Supen

Operadoras de fondos deben ajustarse a nuevas reglas de inversión

Superintendencia de pensiones contradice críticas de que se está ampliando la exposición a riesgo de los fondos con el nuevo límite autorizado para compras de bonos públicos.

No es cierto que la nueva reglamentación aumenta el tope de inversión de fondos que las operadoras pueden hacer en el sector público, y que reduce las posibilidades de inversión en títulos de emisores privados, sostuvo el superintendente de pensiones (Supen), Álvaro Ramos, al contradecir críticas que han circulado.

El nuevo reglamento publicado por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) en noviembre pasado no establece límites a la inversión de los fondos en títulos y acciones de emisores privados. Y para el sector público el tope más bien bajó de 90% a 80%, destacó Ramos.

Anteriormente regía un tope de 55% para inversiones en títulos del Gobierno Central (Hacienda y el Banco Central), y 35% en el resto de entes públicos (90% en total).

Para la inversión en valores de emisores extranjeros, la nueva directriz la restringió a un de 25% (en vez del 50% anterior. Para autorizar más de 25%, hasta 50%%, se requiere cumplir requisitos de un blindaje adicional, en línea con lo que manda la Ley de Protección del Trabajador, indicó el jerarca de Supen.

La inversión en títulos del extranjero ha venido creciendo, lentamente, en los últimos cuatro años. Algunas operadoras que ya están en 25% y otras están en cero, el promedio anda alrededor de 11%.

En este campo Costa Rica está bastante rezagado con respecto a otros países, como Perú, que tiene un mercado de tamaño parecido en pensiones privadas y ya va por 40%, indicó Ramos.

La reforma regulatoria involucra a las seis operadoras de pensiones que funcionan en el país y que administran los regímenes complementarios de pensiones: ahorro obligatorio de pensiones, ROP, cuentas de ahorro voluntario, y Fondo de capitalización laboral, FCL.

Son alrededor de ₡13 millones de millones de colones en todo el sistema, de los cuales ₡9.1 millones de millones están invertidos en títulos del sector público (70%).

El 92% del portafolio está en bonos, no solo del gobierno, lo cual es un porcentaje extraordinariamente alto, solo superado por países en guerra o reconstrucción, como Kosovo, señaló Ramos.

Algunos analistas han considerado que la nueva regulación abre la puerta para que las operadoras compren aún más bonos del gobierno, lo que aumenta la exposición al riesgo en momentos que los títulos pierden valor debido a la baja calificación que tiene el gobierno por el alto déficit y la deuda.

El exsuperintendente de pensiones Edgar Robles es de los que sostienen que la reforma adoptada aumenta la posibilidad de las operadoras de invertir en títulos de Hacienda, al pasar de 50% a 80%, lo que aumenta el riesgo.

“Cualquier administrador de cartera va a decir que invertir el 80% en un solo emisor no es adecuado, independientemente del emisor. Tratándose del gobierno de Costa Rica peor aún, porque esto se hace en un momento en que el déficit fiscal es el más alto desde la época de los 80 y, además, con una tendencia a que los bonos pierdan calificación, lo cual implicaría que las operadoras de fondos de pensiones tendrían minusvalía en la medida que esos bonos tiendan a valer menos”, afirmó Robles

Además, el ambiente internacional no es el más propicio, porque la tendencia es hacia un aumento de las tasas de interés, y al aumentar estas los bonos pierden valor.

Entonces, desde una perspectiva de riesgos el reglamento, en lugar de controlar que las operadoras asuman menos riesgos, más bien se están aumentando, consideró.

Para el exintendente, otro elemento preocupante es se restringe las posibilidades para invertir en otros sectores que no sean el sector público, especialmente en algunas titularizaciones privadas, por ejemplo, relacionadas con inversiones inmobiliarias e infraestructura, y por otro lado emisiones internacionales que son de menor riesgo que el gobierno de Costa Rica.

Un agravante es que se pasó otra reforma para que las operadoras no tengan que valorar los títulos a precios del mercado, sino que lo puedan hacer a precios de adquisición, es decir, al precio que compran.

“Esto es grave, porque entonces se está dirigiendo a las operadoras de pensiones a que inviertan más en bonos públicos con el entendido de que ahora no tienen que reflejar las pérdidas existentes, que son verdaderas, para que las personas no se den cuenta de que se está perdiendo dinero con sus inversiones”.

