó varias de las afirmaciones efectuadas por el presidente y encontró que algunas de ellas son falsas, engañosas u omisas de información importante.
Estas son las 13 afirmaciones puestas bajo la lupa:
Área Social: Pobreza y desigualdad
“Se redujeron los niveles de pobreza, estancados por años “.
Ojo. Es cierto que la pobreza bajó en Costa Rica durante la administración de Luis Guillermo Solís al pasar de 22,4% a 20%, de acuerdo con la línea de pobreza; sin embargo, es engañoso referirse a un estancamiento “por años”.
En primer lugar, el mandatario no precisó a cuáles años se refiere y en Costa Rica se han producido varios cambios metodológicos en las encuestas de hogares que no permiten realizar comparaciones directas para años previos al 2010, según explicó el economista, Andrés Fernández.
Si el presidente se refiere al periodo que inicia en 2010 , ignora que durante la administración de Laura Chinchilla hubo reducciones de pobreza. En todo caso, considerando las mediciones existentes años atrás, la pobreza ha estado en un estancamiento de alrededor del 20% desde 1994. La reducción de la pobreza en la administración actual no logró sacar al país de ese “estancamiento”.
“…revolucionamos las herramientas para combatirla (la pobreza) al pasar de una medición tradicional delimitada por el ingreso a una evaluación multidimensional (…)de un modelo de información fragmentado a concretar la añeja aspiración de contar con una plataforma de datos unificada, que se volvió una realidad con el SINIRUBE”
El presidente menciona el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE) dentro del marco de herramientas para combatir la pobreza. No obstante, esta plataforma –si bien es cierto se creó por ley en el 2013, empezó a funcionar hasta finales del año pasado como el mismo Gobierno dio a conocer en esta noticia. Será en el futuro que se podrá ver el impacto de este sistema en el combate a la pobreza.
“Conseguimos una disminución histórica en la pobreza del país”.
Nuevamente, el presidente no nos dice a qué se refiere con “histórica”, pues hubo otros años con mayores reducciones que algunos de los de su gobierno. De acuerdo con el economista Andrés Fernández, los cambios ocurridos en los periodos 1992-1993, 2006-2007 fueron los más grandes, donde la pobreza se redujo en 21% y 17% respectivamente. Luego, en 1993-1994 se redujo en 13%, en 2002-2003 10%, en 1991-1992 en 8% y finalmente, en sexta posición, el cambio en 2015-2016 fue del 5,5%.
Es decir, existieron otros 5 momentos en los que el país experimentó reducciones de la pobreza más grandes (de acuerdo con la metodología de cada momento) que la vista en el año 2015-2016, que fue la más grande del gobierno del gobierno de Luis Guillermo Solís.
“Logramos disminuir la desigualdad con el Índice de Gini más bajo en los últimos 7 años como concluye el Informe Estado de la Nación 2017 (…) La lucha contra la desigualdad también dio resultados positivos, pues descendió al nivel más bajo de los últimos siete años”.
Falso. Este dato es completamente erróneo. Primero, el encargado de calcular el coeficiente de Gini es oficialmente el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) y no el Estado de la Nación. De acuerdo con los datos del INEC, la desigualdad viene creciendo desde el 2010. El dato más alto fue en el 2016 (0.515) seguido del 2017 (0.514). En el 2010 fue de 0.503 (entre más cercano esté el Coeficiente de Gini a uno mayor desigualdad reflejará). Por otro lado, el Estado de la Nación 2017 tampoco dice esto, sino que señala que la desigualdad en la distribución de ingresos está en sus máximos niveles históricos.
“Mi administración asumió el tema de empleo con la seriedad que merece al implementar y mantener estrategias para generar nuevos empleos, reducir la informalidad, fomentar la seguridad social y orientar la transversalización de la calidad y el empleo decente. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho), entre 2014 y 2017 el número de personas ocupadas aumentó en 68.556 personas y el número de asegurados directos creció en 116.895 personas. Mientras el anterior Gobierno alcanzó los niveles de desempleo más altos en la historia reciente del país, de hasta un 10,9%, en los últimos 10 trimestres la tasa de desempleo se ha ubicado por debajo del 10% e incluso la Encuesta Continua de Empleo más reciente señaló que la tasa de desempleo es de 9,3% ”.
El presidente hace referencia a dos tipos de mediciones, por lo cual se debe aclarar. En la primera, con base en la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) elaborada por el INEC, el Gobierno sí cumplió la meta prevista en materia de desempleo. Si se comparan los resultados del gobierno de Solís con respecto a las metas establecidas en su Plan Nacional de Desarrollo. Para 2015, Solís fijó la meta de 2015 en 8,35%, sin embargo, esa cifra fue de 8,5% (único año en donde se quedó corto). Para 2016, la meta del gobierno fue de 8,05%, mientras que el desempleo para ese año bajó a 7,8%, superando la meta. En 2017, último año en que la Enaho maneja cifras, el Gobierno se puso el objetivo de llegar al 7,6%, mientras que el resultado final fue de 7,5%.
