Las pensiones de privilegio

La Nación del 10 de enero da cuenta de los proyectos mediante los cuales los diputados pretenden imponer límites a los odiosos regímenes de pensiones de privilegio que,

La Nación del 10 de enero da cuenta de los proyectos mediante los cuales los diputados pretenden imponer límites a los odiosos regímenes de pensiones de privilegio que, a lo largo de décadas, han sido creados por la clase política, en algún caso para favorecerse ella misma. Hacen bien: están en deuda con el país. Son cuatro propuestas de otros tantos partidos políticos, que el Gobierno trabaja para conjuntar en una sola. La pensión promedio mensual del régimen IVM es de ¢ 250 mil mientras que la pensión promedio mensual de los regímenes de privilegio, incluyendo a los multipensionados, (Gobierno y exdiputados, Magisterio y Poder Judicial) es de ¢2.330.000 (fuente: https://semanariouniversidad.com/pais/multipensionados/). La contribución del Estado, como tal y como patrono, va desde un 1,24% en el caso del IVM hasta un 15,6% en el caso del régimen del Poder Judicial. Las desigualdades no acaban aquí, pero el objeto de este modesto artículo es otro.

La verdadera reforma no consiste en imponer límites a las pensiones de privilegio, consiste en unificar los regímenes de pensiones en uno solo, el único tutelado por la Constitución, que es el régimen IVM de la CCSS. Como lo argumenta con meridiana claridad el editorial de La Nación del 21 de noviembre pasado “Costa Rica necesita un régimen único de pensiones, tanto por la imposibilidad de mantener la multiplicidad de sistemas de privilegio existentes como por razones de elemental justicia y equidad”. Es este el verdadero meollo del asunto, aún sobre las importantes consideraciones de orden fiscal, que hacen insostenibles estos regímenes de privilegio: es una cuestión de justicia y equidad. Ninguna sociedad permanece pacífica si se vulneran la justicia y la equidad, ignorando el principio constitucional de que todos somos iguales ante la ley. Para compensar los mayores aportes que los trabajadores han realizado –ellos mismos, no el Estado en su doble condición de Estado y de patrono– a lo largo de su vida laboral, al trasladarlos al IVM el exceso en el aporte sobre el 3,84% debe convertirse, mediante un cálculo actuarial, en un aporte al Régimen voluntario de pensiones complementarias, contemplado en la Ley 7983 de protección al Trabajador, registrado y controlado en una cuenta individual a nombre del trabajador. Existe una Acción de Inconstitucionalidad presentada por Penjusol (Pensiones justas y solidarias) una asociación de la sociedad civil integrada por patriotas que han dedicado mucho tiempo y dinero de su bolsillo a la lucha contra las pensiones de privilegio. Dicha acción propugna la derogatoria de las leyes que han creado los regímenes de privilegio y el traslado de sus afiliados al IVM, con fundamento en una violación al artículo 73 de la Constitución Política, el cual establece “los seguros sociales en beneficio de los trabajadores…, regulados por el sistema de contribución forzosa del Estado, patrones y trabajadores, a fin de proteger estos contra los riesgos de enfermedad, invalidez, maternidad, vejez, muerte… La administración y gobierno de los seguros sociales estarán a cargo de una institución autónoma, denominada Caja Costarricense del Seguro Social”. Esta Acción fue presentada en agosto de 2017 y duerme el sueño de los justos en la Sala IV. Penjusol presentó simultáneamente a la oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea Legislativa un proyecto de ley concomitante, pero parece que los actuales diputados desconocen que existe. Imperfecto pero perfectible, dicho proyecto de ley merece ser rescatado y apoyado por algún diputado ya que, en vez de una solución parchada que conserve con vida a los regímenes de privilegio, acaba con ellos y los unifica en el IVM.

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