El proyecto inmobiliario Monte del Barco, del Grupo Aldesa, resulta ser apenas uno de varios concesionarios en el Polo Turístico Golfo de Papagayo (PTGP) que atraviesan serios problemas de gestión, al punto que un informe de auditoría cuestiona si se están cumpliendo los objetivos de esa iniciativa.
Según denunció UNIVERSIDAD, un supuesto incumplimiento en la presentación de su información financiera llevó a la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo (ICT) a cancelar las concesiones de ese proyecto. Sin embargo, en un informe de auditoría de marzo de este año se señala que en más de la mitad de las concesiones del PTGP no se ha edificado desarrollo alguno o están construidas parcialmente.
El principal causante de ello es la falta de acceso al agua. El documento apunta que doce del total de 35 concesiones, un 34%, no tienen disponibilidad del esencial recurso. La mayor parte de ellas, en total nueve, están “sin desarrollo”.
El estudio comprendió la revisión de la eficiencia y eficacia de la gestión de concesiones y del desarrollo de infraestructura, así como la ejecución y formulación presupuestaria a cargo de la Oficina Ejecutora del PTGP, para el período de enero de 2017 al primer semestre de 2018.
Ese informe (AI-AO-03-2019) señala otros elementos deficitarios en la gestión general del PTGP, como falta de evaluación de resultados y la “inconformidad en la comunidad de playa Panamá”.
En sus conclusiones, la auditoría se cuestiona “la posible pérdida de oportunidad del cumplimiento efectivo de los objetivos” del PTGP, “por lo que parte de la valoración podría incluir la alternativa de hacer un alto en el camino y considerar que, de continuar gestionándose como hasta ahora, no hay razón para esperar resultados diferentes”.
El PTGP comprende 1.658 hectáreas, de las cuales 198 son dedicadas a áreas de protección o son manglares, lo cual deja el área concesionable en 1.460 hectáreas, otorgadas ya en un 93%. De acuerdo con un mapa disponible en el sitio del ICT, comprende 18 playas, algunas fuera de Bahía Culebra, ubicada en el golfo.
La ley que creó el PTGP data de 1982 y su reglamento de 1996. La administración Pacheco de la Espriella lo declaró en 2005 de conveniencia nacional.
El informe de auditoría además señala que en relación con el problema de disponibilidad del recurso hídrico, se desarrolló el proyecto del acueducto de Trancas, el cual fue inaugurado en marzo de este año.
Según informó Casa Presidencial en ese momento, la obra se construyó gracias a un convenio entre el (ICT), el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y la empresa privada Grassland Enterprise Limitada, y se supone que beneficia a 14.250 personas de Trancas, playa Panamá, playa Hermosa y el PTGP.
El informe dijo que con ello “se tiene establecida la dotación de agua para el desarrollo del PTGP con una demanda estimada de 80 L/s (litros por segundo); sin embargo, no se identificaron acciones que garanticen la disponibilidad de recurso hídrico para el PTGP y, por lo tanto, existe el riesgo de que el recurso se destine para el desarrollo de otros proyectos”.
“Colmo de los colmos”
El activista Gadi Amit, de la organización Confraternidad Guanacasteca, destacó que el abastecimiento de agua es parte de los costos de una inversión. “El inversionista debe asumirla. Caso contrario estaríamos subvencionándolo, regalándole dinero”, lo cual “es contrario a la ley”.
Llamó la atención sobre lo señalado en el informe en cuanto a que “no se ha utilizado planificación estratégica” y dijo que, en su experiencia, el PTGP “se desarrolla sin planificación de ningún tipo, solo se mueve según las ocurrencias de algún inversionista o desarrollador. Si este quiere hacer hotel, donde estaba destinado a zona de acampar, pues se hace hotel”.
En ese sentido mencionó el ejemplo del hotel Melia Paradisus que, según recordó, se construyó en zona que fue de bosque y hoy en día está en “proceso de destrucción”. Ese caso trascendió en 2017 precisamente por falta de agua.
Amit subrayó que el plan maestro original proponía desarrollar cuatro áreas turísticas en medio de los bosques, áreas de protección, paisajes y riqueza natural, que son el atractivo turístico a ofrecer al visitante. “Ahora quieren desarrollar todo; es decir, dañar y eliminar los atractivos originales”.
También denunció que en el plan de inversiones de 2012 se aprobó la construcción de varios hoteles sin tomar en cuenta la disponibilidad de agua ni la necesidad de plantas desalinizadoras, lo cual causó la sobreexplotación del manto acuífero de playa Panamá “con pérdida total e irreversible” de un caudal de 96 L/s, según consta en varios estudios y una sentencia de la Sala Constitucional.
Sobre la mencionada “inconformidad” de la comunidad de playa Panamá, Amit recordó que cuenta son su propia Asada para brindar el servicio de agua a sus pobladores, pero “todavía está usando el agua del acuífero salinizado”. Añadió que no se han concretado promesas de un pozo tierra adentro y que “la población está tomando agua de dudosa calidad”.
Amit se preguntó cuáles son las nueve concesiones que no presentan desarrollo alguno por falta de agua, pues dijo no querer conjeturar al respecto, pero se refirió con gravedad al hecho de que existen tres en la misma situación, parcialmente construidas.
Calificó ello como “el colmo de los colmos”, pues el hecho de que estén a medio construir “sin tener disponibilidad de agua, eso es delito y el ICT y la respectiva Municipalidad son cómplices, así de sencillo”. Con vehemencia añadió que “no se puede otorgar permisos de construcción sin cumplir con el requisito de tener agua disponible. No se puede construir sin tener permiso”.
