Antonio Gramsci (1891-1937) acuñó el concepto de hegemonía para referirse a dos procesos distintos, pero relacionados. Por un lado, a la capacidad de liderazgo político y cultural de los grupos dirigentes de una sociedad, y por otro, a la impugnación constante de ese liderazgo por parte de los sectores subalternos.
Factor clave en el éxito de ese liderazgo es que los grupos dominantes, ante los cuestionamientos y demandas de los sectores subalternos, atiendan e incorporen algunas de esas reivindicaciones y las instrumentalicen para fortalecer su liderazgo.
Para ejercer dicho liderazgo, los grupos dominantes tienen cuatro aliados fundamentales: las instituciones religiosas (en el caso de la Italia de Gramsci, la Iglesia católica), los medios de comunicación colectiva, los partidos políticos y el sistema educativo.
A lo largo de los siglos XIX y XX, los grupos dominantes costarricenses construyeron uno de los proyectos hegemónicos, en el sentido gramsciano del término, más exitosos de América Latina.
De la década de 1980 en adelante, esa hegemonía empezó a resquebrajarse, como resultado de tres procesos principales, estrechamente conectados con la implementación de políticas económicas neoliberales.
El primero consistió en que las políticas implementadas para reformar la economía no estuvieron libres de escandalosas prácticas de corrupción (evasión fiscal incluida), que erosionaron la credibilidad de políticos, partidos y empresarios.
Un segundo proceso consistió en que esas políticas, al restarle prioridad a la inversión social, dieron como resultado un estancamiento de la pobreza, un incremento en la desigualdad, el desempleo y la informalidad, con particular impacto en las áreas fuera del Valle Central.
Finalmente, el tercer proceso fue que las organizaciones políticas de izquierda, que jugaron un papel clave en articular las demandas de los sectores populares y en obligar a los grupos dirigentes a renovar constantemente su hegemonía, se distanciaron cada vez más de esos sectores populares.
Crecientemente intelectualizados y dominados por cuadros con estudios universitarios, esos partidos incorporaron nuevas reivindicaciones asociadas con la equidad de género y los derechos de las comunidades sexualmente diversas, pero simultáneamente tendieron a abandonar a los trabajadores ocupados en el sector privado y a las poblaciones más pobres y marginales.
Los primeros efectos del resquebrajamiento de esa hegemonía empezaron a ser visibles a finales del siglo XX, con el incremento del abstencionismo en las elecciones y el deterioro en el respaldo que tenían en las urnas los dos partidos mayoritarios de entonces: Liberación Nacional (PLN) y la Unidad Social Cristiana (PUSC).
En la elección del año 2018, ese resquebrajamiento se hizo todavía más evidente, cuando un partido evangélico, que logró capitalizar los espacios abandonados por la izquierda y las resistencias contra la equidad de género y el matrimonio igualitario, ganó la primera ronda electoral.
Con la colaboración de un sector del PUSC, el Partido Acción Ciudadana aprovechó la amenaza evangélica para llevar a la presidencia a Carlos Alvarado Quesada. En vez de tratar de restaurar la hegemonía, Alvarado se ha dedicado a resquebrajarla todavía más.
Aparte de promover una una reforma fiscal tan socialmente regresiva como económicamente recesiva, la administración de Alvarado se ha manifestado a favor de proyectos legislativos que procuran ilegalizar las huelgas en el sector público y promover la disolución de sindicatos. Por si esto fuera poco, mientras ciertos representantes del Gobierno de Alvarado consideran que en Costa Rica “el salario mínimo es muy alto”, otros desconocen la autonomía constitucional de instituciones públicas vitales y algunos más recurren al Ministerio Público para acusar penalmente a estudiantes de la segunda enseñanza pública.
Si bien la administración de Alvarado presume de un progresismo asociado con el apoyo a algunas reivindicaciones feministas y el reconocimiento de los derechos de las comunidades sexualmente diversas, nunca antes, en la historia costarricense de los últimos cien años, un gobierno había renunciado tan cristalinamente al ejercicio de la hegemonía para proteger y promover intereses de clase.
