A menos de una semana de inaugurar los dos puestos de atraque de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM) que administra el consorcio holandés APM Terminals, el presidente ejecutivo de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente del Atlántico (Japdeva), Greivin Villegas, desafió las órdenes del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), pues considera que no están apegadas al ordenamiento jurídico.
Esta reacción de la Junta se da luego de que el pasado viernes 1 de marzo (un día después de la inauguración de la TCM), el ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez, emitiera a la autoridad portuaria el oficio DM-2019-0700, donde señala que Japdeva posee limitación de sus competencias en puertos concesionados y no puede establecer la programación de los buques que van a la TCM.
En la circular, el ministro también ordenó a Japdeva “insertar la programación de los buques a ser atendidos por la TCM de forma inmediata correspondiente a la semana en curso, en apego a los criterios técnicos que garanticen una operación segura y eficiente para ambas terminales (Gastón Kogan Kogan y TCM), lo anterior para evitar pérdidas económicas y comerciales para el país por la paralización de operaciones de nuestros puertos”.
El malestar de la Junta no se hizo esperar. El martes 4 de marzo el presidente ejecutivo de Japdeva declaró nulo el oficio enviado por Méndez, pues, en su criterio, su orden no se apega a la ley.
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APM Terminals deberá girar a Japdeva $20 millones cada año
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“El contrato de concesión y el mismo concesionario reconocen que la TCM solo puede atender buques portacontenedores de tipo fully cellular. La situación se agrava más cuando se instruye una programación mensual de las operaciones de la TCM para el período del 19 de febrero al 19 de marzo del 2019, sin conocer de antemano la demanda de servicio ni el tipo buques que serán atendidos, lo cual es improcedente y contrario a lo establecido en el Reglamento de Operaciones de Japdeva”, señaló el presidente ejecutivo de Japdeva en una respuesta al oficio del MOPT.
Según el contrato de concesión, la Terminal de Contenedores de Moín será la única encargada de atender barcos portacontenedores tipo fully cellular container ships (buques cuya naturaleza es el transporte de contenedores cargados en celdas) destinados a la importación y exportación de carga hacia y desde Costa Rica.
De esta forma, las otras embarcaciones deberán cargar o descargar sus mercancías (granelera e hidrocarburos) en el muelle administrado por Japdeva.
Villegas externó que el MOPT solo es un órgano rector; no obstante, no existe relación de jerarquía entre ambas instituciones.
“En su condición de órgano rector el MOPT tiene y debe “coordinar” la política portuaria nacional conforme lo dispone el artículo 27 de la Ley General de Administración Pública, más no puede impartir órdenes o instrucciones a Japdeva por ser esta un ente descentralizado y, por lo tanto, no existe relación de jerarquía entre ambas administraciones públicas. Más bien, solo existe relación de dirección (artículos 99, 100 y 101 LGAP)”, mencionó el presidente ejecutivo.
Además, el jerarca de Japdeva señaló que “la instrucción ilegítima emitida por el MOPT en su oficio lesiona la autonomía de Japdeva y genera daños de imposible o difícil reparación, incluso irreversibles, como lo hemos externado”.
De acuerdo con Villegas, incluso los permisos que está otorgando el Ministerio de Obras Públicas y Transportes a APM Terminals están provocando que compañías como Dole y Chiquita Brands hayan “manifestado haber sido obligadas por el Gobierno a trasladar sus operaciones a APM, amparado al criterio de su representada. Ello a pesar de que muchos de sus buques no son del tipo fully cellular”.
Tras la entrada en operación de la TCM en octubre del 2018, varias compañías han tomado la decisión de cerrar sus centros de operación en la provincia de Limón.
La primera de ellas fue la empresa transnacional Standard Fruit Company de Costa Rica S.A., quien el pasado 24 de enero cerró el centro de trabajo (Departamento de Operaciones, Terminal y Taller) en la provincia caribeña, dejando sin empleo a 240 trabajadores.
De acuerdo con el comunicado de la compañía, el cierre de la Terminal y Taller se da debido al inicio de operaciones de la Terminal de Contenedores de Moín, pues “las funciones de atención de contenedores serán realizadas dentro de la tarifa integral cobrada por la concesionaria APM y las otras dejan de ser rentables por la severa disminución que se produce producto de la concesión pública otorgada por el Estado”.
A este caso se suma la Chiquita Brands, empresa que el pasado 4 de marzo decidió cerrar sus operaciones portuarias en Limón.
“El pasado 01 de marzo entró en operación la Terminal de Contenedores de Moín (TCM), bajo concesión otorgada por el Gobierno de Costa Rica a la Empresa APM Terminals. Dicha concesión obliga a operar exclusivamente los buques de contenedores en esta terminal, misma que brindará un servicio integral a los contenedores”, señaló la compañía en un comunicado.
UNIVERSIDAD intentó conversar sobre el tema con el ministro del MOPT, Rodolfo Méndez; sin embargo, al cierre de edición no se obtuvo respuesta.
Asimismo, se realizaron consultas a APM Terminals; no obstante, desde su oficina de comunicación se señaló que “de momento la compañía no se va a referir al tema”.
Quiebra técnica
La situación que en este momento atraviesa la Junta resulta preocupante para su jerarca, quien señala que si APM Terminals recibe buques portacontenedores (además de los fully cellular container ship), provocaría una quiebra técnica de la institución.
De acuerdo con las proyecciones de Japdeva, para abril de este año no se tendría la capacidad financiera para garantizar la continuidad de los servicios públicos portuarios, la gestión del Desarrollo, el pago de salarios, cargas sociales y las demás obligaciones.
El gerente portuario de Japdeva, Marlon Clarke, afirmó que actualmente el problema se sigue presentando, pues los capitanes de los buques señalan que tienen autorización del Gobierno para acceder al canal de acceso.
“Consideramos que es improcedente, ilegal y violatorio del marco legal que regula a Japdeva como autoridad portuaria. Por eso se declara la desobediencia a la orden. A pesar de haber externado su posición, la situación se mantiene igual en la práctica hasta el día de hoy. Habría que analizar en los siguientes días cuáles serán las responsabilidades que ese comportamiento irregular nos trae”, externó Clarke.
Clarke, además, reiteró la anuencia de Japdeva para conversar con el ministro del MOPT.
“Consideramos que si este tema se hubiera manejado oportunamente por las autoridades competentes, probablemente estaríamos solucionando el conflicto”, especificó el gerente portuario.
La Terminal de Contenedores de Moín (TCM) fue inaugurada el pasado jueves 28 de febrero.
El proyecto, cuyo costo total es de $1.000 millones, se encuentra construido sobre una isla artificial frente a las costas de Moín. La primera etapa tiene una longitud de 40 hectáreas y consta de un muelle de 650 metros de longitud y un patio de contenedores con capacidad para albergar 26.000 TEUs (equivalente a 20 pies o 6 metros), incluyendo conexión para 3.800 contenedores refrigerados.
Según el contrato de concesión de obra pública, APM Terminals deberá pagar a Japdeva un canon del 7,5% de los ingresos brutos, que según el consorcio de origen holandés sería de $20 millones anuales. Estos recursos deberían destinarse a proyectos de desarrollo regional.
Durante la inauguración del megapuerto, el presidente de la República, Carlos Alvarado, fue consultado sobre el destino que se dará a esos recursos, pero no detalló cuáles son los proyectos se realizarán en la región. Más bien aseguró que actualmente se realizan estudios de factibilidad para determinar qué obras obtendrían este financiamiento.
