La intención de colocar $6.000 millones en eurobonos durante los próximos seis años dependerá, a fin de cuentas, de la voluntad de la Asamblea Legislativa. Allí imperan la indecisión y la reticencia, aunque la mayoría de diputados acepta que el tema apenas inicia sus discusiones.
Sobre el contenido de la iniciativa existen principalmente dos corrientes: por un lado, están los congresistas que consideran que este no es el momento para buscar financiamiento externo en eurobonos, tomando en cuenta las recientes calificaciones a la baja de la deuda costarricense; mientras que, por el otro, están quienes sostienen posturas un poco más alineadas con el proyecto, aunque solicitan cambios más o menos concretos.
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La ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, asegura que ella querría tener el proyecto al menos aprobado en primer debate en abril, cuando concluya el periodo de sesiones extraordinarias de la Asamblea. Sin embargo, el camino parece menos llano en Cuesta de Moras, donde varios diputados recuerdan que “la Asamblea tiene sus tiempos”.
Esos tiempos, además, suelen ser exponencialmente más extensos para el Gobierno, que apenas suma diez de los 57 diputados y que requiere de grandes consensos para aprobar los grandes proyectos.
Las dudas de forma
Cuando se habla de eurobonos en el Congreso, aún quedan muchos cabos sueltos y discusiones pendientes. El camino no será fácil para conseguir los votos requeridos (38 específicamente) y ya algunos diputados expresan diferencias de forma con la redacción de la iniciativa.
Entre ellos, está el socialcristiano Pablo Heriberto Abarca, presidente de la comisión de Asuntos Económicos —donde se discutirán los principales cambios del proyecto—, quien aseguró que desde su bancada sí ven el financiamiento externo como una “una herramienta financiera importante” en este contexto.
No obstante, el diputado también aseguró que la discusión deberá iniciar desde “la construcción de confianzas” con el Gobierno, como llamó al proceso de redacción de nuevos “seguros” en el proyecto.
Entre esos “seguros”, Abarca señaló la posibilidad de que el permiso se otorgue solo para este periodo constitucional y no por seis años como pretende el Ejecutivo, así como la intención de que los desembolsos se condicionen a mejores desempeños del gasto y que los recursos solo se puedan utilizar —exclusivamente— para reestructurar el pago de la deuda.
Algo similar mencionó el vocero del bloque independiente Nueva República, Jonathan Prendas, quien además comentó que desde su grupo de ocho legisladores mantienen el proyecto en estudio para corregir algunos detalles que les genera “preocupación”.
“El artículo 13, por ejemplo, habla de por lo menos $800 millones nuevos para deuda nueva y el proyecto de eurobonos es para el recambio de la deuda, pasándola de corto a largo plazo. La intención, sabemos, es mejorar las tasas de interés pero nos parece que se estaría cambiando el espíritu del proyecto con esos $800 millones extra”, apuntó.
Al respecto, la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, manifestó días atrás que los $800 millones en líneas de crédito se contemplaron como parte de los $6.000 millones y no como un agregado, aunque también señaló que estarían en toda la disposición de mejorar la redacción del proyecto para que eso quede más claro.
En esa línea, añadió que el interés sería tener las líneas de crédito como un respaldo de financiamiento, pues “no necesariamente podríamos encontrar las mejores condiciones de tasas y plazos en el momento de la autorización y entonces sería provechoso tener un mecanismo adicional que permita cuentear recursos a tiempo”.
Las dudas de fondo
A pesar de que un buen grupo de diputados asegura que el proyecto de ley es lógico en el contexto actual de las finanzas nacionales, también existe otra corriente que está del todo insegura sobre la pertinencia de emitir este tipo de títulos en el extranjero.
Entre ellos, por ejemplo, está la diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Silvia Hernández, quien fue viceministra de Planificación entre 2012 y 2014, cuando se solicitaron eurobonos al Congreso por última vez, durante la administración de la expresidenta Chinchilla.
Para Hernández —quien afirma que su bancada no ha tomado una posición oficial, pero que ella defenderá su postura a lo interno— no existe seguridad de que la deuda que vaya a negociar el país pueda mejorar las condiciones que ya se consiguen en el mercado interno, por lo que consideraría más eficiente acudir a organismos internacionales primero, de modo que brinden programas de apoyo presupuestario al país.
“A mí me tocó acompañar al gobierno de doña Laura y salir a negociar eurobonos tampoco es algo fácil. Si el país está teniendo calificaciones a la baja por tres calificadoras de riesgo distintas (Moody’s, S&P y Fitch), ciertamente no va a ser una tarea sencilla mejorar las tasas de interés”, cuestionó.
“Los bonos de igual manera se van a colocar, pero para ir a colocarlos a un 8% o a un 8,5% en las tasas, sinceramente no sé si eso beneficie al país”, añadió.
Según la verdiblanca, desde su punto de vista, quizás sería más provechoso explorar primero el posible apoyo de organismos multilaterales, una idea que la propia ministra Aguilar ya había manifestado como una posibilidad en ocasiones anteriores y que ha repetido en las últimas semanas.
“Más que decirle que me opongo a la aprobación, a mí me parece que el Gobierno debería de primero explorar lo que se dijo en algún momento, cuando la ministra habló de negociar unos $1.000 millones o $1.500 millones con organismos multilaterales”, comentó.
“Estas opciones se ofrecen a tasas por el orden del 3% y yo me inclinaría muchísimo más a que el Gobierno explore eso primero, para tratar de tener ayuda de estos programas de ajuste presupuestario y posteriormente negociar el tema de los eurobonos”, concluyó.
Esta solicitud, eso sí, la dejó a expensas de los nuevos motivos que pueda presentar el Ejecutivo, pues —aunado a sus dudas— también señaló que todo dependerá de qué tan altas son las necesidades de financiamiento del país y qué otros argumentos pueda poner Hacienda sobre la mesa.
“Yo no voy a negar que el país requiere recursos, no voy a negar jamás eso ni lo voy a condicionar a un juego más que el tema de lograr el objetivo país”, acotó.
Por lo demás, la mayoría del Congreso se mantiene a la expectativa, pero en una especie de análisis.
Convencer al Congreso
Para lograr la aprobación de este proyecto, el Gobierno necesitará del apoyo de 38 congresistas por mandato constitucional. Esto, según la ministra Aguilar, es “un reto mayor” incluso en comparación con la reforma fiscal, que en su momento se aprobó con el visto bueno de 34 diputados.
Para ponerlo en contexto, 38 votos es el equivalente a las tres bancadas más grandes del Congreso juntas sin que falte un solo diputado, una cifra que Hacienda ya analiza como su próximo gran reto político.
Para intentar convencer a este grupo de diputados, Hacienda incluyó la obligación de que cada colocación de eurobonos (a partir del segundo tracto) quede condicionada al cumplimiento de la regla fiscal de la reforma recién aprobada; sin embargo, parece que serán aún más las condiciones para captar los apoyos totales.
Al respecto, la ministra Aguilar ya señaló que desde su cartera estarán dispuestos a “incorporar nuevas condiciones para la aprobación, siempre y cuando sean viables, ejecutables y positivas para el país”.
