La diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC) Epsy Campbell impulsa un proyecto de ley que busca “el derecho a la educación superior a los y las estudiantes sin discriminación por la condición socioeconómica.” Algo así como un sistema de cupos para estudiantes de zonas rurales y urbano-marginales a los que se les dificulta el ingreso a las universidades estatales.
El proyecto propone que las universidades públicas, financiadas por el Presupuesto Nacional, reserven al menos un 50% de las plazas de las carreras de mayor demanda para los diez primeros promedios de cada colegio público.
El enfoque provocó preocupación entre autoridades y estudiantes que ven afectadas la autonomía universitaria y el financiamiento. Los rectores de las universidades estatales y las federaciones de estudiantes se manifestaron en contra del proyecto.
La Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (Feucr), por ejemplo, lo señala como discriminatorio porque a su juicio limita que los mejores promedios de escuelas públicas puedan escoger otras carreras fuera de las de mayor demanda.
El contenido del capítulo no deja clara la medida para distinguir las carreras de mayor demanda con respecto a las demás ni cómo se distribuirán los estudiantes en las diversas universidades públicas.
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Este proyecto de Ley parte del hecho que el programa de becas de las universidades públicas funciona y que le llegará a los estudiantes de escasos recursos que necesitan beca”.
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Henning Jensen, rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), se mostró agradecido con cualquier propuesta que busque asegurar un mejoramiento en la educación superior; sin embargo, considera que este proyecto no podrá cumplir con lo que plantea. Además, señaló que la propuesta puede dar resultados contraproducentes y crear menos equidad.
“Si tenemos a los 10 mejores promedios de un colegio, y en ese mismo colegio tenemos a un estudiante con un promedio general que lo coloca en el quinceavo lugar, pero sus notas son superiores a otros 10 de otro colegio, entonces ese muchacho quedará excluido”, ejemplificó el rector.
Según datos brindados por la Oficina de Registro e Información de la UCR, en el 2016 el 64,5% (5.410 alumnos) del ingreso fue de estudiantes de educación secundaria pública.
Si se compara ese dato con el 61,7% (1.961 alumnos), del 2014, se establece un crecimiento de casi 3% en el ingreso de estudiantes de colegios públicos.
Los datos de admisión de la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA) señalan que la cantidad de admitidos de centros educativos públicos fue de 66,2% en el 2016, 2,4% más que la admisión del 2014.
Al cierre de esta edición no fue posible contactar a registro del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), sin embargo, según una nota publicada en El Financiero la cifra fue de 59,3% en el 2013.
El V Informe del Estado de la Educación indicó que hasta un 75% de los estudiantes de las universidades estatales se graduaron de colegios públicos; hasta un 88% si se habla de estudiantes de primer ingreso.
Las universidades coinciden en que tomando en cuenta los datos anteriores, y las diferentes medidas que se aplican en las universidades públicas para apostar por una mayor democratización en la admisión, el proyecto de ley de Campbell es innecesario.
Para la Feuna, el proyecto de ley está basado en la desinformación a la ciudadanía.
“La desinformación va en dos vías: utilizar el nombre de las federaciones para decir que estamos de acuerdo cuando no es así. Y también porque no evidencia los diferentes procesos de admisión de cada universidad. Esto genera desinformación a la población costarricense”.
Sin embargo, tanto la diputada Campbell como las autoridades universitarias, concuerdan en la importancia de que la curva de ingreso de personas con menos oportunidades aumente.
Polémico financiamiento
El segundo capítulo del proyecto trata de la creación de un Programa Nacional de Nivelación (Pronani). Una de las funciones principales es crear un sistema de nivelación que prepare a los estudiantes provenientes de instituciones públicas para enfrentar los retos académicos en igualdad de condiciones que los de colegios privados.
En el artículo 22 del proyecto de ley se establece que “el Pronani se financiará con el aporte del 0,15% del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) que reciba cada universidad pública, así como otros recursos provenientes de convenios de cooperación.”Teniendo en cuenta el FEES del 2016, el monto establecido en el documento equivale aproximadamente a 600 millones de colones.
El tema del FEES ya había sido abordado por la legisladora Epsy Campbell en el 2014, cuando apoyó al diputado Ottón Solís que proponía la reducción del fondo en un 2%.
