Ministra de Hacienda, Rocío Aguilar

“Tenemos plazo para alejarnos del peor de los escenarios”

Afirma que la prioridad para el Estado es asegurar que el beneficio de los impuestos lo reciba, en primer lugar, la ciudadanía y no los salarios de los servidores públicos.

La ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, respondió a las consultas sobre las proyecciones de crecimiento de la deuda pública en el mediano plazo, la aplicación de la regla fiscal y las consecuencias para el gasto social que realiza el Estado.

Según las proyecciones de Hacienda, en el período 2019-2023 mejorarán las finanzas públicas al cerrarse el déficit primario, pero no mejoraría el gasto social, por tenerse que aplicar, a partir del 2021, el escenario más drástico que establece la regla fiscal. ¿Es así?

—La reforma fiscal que se llevó adelante es una reforma que nosotros hemos denominado “de alto calado”, porque no solo tiene que ver con ingresos sino también con gastos. No es una reforma donde todos los ingresos se den de una vez, ni todos los ahorros se den de una vez. Entonces, durante dos, tres años en adelante, vamos a seguir acumulando el déficit primario. Esto es que los ingresos que tenemos por impuestos, no alcanzan para cubrir los gastos, sin incluir los intereses.

Con ese déficit, y como tendremos que seguir endeudándonos y hay que cumplir la regla fiscal, lo que nosotros hacemos es asignar los recursos en función de lo que la misma ley de fortalecimiento nos indicó. Esto es, que ya no existen los destinos específicos excepto, por supuesto, los constitucionales. Y, en el caso particular del sector social, tenemos que asegurarle por lo menos los mismos recursos que el año anterior.


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En el año 2018, que es cuando se aprobó la reforma, al sector social se le asignaron 4,5 billones de colones. Ese era el piso por debajo del cual yo no me podía mover, según la regla fiscal. Pero,

hicimos un esfuerzo por asignar más de los 4,5 billones y al sector social se le asignaron 4,7 billones en el presupuesto del 2020.

Cuando usted se va al marco fiscal, no se trata del presupuesto, sino del concepto de “devengado”. Este tiene que ver con lo que realmente se ejecuta, porque, normalmente, no todo lo que se presupuesta llega a ejecutarse, por diferentes razones. En el caso particular del sector social, en el año 2018 lo que se ejecutó fueron 4,1 billones de colones. Y, a pesar de que eso fue lo que en realidad se ejecutó, nosotros estamos presupuestando ahora 4,7 billones.

Conforme estos siguientes años pasen y no se haya logrado cerrar el balance primario, vamos a seguir teniendo que ajustar nuestro gasto; pero estamos tratando siempre de respetar la regla de que el sector social reciba, por lo menos, la misma cantidad del periodo anterior. Y esto es un asunto que tiene ver, por supuesto, con lo que la misma ley de Fortalecimiento ordenó, pero también porque existe un convencimiento de que, si hay un área donde el Estado debe seguir aportando recursos para el bienestar, es en el sector social.

No debemos olvidar que, de cada colón que entra en impuestos, 40 centavos se van para pagar intereses. Y si el país no resuelve este problema, los presupuestos van a perder su razón de ser.

Los presupuestos son, básicamente, una expresión de la política pública, pero la política pública va a desaparecer si solo pagamos intereses. Nosotros recibimos un poquito más de cinco billones por impuestos, dos billones se van hoy día para el pago de intereses, un billón se va en pagar pensiones, y lo que me queda son dos billones que, prácticamente, se van al sector educación y que ni siquiera alcanzan para cubrirlo.

En el mediano plazo, con estas reformas, es lo que tratamos de corregir, que más de los ingresos se vayan a cumplir las funciones que el Estado está comprometido a cumplir y que no lo puede seguir haciendo a punta de deuda.

Según la regla fiscal, cuando la deuda supera el 60% del PIB, Hacienda puede recurrir a restricciones más fuertes del gasto. ¿No se reconocería la inflación para los salarios públicos?

—Lo que la ley hace es autorizar esa posibilidad y otros caminos, no nos obliga a hacerlos todos. Cuando usted ve el presupuesto del sector social, tiene no solo lo que reciben los ciudadanos como últimos beneficiarios, como becas, etcétera, sino que están incluidos los salarios de todos los funcionarios del sector y otros gastos. Entonces, si se siguiera bajo la misma tónica de incrementos salariales, en realidad a quien se castiga finalmente es al beneficiario de las prestaciones del sector social.

Esta es una posibilidad que da la ley y es, básicamente, porque estamos ya en una situación que hace que sea muy peligroso para el país el llegar a eso, y es un tema que tenemos a toda costa que evitar. Si usted lo ve en las proyecciones, llegaría a impactar al presupuesto del año 2022. Nos quedan estos meses, estos años, para corregir la situación y ojalá no llegar a una situación como esa.