Eso va contra las buenas prácticas internacionales en materia de administración de fondos de pensiones, que dicen que se tiene que valorar a mercado, apuntó Robles.

Sobre el punto, el Conassif señaló en un comunicado que no ha eliminado ni pretende eliminar la valoración de mercado (valor razonable) de los instrumentos financieros, y que la normativa aprobada amplía las herramientas de valoración siguiendo estándares internacionales, considerando tanto valor razonable como costo amortizado (de adquisición).

La valoración dependerá del modelo de negocio seleccionado por la entidad. Aun cuando el modelo de negocio implique valorar una porción de los activos administrados a costo amortizado, en todo momento el gestor deberá revelar en los estados financieros su valor razonable, además, reflejar minusvalías ante un deterioro en la capacidad de pago del emisor, lo cual es consistente con la guía 4.23 de la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico) para valorar activos de pensiones, añadió la entidad supervisora entre otros puntos.

Por su parte, el jerarca de Supen dijo que le resulta extraña la afirmación de que están restringiendo la inversión en titulaciones privadas o las emisiones internacionales, porque “no es cierto”.

No hay límite ni para bonos, ni para acciones en inversión privado. En lo que se puso límites fue a las estructuras de mayor complejidad, como en el caso de un límite de acciones, que además está apalancada y tiene cobertura, y son varias cosas al mismo tiempo.

Como históricamente con algunos instrumentos complejos no estaba claro si se podían comprar o no, en el nuevo reglamento se decidió clarificar cuáles instrumentos de inversión los puede comprar cualquiera, y cuáles por ser más complejos tienen restricciones, explicó el funcionario.

Por ejemplo, si una empresa inmobiliaria emite en bolsa bonos inmobiliarios relacionados con su actividad se puede comprar sin ningún problema, pero se restringe el acceso a vehículos especiales para ciertos tipos de inversiones inmobiliarias. Las restricciones están vinculadas a la naturaleza del instrumento, no al activo subyacente al instrumento, hay que tener cuidado de distinguir eso, señaló Ramos.

CAMBIO

Al justificar el tope fijado para la inversión en el sector público el superintendente comentó que anteriormente había una anomalía al separarse un tipo de deuda del Gobierno central más el Banco Central, en que se autorizaba un 55%, y una deuda del resto del sector público, con un 35% (90% en conjunto).

En la nueva regla eso se unificó y se lo bajó a 80%. Para conocer la salud financiera de un país, a las instituciones financieras internacionales no les interesa el déficit y la deuda del gobierno central, ellas lo que ven es el déficit y la deuda del gobierno general, de todo el sector público, apuntó.

Dijo que él propuso un límite de inversión en el sector público de 70%, pero Conassif, que es el experto en estabilidad financiera, consideró que el 70% podía generar algunos desequilibrios, y era mejor 80%, menor al 90% que había.

La mayoría de las operadoras han tenido un poco mas de 50%  en el gobierno central y Banco Central, y alrededor de 10% en el resto del sector público; para una operadora de pensiones complementarias tener más de un 60% en el sector público es muy alto, admitió Ramos.

Destacó que el tope fijado, es un límite prudencial, con el que se está diciendo al operador que sea prudente y trate de tener menos del tope.

Sin embargo, en el país hay “una cultura de cumplimiento” muy fuerte y muchas operadoras estaban tratando de estar siempre pegadas al límite. Preocupado por esa situación empezó a ver de qué forma se podía empezar a cambiarla, por lo que se inició un largo proceso de cambios reglamentarios.

Primero Conassif cambió el reglamento de gobierno corporativo, que traslada muchas más responsabilidades a las juntas directivas de las operadoras, y tienen que estar más involucradas en el día a día de las operaciones de la financiera.

El jerarca de Supen enumeró además una serie de medidas tomadas para reforzar “las líneas de defensa”  en la gestión de las operadoras, como un reposicionamiento del auditor interno, la unidad de riesgo, reformulación del capital mínimo de funcionamiento que debe contar el operador de cara al riesgo que asume, y la publicación de un  “folleto al público en general”.

Se trata de un folleto prospectivo que las operadoras deben publicar a partir de mayo próximo al menos una vez al año, donde el afiliado no solo va a saber cómo estuvo el rendimiento para atrás, sino que puede saber para dónde va la operadora, cuáles son sus planes de inversión en el futuro, con el fin de que pueda pedir cuentas si no le cumple lo prometido o no le parece bien la forma como se están haciendo las inversiones, resaltó Ramos.


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