“Pretenden revertir los avances en datos abiertos”

El intento de decreto para crear la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), su funcionamiento y cómo ha manejado la información representa un retroceso y una contradicción con el rumbo que llevaba el país

El intento de decreto para crear la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), su funcionamiento y cómo ha manejado la información representa un retroceso y una contradicción con el rumbo que llevaba el país en materia de apertura de datos y gobierno abierto, según activistas de este sector.

Susana Soto e Ignacio Alfaro, de la organización Abriendo Datos, señalaron que la iniciativa representa amenazas a la privacidad de los costarricenses y contradice el proceso participativo de apertura de datos que se venían realizando desde las administraciones anteriores.


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¿Para qué acceso a información “confidencial”?


En el 2011, Costa Rica ingresó a la “Asociación de Gobierno Abierto” (OGP por sus siglas en inglés), que integra 79 países. Su objetivo es que los países se comprometan a abrir sus datos, satisfaciendo el derecho a la información de la población al tiempo que protegen su privacidad.

Tras la revisión de los datos publicados por la Presidencia, los activistas indicaron que la herramienta usada (Tableau) no permite el acceso a los datos, sino sólo a su representación gráfica, lo que deja duda sobre el nivel de sensibilidad de la información que se está utilizando.

Según la filosofía de datos abiertos, la información de las instituciones (debidamente anonimizada) debe ser accesible vía Internet, en formato digital, interoperable (para ser leída, usada y reutilizada), y tener una licencia para libre uso y distribución.

Desde entonces, dijo Soto, el país se comprometió con el proceso y con la creación de las estructuras que lo garantizarían, como la Secretaría Técnica de la Política Nacional de Apertura de Datos Públicos; sin embargo, esta no ha sido creada.

La activista, que participa en la Comisión Nacional de Datos Abiertos, comentó que en la primera sesión del año el Ministerio de Comunicación informó que no había presupuesto, a pesar de que ya estaba funcionando la UPAD.

Señaló que a la Comisión no se le compartió el decreto ni información relativa a esta unidad, definida como “estratégico-política”, a pesar de que esta tiene el deber reglamentado de “asesorar, evaluar y hacer recomendaciones” sobre toda medida relacionada con la apertura de datos públicos.

“Este Gobierno nos ha demostrado que no tiene voluntad en este tema y esto lo confirma”, declaró. Ignacio Alfaro comentó que a través de la UPAD el Gobierno se apropió del concepto de derecho a la información, “que es un derecho de la ciudadanía con respecto a las instituciones y lo convirtió en un derecho de la presidencia con respecto a la población”, revirtiendo los avances que se venían dando.

“Eso sin tomar en cuenta que ni siquiera sabemos los niveles de sensibilidad de la información que están manejando, cómo la procesan y bajo qué medidas de seguridad lo hacen, si lo andan en una computadora cualquiera o qué”, manifestó.

Tras la revisión de los datos publicados por la Presidencia, los activistas indicaron que la herramienta usada (Tableau) no permite el acceso a los datos, sino sólo a su representación gráfica, lo que deja duda sobre el nivel de sensibilidad de la información que se está utilizando.

“El decreto dice ‘información confidencial’ y eso a nivel legal no existe; entonces, no sabemos qué están usando y no se publicó. Los mapas dicen que salen de equis cantidad de libros y hojas de trabajo, pero esas no están disponibles”, reclamó Soto.

De haber trabajado con datos sensibles, dijo Alfaro, hay preocupaciones adicionales, pues la presidencia es un órgano político, no técnico y la única forma de asegurar la privacidad de las personas es que las instituciones que sí son técnicas entreguen la información ya anonimizada, como lo exige la Ley de Protección de la Persona Frente al Tratamiento de sus Datos Personales (8968).

“Es curioso que en el decreto citan los incisos e y f del artículo 8 de esa ley, para limitar la privacidad y usar los datos; pero no hacen referencia al inciso d, que obliga a que ese tratamiento garantice que no exista riesgo de que las personas sean identificadas”, añadió.

