Actualmente existen 53 universidades privadas en el país

Ley de reforma al Conesup fue dictaminada en comisión legislativa

Iniciativa busca establecermayores controles a la calidad de la educación superior privada.

El proyecto de ley para reformar la Ley del Consejo Superior de Educación Privada (Conesup) fue dictaminado en la comisión especial de Ciencia, Tecnología y Educación de la Asamblea Legislativa, lo que le da paso para ser discutida en el Plenario Legislativo.

La iniciativa que fue presentada  por el Ministerio de Educación Pública (MEP) y que tiene como objetivo  regular la calidad educativa y la oferta que brindan las universidades públicas en Costa Rica, así como llenar  vacíos legales y limitaciones administrativas, pasó por varios procesos,  consultas y reformas para satisfacer  a los distintos sectores relacionados.

De ser discutido y aprobado por los  diputados, reformaría la Ley 6693-27  que data de noviembre de 1981 y que  fue promulgada en una época en la  cual solamente existía una universidad privada, la Universidad Autónoma de Centro América (UACA),  por lo que respondía a una realidad  muy distinta a la actual.

Mario Redondo, diputado de la  Comisión, explicó que el proyecto  fue discutido, se conversó con los  diversos sectores y se incorporaron una serie de observaciones que  fueron planteadas.

“Debemos garantizar a los costarricenses una educación privada  de calidad que responda a los altos  estándares. Ahora el proyecto inicia su trámite en el Plenario”, indicó  Redondo.

Hasta el momento se habían presentado en la Asamblea cuatro pro- yectos diferentes para reformar el  Conesup, entre ellos la iniciativa presentada por el MEP, mientras que el  resto están un poco más rezagados en  la discusión y el análisis legislativo.  Una es la propuesta del MEP, otra  planteada por la Ulacit, otra por la  Federación de Colegios Profesionales  y la última impulsada por el Frente  Amplio.

En estos momentos, el país cuenta  con un total de 53 universidades privadas y se requiere una normativa  que esté a la altura de la necesidad  que tiene el Estado de hacer la ins- pección y supervisión de la educación  superior privada, enfocada especialmente en la calidad.

De acuerdo con Pablo Zúñiga, ase- sor jurídico del Ministerio de Educa- ción Pública (MEP) desde los años 80,  cuando se aprobó la Ley del Conesup,  el desarrollo de la educación superior  privada fue vertiginoso y ahora se  requiere que la formación de profesionales sea seria y razonable, pues  la ley vigente solo exige establecer un  mínimo de infraestructura y equipo  básico como bibliotecas y laboratorios, además de la acreditación voluntaria de carreras universitarias.

“Las universidades están for- mando a los profesionales en áreas  vitales para el desarrollo social y  económico del país, especialmente en  áreas como Educación, Ingenierías  y Salud, pues en los últimos años se  han graduado miles de personas en  estas carreras, quienes participan en  igualdad de condiciones ante Servicio Civil, y que debemos asegurarnos  que cuenten con las competencias y  habilidades adecuadas para ejercer”,  explicó Zúñiga.

Los educadores son quienes tienen  a su cargo la formación de los niños  y jóvenes, los médicos por su parte  deben estar adecuadamente educados  para asegurar que serán serios y evitarán malas praxis y que mantengan  su ética profesional, y los ingenieros  tienen a su cargo la construcción de  carreteras, puentes y edificaciones  familiares y comunitarias.

Es por  ello que el nuevo proyecto se enfoca en la acreditación de estas tres  carreras.  La creciente graduación de pro- fesionales en estas áreas evidencia  la necesidad de control y supervisar  cómo están siendo formados y esta- blecer con claridad los parámetros  que requiere el país.

Un ejemplo de esto es que para los  años 2008 y 2009, cuando el Servicio  Civil hacía un concurso para contratar docentes en el MEP, normalmente  se debía declarar inopia de profesionales, sobre todo para ubicarlos en  zonas de difícil acceso o peligrosidad,  pero la proliferación de carreras de  educación en las universidades privadas han significado un exceso de  demanda.

Prueba de ello es que para 2013  se abrieron a concurso un total de  7.500 plazas en el MEP, para el cual  recibieron propuestas de 32.000 pro- fesionales en docencia.

Otra muestra de esta situación es  que el año pasado las universidades  públicas en su conjunto emitieron  cerca de 15.000 títulos, mientras que  las universidades privadas sumaron  un total de 34.000 títulos.

“No se trata de limitar la acción  de las universidades privadas, pues  es claro que están cumpliendo una  función fundamental, están respondiendo a una demanda muy alta, que  las universidades públicas no logran  satisfacer, pero sí debemos establecer controles claros e igualitarios”,  añadió el asesor legal del MEP.

PRINCIPALES CAMBIOS

Son tres áreas esenciales en las  que se enfoca la reforma a la ley: Garantizar la calidad, haciendo obliga- toria de acreditación de las carreras  de Ingeniería, Educación y Salud, allí  entrarían en conjunto el Conesup y  el Sistema Nacional de Acreditación  de la Educación Superior (SINAES).

Según el MEP de las 53 universidades  privadas, hay 13 que han acreditado  sus carreras o lo tienen proyectado  de forma voluntaria.  “De hecho esto será beneficioso,  pues la Sala Constitucional estableció en un recurso de amparo que los  graduados de carreras acreditadas  tienen la posibilidad de que el Servicio Civil les otorgue un puntaje  adicional, pues superan la norma  mínima de calidad”, indicó Zúñiga.

El segundo eje es el mejoramiento del Conesup, el mejoramiento de  sus competencias y brindarle más  recursos para que responda a las necesidades de supervisión y control de  las universidades privadas.  Por último, la iniciativa pretende  crear un elenco de derechos para los  estudiantes de universidades privadas, de manera que si estos sienten  que están siendo violentados puedan  solicitar su cumplimiento ante el Conesup.

UNIVERSIDADES CAUTELOSAS  Para Albán Bonilla, director ejecutivo de la Unidad de Rectores de  las Universidades Privadas de Costa  Rica (Unire) –ente que reúne a varios centros de formación superior  privada-, los cuatro proyectos que  están en la Asamblea tienen como  eje central la calidad.

“En Unire siempre hemos estado en disposición de apoyar todo lo  que esté relacionado con mejorar la  calidad, pero consideramos que la  reforma a la ley debe pasar por el  mejoramiento de la gestión de los  órganos estatales, por financiar precisamente esa calidad, y ampliar la  oferta académica de acuerdo a las  necesidades del país”, detalló Bonilla.

Los miembros de Unire están de  acuerdo con el tema de la obligatoriedad de la acreditación de carreras,  pues consideran que es una necesidad  que todas las universidades, tanto  públicas como privadas, cumplan  con los mayores estándares.

“Sin embargo, para nosotros hay  elementos contradictorios en los proyectos, por ejemplo que plantean un  control de tarifas, quieren educación  barata y de buena calidad, pero no es  posible tener calidad si no hay sufi- ciente inversión; para ello el costo de  la oferta debe ser suficiente”, recalcó.

Además en sus observaciones han  planteado que es necesario crear nor- mas que permitan la internacionali- zación de los títulos, en transferencia de tecnologías, en integración  de TICS, de recursos bibliográficos,  en investigación, en movilidad de  profesores y de estudiantes.

Asimismo, impulsar mecanis- mos curriculares para mejorar la  empleabilidad y el emprendimiento  de los egresados universitarios.

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