Sin embargo, en la segunda parte de la afirmación, Solís hace referencia a una comparación con el Gobierno de Laura Chinchilla, pero aquí brinda datos engañosos pues menciona solo el trimestre en el que el Gobierno de Chinchilla tuvo la tasa más alta de desempleo, sin considerar que en esa administración también se vio la tasa más baja de desempleo de los últimos dos Gobiernos, que fue de 8,3%, de acuerdo con la Encuesta Continua de Empleo (también elaborada por INEC, pero con distinta metodología que la Enaho). Durante la administración de Solís, la tasa de desempleo más baja fue de 8,5% y la más alta de 10,1%. Para el economista Andrés Fernández, lo correcto para comparar los gobiernos es sacar promedios.
En la administración de Chinchilla el promedio fue de 9,8% (a partir de los datos disponibles desde el tercer trimestre de 2010 hasta el último trimestre de 2013) y en la de Solís de 9,5%. (desde el tercer trimestre de 2014 hasta el último trimestre de 2017).
“Se logró desacelerar el ritmo de crecimiento del gasto que pasó de un 13,8% en el periodo 2010-2013 a un 8,6% en el periodo 2014-2017”
Según el economista Melvin Garita el dato es falso. “En esos periodos el gasto anual real creció anualmente 4.5% en el periodo 2010-2013 y 8.0% en el periodo 2014-2017, cifras completamente diferentes a lo que se indica en el discurso”.
En realidad, el discurso de Solís calcula el crecimiento del gasto de punta a punta entre el 2010 y el 2013 (13,8%). Sin embargo, el Presidente no hace lo mismo con el período 2014-2017, donde presenta el crecimiento anual. Los datos no son comparables. Si el presidente hubiera calculado el crecimiento del gasto de punta a punta la cifra no habría sido 8,6%, sino de casi el triple de ello.
Economía
“Tanto las instituciones financieras especializadas globales y regionales, así como los analistas económicos, todos plantearon que el periodo 2014 – 2018 sería crucial para devolver gobernabilidad a las finanzas públicas del país y confianza a los actores económicos mediante acciones que disminuyeran el gasto público fiscalizaran y aumentaran el cumplimiento con las disposiciones tributarias, avanzaran en la adopción de decisiones principalmente legislativas necesarias para que este y cualquier otro gobierno comprometido con la responsabilidad fiscal contara con herramientas y condiciones estructurales para detener el crecimiento acelerado de la deuda, actualizar la legislación tributaria y controlar los disparadores del gasto”
El discurso habla de “acciones que disminuyeran el gasto público” cuando en los últimos 4 años a marzo de 2018 el gasto ha crecido anualmente en términos reales un 7,3%, pasando de representar el 19,5% del PIB en marzo de 2014 a representar 20,6% en marzo de 2018 (+1,1 punto porcentual), según estima el economista Melvin Garita.
Según el economista, ese crecimiento se vio impulsado por remuneraciones (4,2%) y transferencias (7,0%), rubros que siguen siendo los disparadores del gasto.
A pesar del alza en las evaluaciones, existen otros elementos que deben considerarse al evaluar supuestas mejoras en las condiciones para la atracción de inversiones o una mejor oferta de productos. Por ejemplo, en esa área la Administración Solís Rivera congeló el ingreso de Costa Rica a la Alianza del Pacífico y el país fue acusado por primera vez ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) por suspender los permisos de importación de aguacate de proveniente de México, con argumentos que el gobierno de ese país señalaba que “no están justificados técnica ni científicamente” y que eran contrarios a los principios de la OMC.
“Costa Rica ha experimentado en esta administración un crecimiento económico sostenido. Se logró pasar de un crecimiento de 2,3% en el 2013 a un aumento del Producto Interno Bruto (PIB) por encima del 3% (2015: 3,6%, 2016: 4,2%, 2017: 3,2%), sin dudas un excelente desempeño, considerando que América Latina en promedio cayó 1,1%.osta Rica ha experimentado en esta administración un crecimiento económico sostenido.”
Es cierto que la economía se ha acelerado respecto al crecimiento que se presentó a finales del 2013. Sin embargo, según resalta el economista Melvin Garita la economía costarricense desde mediados del 2016 viene creciendo por debajo del promedio de 4,15% al que ha crecido en los últimos 26 años (excluyendo valores extremos). Desde junio de 2016 hasta febrero de 2018 el crecimiento interanual del Índice mensual de actividad económica (IMAE) promedia un 3,27%.