¿Qué factores ayudarían a no llegar a esa situación?

—Un mayor crecimiento, porque haría que yo tenga más ingresos y me endeudaría menos. Un mayor ordenamiento del gasto público, por ejemplo, desde los procesos de compra, que todas las instituciones logren alinearse comprando en el Sicop (Sistema de Compras Públicas) para que el Estado pueda beneficiarse de ahorros en los procesos de compra.

Ojalá que la siguiente generación de reformas. Hay varios proyectos en la Asamblea para ponerles tope a las pensiones, porque resultan “groseras” con respecto a lo que mayor parte de la población recibe y que, además, la ciudadanía las está pagando vía impuestos.

Estas pensiones son una pésima redistribución del gasto, donde usted tiene, posiblemente, 50 mil pensionados a los cuales les está asignando un billón de colones y tiene una masa de estudiantes a los que les está asignando dos billones; entonces, es totalmente asimétrico. Ese gasto muestra una importante inequidad, donde un grupo muy pequeño recibe una cantidad muy grande de fondos públicos. O bien, si lo mide en términos del presupuesto de seguridad versus toda la población que está cubriendo.

Aquí, se trata de cómo nos alejamos de ese peligroso límite para no tener que empezar a tomar estas medidas, que son alternativas, que podrían ser “no se ajustan los salarios por costo de vida” o “se reducen las compras de esto” o podrían ser medidas fiscalistas que a uno le preocuparían mucho, como “no invierto en obras”. Pero, de no invertir en obras, a quien comprometemos es al crecimiento del país hacia adelante y a las siguientes generaciones.

Por eso tiene el término de “medidas extraordinarias”. Puede recurrirse a una o puede ser que llegue a ser tan extraordinario el asunto, que haya que recurrir a varias. Pero tenemos plazo para alejarnos de ese escenario. Hay que trabajar con suficiente rigurosidad, seriedad y evitar las tentaciones que pueden ocurrir, como votar una ley para aumentar el gasto para una cosa o para la otra.

¿Ya no se podría dar a las instituciones del sector social al menos el mismo presupuesto que el año anterior?

—No, el mandato de priorizar al sector social no está asociado a ese escenario, sino, en general, ordena al Estado costarricense que preserve la inversión social, a pesar de la regla fiscal y todo lo demás: “presérvela”. Una forma armónica de interpretar esto es que, aún con esas medidas extraordinarias, yo debería privilegiar darle recursos al sector social en vez de ajustar salarios, por ejemplo. Porque la ley le está dando una importancia jerárquica al sector social, nos ubica para que el sector social sea estratégico.

Don Guillermo Zúñiga, exministro de Hacienda, afirma que esta reforma se quedó corta. ¿Qué opina usted de esto?

—Vamos a ver. Qué lástima que cuando el señor Zúñiga estuvo aquí, no hizo la reforma en la parte salarial, más bien, un poco, al contrario, allí fue cuando se empezó a generar todo el tema salarial. Bueno, hacer críticas siempre es muy sencillo cuando uno no está sentado en la silla.

Desde el principio se dijo que esta era una reforma que iba en la dirección correcta y que era necesario complementarla con otras leyes. Están las de financiamiento externo, de exoneraciones y también de un rediseño institucional para ver cómo logramos, a través de fusiones, poder hacer más eficiente el gasto. Hay instituciones que tienen cinco o siete órganos desconcentrados donde hay duplicidad de funciones administrativas como el presupuesto, recursos humanos, la parte legal, etc., uno podría pensar en mayor eficiencia, de tal manera que siempre le lleguen más recursos a la sociedad.

No se trata de que seamos los funcionarios y el aparato estatal quienes recibamos estos fondos, sino que, a través de esa estructura del Estado se puedan brindar mejores bienes y servicios.

Esta reforma no es la solución final, es la reforma que va hacia la sostenibilidad, pero hay que seguir trabajando en más reformas y no necesariamente eso implica más impuestos, sino más orientadas a la eficiencia y, sobre todo, evitar que otras leyes u otras decisiones vengan a debilitar en algo a la Ley de Fortalecimiento. Dada la efervescencia que esto ha causado, más de uno se quiere salir del alcance de la ley.

En lo que falta de esta administración, ¿todavía es posible hacer cosas para evitar el peor de los escenarios?

—Yo creo que no es que podemos, es que debemos. Se lo debemos a la población, que es a quien le dijimos que vamos con esta reforma, que involucra que la población, las empresas, los ciudadanos en general, paguen más impuestos; pero nosotros vamos a hacer un uso más eficiente de los recursos y hay que seguir trabajando. Este fin (del desbalance fiscal) es solo el principio.


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