Herta Däubler-Gmelin, exministra de Justicia de Alemania

Le cobran a Lula las políticas de nacionalización y distribución de renta

El proceso contra el expresidente Luiz Lula da Silva ha despertado una gran atención internacional y, del mismo modo que en Brasil, una enorme polémica.

Herta Däubler-Gmelin, exministra da Justicia de Alemania (1998-2002) y miembro del Parlamento, actualmente profesora de Ciencia Política en la Universidad Libre de Berlín, escribió un largo artículo, “La lucha del poder judicial brasileño contra la izquierda”, en el que analiza el proceso contra Lula.

Publicado en la edición brasileña de El País el 24 de enero pasado, Däubler-Gmelin recuerda que la posibilidad de candidatura de Lula en las elecciones de octubre próximo dependían en gran medida de la resolución del tribunal que, en segunda instancia, analizaría el fallo del juez Sergio Moro, de julio del año pasado, en el que se condenó el expresidente a nueve años y medio de prisión.

“Es justamente eso lo que los dueños del poder en el Brasil actual pretenden evitar por todos los medios, en asociación con el conglomerado mediático Globo, que pauta a la opinión pública”, dice Däubler-Gmelin.

“Lula y su partido son difamados casi a diario como “canallas” corruptos y “organización criminal”. Las causas de este combate a la persona de Lula, agrega, son, entre otras, “la políticas de nacionalización y distribución de renta iniciadas por Lula y su sucesora, Dilma Rousseff, con el objetivo de reducir las desigualdades sociales”.

La académica y política alemana es particularmente crítica contra los procedimientos de los tribunales en el caso del expresidente brasileño. Los principios irrenunciables del Estado de derecho, como la imparcialidad de los jueces y el debido proceso legal han sido violados sistemáticamente en este caso, afirma, citando el caso del operativo realizado por la policía en la casa de Lula o la decisión de hacer pública una conversación telefónica entre Lula y Rousseff grabada por la policía.

Däubler-Gmelin se refiere también al hecho de que el combate a la corrupción por los tribunales brasileños, en su opinión, están políticamente motivados.

“La corrupción patente, por ejemplo, del actual presidente Michel Temer, así como de grandes parcelas de sus secuaces conservadores en la Cámara de Diputados y en el Senado, no parecen perturbar los tribunales y la elite política de Brasil”, comentó.

La confirmación de la sentencia por el tribunal de apelación, concluye, “no perjudicaría solo la credibilidad y eficacia del combate contra la corrupción, pero al mismo tiempo revelaría la inexistencia del Estado de Derecho en Brasil”.

Democracia en decadencia

La afirmación fue repetida por prestigiosos medios internacionales. El diario francés Le Monde, en editorial, estimó que Brasil “es una democracia en decadencia”. El malestar crece en la medida en que el actual Gobierno revisa la política social y económica de los gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT).

Para Le Monde, la salida de la presidente Rousseff no contribuyó a la causa de la ética prometida por la llamada Operación Lava-Jato. Por el contrario, “la desgracia de Lula muestra un espectáculo lamentable de un viejo mundo político en decadencia”.

Brasil se transformó en un laboratorio neoliberal, dijo en noviembre pasado Luiz Bresser-Pereira, economista y abogado, exministro de Hacienda de Brasil.

Mark Weisbrot, economista norteamericano, escribió en el New York Times en vísperas de la vista en segunda instancia del caso del tríplex en la playa de Guarujá, base de la acusación contra Lula en este caso.

En el texto, titulado “La democracia brasileña empujada hacia el abismo”, Weisbrot revisa el historial de los miembros del tribunal, cuyo relator –afirma– ya ha calificado de técnicamente irreprochable el fallo de primera instancia. Y el presidente del grupo de tres jueces –agrega– ha pedido, en su página de Facebook, la prisión de Lula. No se puede esperar mucha imparcialidad de este tribunal, asegura Weisbrot.

El imperio de la ley ya había sido suprimido en Brasil cuando el Congreso acordó, en 2016, destituir a la presidente Rousseff. Weisbrot recuerda que esa decisión fue tomada no por ninguna acusación de corrupción, sino por otra, de haber realizado maniobras contables para hacer parecer el déficit fiscal menor de lo que realmente era.

Refiriéndose al caso, recuerda que ni Lula, ni su esposa (ya fallecida) tienen título de propiedad sobre el inmueble, que nunca usaron y que, según la acusación, Lula habría recibido como “propina” de la constructora OAS, a la que la estatal Petrobrás otorgó concesiones en licitaciones públicas.

La percepción de que la democracia en Brasil ha sido empujada hacia el abismo es compartida por diversos medios, entre ellos el mexicano La Jornada.

En el editorial publicado después de la decisión del tribunal de apelación afirma que “resulta imperativo manifestar el más firme rechazo ante la deriva antidemocrática que se encuentra detrás de este ensañamiento jurídico, el cual, debe repetirse, es ajeno a cualquier afán de castigo a la corrupción, un mal que de manera innegable carcome a la clase política brasileña, quizá hoy más que nunca”.

Pero los casos de los demás, incluyendo el del presidente Michel Temer, de senadores, diputados y ministros aliados del actual Gobierno son desechados.

Es apenas una estrategia “para sepultar Lula, como afirmó Hernán Gómez Bruera, investigador especializado en América Latina del Instituto Mora, en Ciudad de México, también en un artículo en el NYT, el 26 de enero.

“Hace tiempo que la derecha brasileña parece haber comprendido que Lula es imbatible electoralmente. Quizás por eso se trazó una ruta judicial para apartarlo del poder, trasladando a los tribunales, una decisión que en una democracia debería corresponder a los ciudadanos”.

“El objetivo del proceso a Lula da Silva no ha sido promover el surgimiento de una nueva república de la honestidad y la transparencia, sino apartar del camino al rival más temido”, destacó Gómez Bruera.


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