Las federaciones de estudiantes consultadas por UNIVERSIDAD y el rector de la UCR, Hennig Jensen, también manifestaron su negativa de forma categórica.
“Nos parece realmente irresponsable presentar este tipo de cambios en la inversión del FEES sin presentar ni apoyar el fortalecimiento de este presupuesto. Este dinero puede mejorar las oportunidades y las condiciones. Esto es una forma de que las universidades tomen el papel que debe tener el Ministerio de Educación Pública,” manifestó el consejo de la Feucr.
“Inconstitucional” fue la palabra con la cual Jensen se refirió a la propuesta del financiamiento del Pronani.
“Epsy (Campbell) no puede disponer del presupuesto de esa manera. Hay que tratar de resaltar la bondad de la intención pero, a mi criterio, es inconstitucional. El FEES es manejado por las universidades. Las universidades establecen sus fines y objetivos,” expresó el rector.
AUTONOMÍA
De nuevo las autoridades universitarias no coinciden con la diputada y regresa la divergencia con respecto al tema.
Epsy Campbell dedicó gran parte del proyecto de ley a defender que, mire por donde se mire, la iniciativa no amenaza la autonomía universitaria. La legisladora asegura que el Parlamento sí puede regular a las instituciones autónomas por medio de una Ley ordinaria, “debido a que la autonomía de cualquier grado lo es con respecto del Poder Ejecutivo (o Administración central), mas nunca con respecto del Poder Legislativo”.
Con respecto a la lectura sugerida por Epsy Campbell, el rector de la UCR muestra otra interpretación.
“Estoy de acuerdo, pero lo que no toma en consideración es que la Asamblea tiene potestades legislativas sobre la educación superior pública siempre y cuando esté dentro del marco de la constitución. El texto constitucional dice que las universidades públicas estatales gozan de autonomía plena para ejercer nuestro propio gobierno y administración. Pueden legislar siempre y cuando se esté en concordancia con ese principio constitucional,” comunicó el jerarca.
Para la diputada, el proyecto fortalece la autonomía universitaria “al ampliar e implementar con mejor acierto legislativo sus potenciales alcances en beneficio de la progresividad de los derechos humanos de poblaciones históricamente desventajadas”. Así dice el proyecto de ley.
Las federaciones estudiantiles suponen lo contrario.
“La gestión de la Universidad es quien determina cómo va a administrar y autogobernarse. Si llega un proyecto de ley en donde la Asamblea impone a las universidades que tienen que representar o admitir a determinada cantidad de los sectores es intromisión a la gestión y administración de la Universidad,” expresó la presidenta de la Federación de Estudiantes de la UNA (Feuna), Diana Fernández.
Por otra parte, Rebeca Madriz, presidenta de la Federación de Estudiantes del Instituto Tecnológico de Costa Rica (Feitec) argumentó que la diputada no puede decirles a las universidades a quién debe y a quién no debe aceptar.
Ambas partes se defienden desde sus trincheras, sin embargo hay algo en lo que sí coinciden. Tanto la Feucr, en su pronunciamiento público, como la diputada, en su proyecto de ley, respaldan sus posiciones basados en el Voto NO. 1313-93 de la Sala Constitucional. La única diferencia es el extracto del texto que resaltan.
MOLESTIA
Las federaciones de estudiantes se mostraron molestas con declaraciones brindadas por Epsy Campbell en donde la diputada asegura que cuenta con el apoyo de ellas.
UNIVERSIDAD consultó con representantes de cada federación y todas coincidieron en que en ningún momento le dieron algún tipo de consentimiento a la diputada.
La Feucr lo dejó claro en un pronunciamiento que hizo público el 2 de junio, un día después de una conferencia de prensa brindada por Campbell.
“Sobre dicha aseveración, desde el actual Directorio de la Feucr aclaramos que no hemos sido consultados sobre la propuesta. Además la diputada nos convocó a una reunión que lamentablemente nos canceló y la cual no se reprogramó,” dice el comunicado.
Epsy Campbell aseguró que lleva más de un año elaborando este proyecto con la colaboración y diálogo de diversos sectores universitarios.
La diputada le envió a UNIVERSIDAD la lista de asistencia de una reunión que sostuvo con las federaciones para hablar sobre el tema, sin embargo es del 2015, cuando los gabinetes universitarios eran otros. Con los actuales no se ha reunido.