“Técnicamente un país pequeño puede y debe crecer más que sus socios comerciales, sin embargo, el discurso del presidente se enfoca en compararnos con Latinoamérica, una región marcada por los enormes problemas de corrupción e inestabilidad política que se viven en Brasil. Costa Rica ha venido creciendo a tasas similares a las de las grandes economías desarrolladas, cuando puede y debe crecer a mayores tasas, un aspecto que la mayoría de las teorías de crecimiento económico respaldan”, agregó Garita.
Área: Infraestructura y transportes
“En lo que respecta a obra vial, la consigna de la Administración fue reactivar la construcción de obras públicas, mejorar las conexiones en zonas de difícil acceso y optimizar la transitabilidad de los principales corredores de exportación e importación de productos.”
La última revisión del MIDEPLAN a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo revelaba un cumplimiento en el sector de infraestructura y transportes de apenas un 39% de las metas, hacia el final del 2017. Del porcentaje restante, un 58% de las metas presentan atrasos críticos y no se han cumplido.
El sector de infraestructura y transporte es el que menos cumplio las metas trazadas por la administración Solís al inicio de la administración.
“Se desempolvaron las acciones para iniciar la sectorización del transporte público y construir un modelo de pago electrónico para esta actividad (…) En el tema de transportes, hemos articulado la ruta para implementar el proceso de sectorización y el pago electrónico en modalidades de transporte autobús y ferrocarril, necesario para consolidar el proceso de modernización del transporte y renovar las concesiones del año 2000”
ENGAÑOSO. Aunque las autoridades del sector transporte, bancario y los operadores firmaron un convenio para implementar el pago electrónico, aún falta la etapa más importante: la implementación. Aunque hubo avances, estos fueron insuficientes con respecto a las mismas promesas trazadas. Por ejemplo, el MOPT había asegurado que dicho sistema se implementaría a finales del 2016.
Con respecto a la sectorización, aunque el gobierno logró implementar un carril exclusivo para buses en Tibás, no logró terminar todo el proyecto en la Gran Área Metropolitana. Al no tener cobro electrónico, tampoco se cuenta con los datos para saber a cuántas personas impactó la decisión.
“Impulsamos de manera decidida la conclusión o arranque de proyectos de infraestructura vial rezagados, algunos por décadas: el Arco Norte de la carretera de Circunvalación; los avances en el tramo central de la carretera Naranjo – Florencia; Punta Norte entre Ciudad Quesada y Florencia de San Carlos; el corredor vial Vuelta de Kopper – Chilamate; la carretera y el puente Yolanda Oreamuno entre La Uruca y Jardines del Recuerdo; el inicio de obras de la Ruta 32, la carretera Paquera – Playa Naranjo; la Ruta de la Leche en Nicoya; la Ruta Maleku que conecta los territorios de la zona norte y los 18 kilómetros que faltaban de asfaltar de la carretera a Monteverde”.
El Presidente afirma un “impulso de manera decidida a proyectos de infraestructura vial rezagados”, sin embargo, en su Plan Nacional de Desarrollo fija la meta de un avance del 30% en la ampliación de la ruta 32, situación que aún ni siquiera resuelve temas de expropiaciones, importación de maquinaria y diseños.
La misma ambiciosa meta se propuso para la ruta San José – San Ramón (30%), sin embargo, en enero la gerente del proyecto afirmó que aún ni siquiera hay estudios de factibilidad financiera, es decir, aún no se sabe quién pagará esa carretera, estancada desde 1994.
A esto se debe agregar el retraso de más de un año de los proyectos de ampliación del puente sobre el río Virilla, en Tibás (puente Saprissa), y en Santa Ana, por las discrepancias entre la agencia de la ONU (Unops) y la Contraloría General de la República, sobre la contratación directa de las empresas constructoras y la discrecionalidad en sus razones.
En las metas de Solís también se fijó el plazo de concluir el arco norte de Circunvalación en su totalidad para 2016, sin embargo, las obras apenas en 2018 parecen caminar, con un avance en los movimientos de tierra, y un progreso en labores de excavación de la vía.
“Dejamos debidamente encaminado el proyecto del Tren Rápido de Pasajeros”.
ENGAÑOSO. Los aires de optimismo no pueden ocultar el hecho de que el mismo Plan Nacional de Desarrollo planteó que para el 2016-2018 se estableció que la primera etapa del tren estaría concluida y que el proyecto tendría un costo de 381.500 millones de colones. Ahora, la meta del gobierno del presidente electo, Carlos Alvarado, fija mayo de 2022 como punto en donde la primera fase estará terminada. Ahora, el costo asciende a unos 917 mil millones de colones. La obra, que consiste en un sistema de tren eléctrico a doble vía sobre 89 kilómetros, aún no se sabe cómo se financiará y aún no cuenta con los permisos ambientales.
*Nota del editor: El equipo de fact-checking de UNIVERSIDAD seguirá trabajando en verificar el discurso del mandatario. Si usted considera que alguna afirmación debe ser verificada, le agradecemos enviar la sugerencia a [email protected] .