Al respecto, de acuerdo con la información del portal oficial del Gobierno denominado “Trámites para la construcción”, en el caso de la edificación de “hoteles y similares”es obligatorio contar con una disponibilidad de agua según tres opciones.
La primera es una certificación de “Disponibilidad de Servicios de Agua Potable” otorgada por el AyA o la institución encargada de dar el servicio de agua potable o, en su defecto, una constancia de capacidad hídrica otorgada por el AyA para los casos en donde exista disponibilidad de recurso pero no la infraestructura necesaria.
La otra opción es en caso de que el abastecimiento provenga de pozos o manantiales, se requiere la certificación de disponibilidad de agua o concesión de aprovechamiento de aguas emitida por el Departamento de Aguas del Ministerio del Ambiente y Energía (Minae).
Finalmente, si es el caso, una carta de servicio de disponibilidad de agua o constancia de capacidad hídrica de la Asada correspondiente.
La ley 6758, que regula la Ejecución del Proyecto Turístico de Papagayo, establece en su artículo 13 los casos por los cuales el ICT “cancelará una concesión otorgada”, entre los que figura “cuando exista violación a las disposiciones legales y reglamentarias”.
Sobre la hipotética solución del acueducto Trancas Papagayo, aseveró que en primer lugar “debe reponer los 96 L/s que se perdió del acuífero playa Panamá”. Indicó que además esa infraestructura debe abastecer a la población y proyectos en playa Hermosa, que no forman parte del PTGP, por lo que “no da, no permite gran crecimiento”.
Observó al respecto que sobre este punto específico la auditoría recomienda establecer controles para “mitigar el riesgo de que el recurso hídrico se destine para el desarrollo de otros proyectos” ajenos al PTGP.
Agregó que ello es “práctica del ICT y de los empresarios” y lo resumió como la actitud de “nosotros primero”, lo cual criticó porque “la prioridad en el uso del recurso hídrico es legalmente para el abastecimiento de la población”.
En ese sentido, dijo que ese acueducto “estaba destinado a abastecer playa Hermosa” y criticó el hecho de que la población de esta localidad “estuvo sometida a racionamiento de agua durante muchos meses”, durante los cuales “no se aplicó la misma conducta a las empresas turísticas, y aun si lo hicieran tienen instalaciones de almacenaje, para no sufrir el problema; y ojo, gastan mucha, mucha agua, sin límite”.
Acotó que el hecho de que el ICT aportara parte de la inversión del acueducto de Trancas, “no le otorga ningún privilegio” y recordó que tanto esa institución como el AyA manejan fondos públicos.
“El gran desarrollo turístico de Papagayo no puede de ningún modo cargar de presión la demanda del recurso que necesitan las comunidades cercanas, actuales y futuras”, aseveró. Subrayó que al tratarse de un desarrollo costero, lo más apropiado sería la instalación de plantas desalinizadoras de agua para abastecerse.
¿Quién construye sin agua?
Desde el ICT se designó a Henry Wong, director ejecutivo del PTGP, para atender consultas que al mismo tiempo se solicitó se enviaran por escrito.
También se quiso consultar a Fernando Rivera, quien elaboró el informe de auditoría; pero se indicó que el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna del ICT le inhibe de conversar con periodistas, pues establece que únicamente la junta directiva de la institución o quien sea designado por ella puede hacerlo.
Sin embargo, cuando se le solicitó a Wong la lista de los concesionarios del PTGP que no tienen acceso al agua, replicó que “si el autor es la Auditoría, corresponde a la misma manifestarse sobre sus documentos, ya que de nuestra parte no hay competencia para sustituir la explicación que sobre sus propios criterios tenga la misma Auditoría”.
Se intentó entonces contactar de nuevo a Rivera, pero ya sobre cierre de edición en su oficina se indicó que no estaba disponible.
Wong sí se refirió al recién inaugurado acueducto Las Trancas-Papagayo y dijo que con esa obra se regula el suministro de agua potable a Papagayo “en el sector de Bahía (sur) existiendo actualmente suficiente caudal para que los desarrollos turísticos comprometidos con el ICT se puedan iniciar”.
Esto calza con lo observado por Gadi Amit, en el sentido de que el servicio del acueducto se orienta a estos desarrollos turísticos, sin considerar el caudal requerido por las poblaciones locales, sobre todo las dependientes del acuífero salinizado de playa Panamá, así como otros proyectos turísticos en la zona.
Precisamente sobre el tema del descontento de esa comunidad y la falta de “suficientes iniciativas de responsabilidad social” apuntada en el informe, Wong dijo que “se generó un inventario sobre los diversos programas que desarrollan los concesionarios al respecto”, aunque no precisó. Añadió que “se incorporaron acciones” dentro del plan estratégico institucional para incorporar a las comunidades del área de influencia al PTGP a programas de capacitación que ha impartido el ICT en otras localidades.
Se le preguntó además por las conclusiones del informe, en el sentido de que recomienda hacer un “alto en el camino”, a lo cual el funcionario contestó que las recomendaciones van dirigidas al consejo director del PTGP, “razón por la cual no es competencia de esta unidad hacer una manifestación al respecto de las apreciaciones o acuerdos que dicho órgano convenga”. Además, aseguró que ese consejo director ha tomado “una serie de acciones” al respecto.
Wong añadió que desde la “concepción ideológica” del PTGP en 1975 a la fecha, “se han logrado crecimientos de alto grado de importancia en el desarrollo turístico nacional que van aunados al desarrollo de este Polo de atracción turística”.
Como ejemplo de ello citó la construcción del Aeropuerto Daniel Oduber, construcción de caminos dentro del PTPG, electrificación de la zona y construcción de varios acueductos, “cuyos beneficios son extensivos a todas las comunidades vecinas”, además de los encadenamientos productivos directos e indirectos.