Epsy Campbell
“Haré todo lo posible para que se convierta en la Ley”
-La diputada Epsy Campbell considera que su proyecto de ley garantiza mayor equidad en la admisión a las universidades públicas. Las universidades consideran que no. Es una batalla amena de ideas, ya que ambos agradecen cualquier intento por garantizar una educación superior para todos los costarricenses.
¿Por qué considera que este proyecto es importante para asegurar un ingreso más igualitario a las universidades públicas?
-En los datos relativos a las carreras de más alta demanda, los estudiantes de colegios privados tienen más de dos veces de probabilidad de ingresar a las carreras de más alta demanda que los estudiantes de colegios públicos. Las propias universidades públicas reconociendo las brechas han impulsado acciones afirmativas concretas para enfrentarlas. La misma UCR tiene también un programa focalizado de nivelación que ha dado mucho éxito, lo mismo que el TEC.
¿Cómo asegura que los estudiantes de zonas marginadas y alejadas de las universidades puedan costearse los costos de los estudios?
-Las universidades públicas tienen programas de becas para los y las estudiantes que no pueden costearse sus estudios. Este proyecto de Ley parte del hecho que el programa de becas de las universidades públicas funciona y que le llegará a los estudiantes de escasos recursos que necesitan beca. Tal como lo establece el artículo 78 de la Constitución.
Usted afirmó que contaba con el apoyo de las federaciones de las universidades, sin embargo la federación de UCR, la del TEC y la de la UNA me dijeron que no.
-Aseguré que había realizado consultas en las que participaron representantes de la federaciones de las universidades estatales y una de estudiantes de universidades privadas, así como representación de gobiernos estudiantiles. El proyecto se viene construyendo desde hace más de un año, escuchando y dialogando con los más diversos sectores.
¿Es viable que el proyecto sea aprobado? ¿Quiénes le han manifestado su apoyo?
-Haré todo lo posible para que se convierta en la Ley. No podemos seguir castigando a los y las estudiantes de los colegios públicos, principalmente de los urbano-marginales y rurales. Del ranking de los 100 mejores colegios del país solo 32 son públicos, incluidos los científicos y experimentales bilingues que tienen reconocido prestigio. Si consideramos que el 80% de la educación secundaria del país es pública, ese dato es dramático.
Tanto las federaciones como el rector de la UCR, Henning Jensen, han manifestado que el proyecto va en contra de la autonomía universitaria. ¿Por qué cree que no es así?
-Los rectores tendrán mucho que aportar en el proceso. También diversos sectores de estudiantes como gobiernos estudiantiles y representaciones de estudiantes de universidades reconocen que debemos avanzar. Por supuesto, tenemos que discutir y afinar temas. El proyecto explica ampliamente el marco constitucional en el que se fundamenta.
La Feucr dice que el proyecto tiene criterios discriminatorios en la asignación de cupos de ingreso ¿Qué opina al respecto?
-Hoy hay una realidad absolutamente discriminatoria para los y las estudiantes de colegios públicos y principalmente la mayoría que provienen de colegios urbano-marginales en el ingreso a las carreras de mayor demanda. Según los datos del INEC 2010 de los y las estudiantes de las universidades estatales el 32% proviene de la clase media y el 8% de la clase baja. Con una sobrerrepresentación del 59% de la clase alta. Es sobre esta realidad de discriminación estructural que el proyecto tiene el objetivo de avanzar.
En una pronunciación pública, la Feucr manifestó que el proyecto busca que las universidades públicas reemplacen la labor que debe ser ejercida por el MEP ¿ Qué opina al respecto?
El problema de la calidad de educación pública preescolar, primaria y secundaria ha sido ampliamente discutido y en el que prácticamente no se avanza. Mientras no haya una mejora sustantiva en la educación no podemos seguir castigando a los y las estudiantes de clase media y pobre en sus intentos de ingresar a las carreras de más alta demanda, que les permita contribuir con su realización personal, con el ascenso social, con sus familias y con el desarrollo del país.
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“Epsy (Campbell) no puede disponer del presupuesto de esa manera. Hay que tratar de resaltar la bondad de la intención pero, a mi criterio, es inconstitucional”.
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