Indígenas de zona sur denuncian incumplimiento de acuerdos por parte de Gobierno

Reclamo por impunidad ante asesinato de Sergio Rojas se mantiene, mientras el Ministerio Público pide ayuda para dar con los responsables materiales.

El incumplimiento de acuerdos en materia de seguridad suscritos desde 2017 con los pueblos de Térraba y Salitre, así como la pendiente ejecución de seis desalojos en ese territorio, son algunos de los reclamos que las comunidades indígenas hicieron de manera pública al Poder Ejecutivo.

El pasado 27 de junio en conferencia de prensa, Carlos Antonio Zúñiga,  cabécar de China Kichá; Dinorah Estrada, boruca del territorio de Rey Curré; Roberth Morales Villafuerte, del territorio recuperado de Crun Shurín, en Térraba, y Daniela Torres, cabécar de Cabagra, se refirieron a las luchas que históricamente y hasta la actualidad sus pueblos y comunidades deben superar.

Informaron que desde el día 20 enviaron al Poder Ejecutivo y Judicial un documento titulado “Pronunciamiento Público por la Justicia para Sergio Rojas y los Pueblos Originarios de la Zona Sur”, firmado por unas 20 organizaciones indígenas, populares y de campesinos.

Ese pronunciamiento incluyó la preocupación porque quede en impunidad el asesinato de Rojas, uno de los fundadores del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (Frenapi) ultimado de quince disparos en su casa de habitación en Yery de Salitre, el pasado 18 de marzo.

Tras afirmar que esas organizaciones firmantes apoyan el derecho a la huelga y la protesta social y “condenan la represión del Gobierno contra estudiantes, pescadores y otros sectores”, denunciaron que el Ejecutivo no dio respuesta a sus inquietudes.

Por ello, insistieron públicamente en las reivindicaciones planteadas, como obtener respuesta a un protocolo de seguridad propuesto por el pueblo bribri de Cabagra desde 2016, que incluye el desalojo de tres terrenos que hoy se encuentran ocupados por no indígenas.

Uno de los puntos más importantes es la emisión de un decreto ejecutivo que “formalice y otorgue seguridad jurídica” a una base de datos del pueblo Bröran de Térraba, construida con el apoyo del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y que aclararía y facilitaría el proceso de saneamiento territorial.

También solicitaron que el Ministerio de Seguridad detenga un proceso de desahucio administrativo en contra de personas cabécares que recuperaron un terreno en China Kichá, “establecido por el terrateniente Ángel Marín Espinoza y al cual ese Ministerio dio trámite sin la menor investigación y atención especial al tratarse de un territorio de un pueblo originario”.

Asimismo, solicitaron una investigación “de todo el personal policial de la Delegación de la Fuerza Pública del cantón de Buenos Aires”.

Al Poder Judicial, además de la preocupación y reclamo por el caso de Sergio Rojas, se le solicitó investigue a un juez del Juzgado Civil, Trabajo y Familia de Buenos Aires, llamado Jean Carlos Céspedes Mora, “en relación a los casos agrarios que involucren a pueblos originarios y se le prohíba conocer este tipo de causas; debido a su relación de parentesco con el terrateniente no indígena Luis Chinchilla, quien ocupa ilegalmente tierras en los territorios de Térraba y Boruca”.

Se buscó una respuesta desde Casa Presidencial a los reclamos y denuncias de los indígenas, pero no se obtuvo a tiempo del cierre de edición, a pesar de que se les consultó de manera muy anticipada.

Luchar para sobrevivir

Carlos Zúñiga se refirió en particular al caso del juez Céspedes y subrayó la importancia de que, mientras se le investiga, sea apartado de ver temas indígenas. Tras insistir en que el Gobierno debe frenar los procesos de desalojos administrativos contra las recuperaciones de tierra, denunció que “contra nosotros, en 15 días nos ordenan el desalojo, mientras que las denuncias que interponemos tardan hasta seis años” en trámite.

Recordó que ese territorio indígena fue reconocido desde mediados del siglo XX, pero que a inicios de los años 80 el entonces Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) determinó de manera contrariante que en el sitio no vivían indígenas. Ello entonces se prestó para que empezaran “los escritos, traspasos, ventas de los usurpadores”.

En 2001 un decreto estableció la existencia de población indígena, pero solo reconoció un total de 1.190 hectáreas. “En China Kichá uno no vive, sobrevive. En base a todo eso empezamos a planear las recuperaciones, pues el 98% del territorio está en manos de no indígenas”.

Dinorah Estrada, quien además integra el Consejo Indígena Regional del Pacífico Sur, contó que su familia ha logrado mantener la recuperación de un terreno de 260 hectáreas; pero a duras penas, pues según dijo unas 35 personas que rechazan la acción entraron en el sitio recientemente.

Denunció que su familia recibe amenazas y que tras la tormenta tropical Nate, que en 2017 anegó el colegio y algunas casas, la Asociación de Desarrollo Integral (ADI) “no interviene como debe, no hace por dónde para reubicar a la gente”. Dijo, además, que se debe investigar a las ADI de Curré, Cabagra y Térraba por el manejo de los dineros por pago de servicios ambientales.

De hecho responsabilizó a la ADI de su territorio por la invasión del terreno recuperado por su familia. Según dijo, quemaron cultivos de yuca, frijoles y café.

La de Roberth Morales Villafuerte es una de 16 familias recuperadoras establecidas en la localidad de Crun Shurín, en Térraba. Morales indicó que han recibido amenazas de muerte, en particular el activista Pablo Sibar.

Además detalló que se trata de una finca recuperada de 800 hectáreas, y que tras la recuperación lograron sacar a “peones y matones”.

Expresó además su temor de que con el caso del asesinato de Sergio Rojas suceda lo mismo que con otros asesinatos de activistas que han quedado impunes, como Jairo Mora. “Si no hacemos presión, quedará impune y eso no lo queremos”, aseveró.

Caso Sergio Rojas

Este lunes el Ministerio Público hizo circular estos retratos hablados, “para recabar información sobre presuntos sospechosos del homicidio del líder indígena Sergio Rojas Ortiz”.

La información añadió que tal asistencia de la ciudadanía es requerida por la Fiscalía Adjunta de Delitos Conexos respecto de la causa penal que se tramita bajo el número 19-000178-0990-PE.

Para brindar información confidencial, la población puede llamar a la línea gratuita 800-8000-645, o presentarse en la Fiscalía más cercana.

La Fiscalía recordó que Rojas fue asesinado el 18 de marzo anterior, en su propia casa en el sector de Yery, del Territorio de Salitre, en Buenos Aires de Puntarenas. Desde entonces, la fiscala general de la República, Emilia Navas Aparicio, “condenó los actos de violencia y ordenó la conformación de un grupo de fiscales para la investigación prioritaria de este caso, el cual coordina de manera estrecha con el Organismo de Investigación Judicial, para la resolución de la causa penal”, según sostiene la comunicación.

Se consultó si las personas retratadas son autores materiales o intelectuales del asesinato, sin embargo desde la oficina de prensa de la Fiscalía General se adujo que tal detalle no se puede precisar, ya que “ese tipo de información de momento es privada, pues la investigación se encuentra en trámite y en este momento la Fiscalía se enfoca en lograr identificar a las personas sospechosas”.

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