El cálculo de votos indicaba que era inminente la aprobación preliminar del proyecto de ley que le pone números al delito de usura y que recortaría hasta 20 puntos las tasas de interés que pagan los costarricenses por consumo.
En el Congreso, sin embargo, no se juega solo con la aritmética. Los tiempos son también un recurso valioso y por eso diputados opuestos a ese proyecto presentan mociones que obligan a posponer el dictamen afirmativo en la comisión de Asuntos Hacendarios.
Una de las más recientes trata a volver a escuchar en ese foro a Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central (BCCR), cuyos criterios dados públicamente objetan el proyecto y lo colocan en una misma línea con la asociación que agrupa a los bancos comerciales del país (la Asociación Bancaria Costarricense, ABC).
Esto implicaría varios días de atraso y tiempo en el que algunos diputados podrían cambiar de posición, dado el cabildeo fuerte de grupos que podrían verse afectados con el recorte de las tasas de interés, algunas de las cuales llegan a 60% anual.
Esto teme el liberacionista David Gourzong, que junto al oficialista Wélmer Ramos y al frenteamplista José María Villalta empujan por la aprobación de una reforma legal desde mediados del 2018, con el propósito de hacer aplicable el delito de usura ya contenido en el Código Penal y de reducir de manera sustancial el costo de los créditos para los consumidores.
Las propuestas hasta ahora indican un tope máximo de 35% en colones y 13% en dólares para los nuevos contratos de crédito, aunque los montos y la metodología son aún objeto de la discusión. La continuidad del debate, no obstante, dependerá de que el Gobierno mantenga este proyecto en la corriente legislativa durante las sesiones extraordinarias que empiezan el lunes y terminan en abril.
El Gobierno ha expresado apoyo inicial al proyecto, aunque los proponentes creen que ha sido tibio y que las palabras de Rodrigo Cubero abren dudas. El presidente del BCCR ha dicho que el tope debería rondar el 60% (casi lo máximos que hay ya) y que hay riesgo de provocar “exclusión financiera”, pues los prestamistas podrían tener que endurecer los requisitos y muchas personas podrían perder el acceso al endeudamiento.
Alrededor de esta idea han girado los “peros” a este proyecto. Lo han dicho Carlos Avendaño (Restauración Nacional), Otto Roberto Vargas (Republicano Socialcristiano) y Jonathan Prendas (Nueva República), además de María Inés Solís (jefa de fracción PUSC), que ha presentado varias mociones.
Algunas de las mociones al proyecto son muy parecidas entre sí, con trozos redactados de manera idéntica, o con propuestas de detalles muy pequeños.
“Cada día que pasa es un día más en que se pagan en intereses 2.800 millones de colones, y la gran mayoría de ese monto corresponde a tasas de usura”, lamentó el limonense Gourzong, quien se atrevió a calificar al presidente del BCCR como “el padrino” de los propósitos bancarios en este proyecto.
Aunque la mayoría de diputados de Hacendarios apoyó bajar a 35% las tasas máximas, también una mayoría votó por volver a convocar a Cubero, aunque esto implique atrasar más el proyecto. Tampoco hay fecha aún para la nueva comparecencia.
Villalta lamentó la nueva comparencia de Cubero. “Ya todos sabemos lo que piensa y conocemos sus criterios que se parecen más a los de un lobbysta de la Asociación Bancaria (…) Aquí estamos dando vueltas sobre una rueda que no camina, como los ratoncillos”, criticó el diputado de Frente Amplio.
Ramos también criticó la postergación del dictamen y dijo temer que sirva para cambiar las posiciones de algunos diputados, aunque dijo que le satisface hasta ahora el aparente apoyo de diputados de Liberación Nacional, la fracción más grande del Congreso.
“Ya tenemos todos los elementos para tomar la decisión en un sentido u otro. Ya están los elementos para llevar la discusión al plenario (fase posterior a la comisión)”, dijo Ramos.
Se intentó conocer criterio de María Inés Solís, pero no contestó llamadas a su celular esta tarde. En comisión ha dicho que no está en contra del tope a las tasas de interés, pero insiste en que debe haber una buena metodología basada en criterios del BCCR, no en tasas antojadizas. Mientras, Carlos Avendaño y Otto Roberto Vargas insisten en el peligro de provocar “exclusión financiera”, como lo advierte también la Asociación Bancaria.