Para Alfaro, si bien no se puede tener seguridad de que el Gobierno haya tenido acceso a información personal sensible, la forma en que ha funcionado la UPAD sienta un precedente peligroso porque estas prácticas de recolección de datos ya han llevado a Gobiernos a diseñar algoritmos para tomar decisiones; por ejemplo, con respecto a la asistencia social en Holanda, excluyendo poblaciones de la ecuación.

“Y es que así como te pueden tener en una burbuja en Facebook, pueden poner en una burbuja tu ciudadanía.

La esencia de la paz y la ciudadanía es que vos tenés acceso a los derechos, igual que todas las personas y, por lo tanto, esas burbujas son antidemocráticas.

Si tenemos activismo que pretende que todas las personas accedan a sus derechos, permitir que la recolección de datos y la aplicación de algoritmos nos construyan una ciudadanía parcializada debería ser nuestra mayor preocupación, porque así se va a morir todo por lo que luchamos”, expresó Alfaro.


Cambridge Analytica: el ejemplo a evitar

“Si se ejecutan campañas diseñadas para socavar la capacidad de las personas de tomar decisiones libres y de comprender lo que es real o irreal, se está socavando la democracia y tratando a los votantes de la misma manera que se trata a los terroristas”, anotó Christopher Wyllie, el primer informante de Cambridge Analytica (CA).

La empresa de minería y militarización de datos fue acusada por obtener y usar indebidamente información de 97 millones de usuarios de Facebook. Previo a la acusación, realizó campañas que generaron conflictos alrededor de elecciones en Nigeria, Indonesia y Tailandia, que influenciaron el referéndum que llevó al Brexit, la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos y de Mauricio Macri en Argentina.

La principal herramienta de CA fue la micro focalización (microtargeting), una herramienta de mercadeo que analiza grandes cantidades de datos para determinar intereses, situación económica, nivel educativo, edad, etnia, orientación sexual y más datos de las personas para, posteriormente, exponerlas a mensajes diseñados a su medida con el fin de incrementar su efectividad.

Según confesiones de Wyllie, uno de los fundadores de la firma, y Brittany Kaiser, exdirectora de desarrollo de negocios, se diseñaron algoritmos para obtener información de forma no detectada y a través del microtargeting se definieron mensajes que acrecentaban los miedos u opiniones subyacentes de las personas para manipularlas.

Así, mensajes dirigidos a hombres blancos heterosexuales que resentían el giro feminista del mundo o de personas con preocupaciones sobre la migración consolidaron a Trump en la presidencia de EE.UU. En Indonesia, identificaron características en votantes jóvenes y convencerlos de no votar, para asegurar la victoria de un candidato.

En Reino Unido, se difundieron miles de mensajes xenofóbicos y otros que hablaban de la “democracia bajo amenaza” para garantizar que el resultado del referéndum del 2016 fuera la salida del Reino Unido de la Unión Europea.

Según expertos en datos, nacionales e internacionales, ese es el riesgo de permitir la recolección y cruce indiscriminado de datos personales, sea a manos de una empresa, un partido o un Gobierno.

Wyllie, que dice haber desarrollado el algoritmo de Cambridge Analytica, hoy sostiene que aunque los datos no son el problema, su recabación y uso debe regularse explícitamente para detener las influencias indebidas sobre las poblaciones y así proteger las democracias.

Ignacio Alfaro, abogado y activista de datos, comentó que Costa Rica tiene poca cultura de datos y que es necesario que la población sea más vigilante. La única protección con respecto a los datos personales, dijo, es la Ley de Protección de la Persona Frente al Tratamiento de sus Datos Personales (8968), que solamente regula cómo se tratan estos datos en el ámbito comercial, no institucional.

Adicionalmente, indicó, los datos que se entregan a compañías como Facebook o Google se hacen voluntariamente tras leer o no sus términos y condiciones; pero entregar la información personal al estado no es opcional.

“Si no te toman la foto en Migración, no entrás al país; si no te toman las huellas, no te dan cédula; si no das tus datos, no te ingresan al sistema del IMAS; no podes elegir no dar tus datos. Por eso, con más razón hay que ser celosos de la forma en que se usan esos datos y exigir la mayor transparencia”, comentó.

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