El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) aseguró que ya está comunicada y coordinada con las dependencias respectivas la forma como se van a transferir los recursos necesarios para pagar las pensiones del Régimen No Contributivo (RNC), creado para atender a los adultos mayores en situación de pobreza y que no estén cubiertos por ningún sistema de jubilación.
El anuncio vino luego de difundirse en medios de prensa una advertencia de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) –que administra el régimen– sobre un faltante de recursos que no permitirían pagar en diciembre la totalidad de las pensiones y aguinaldos a los 119.000 beneficiarios del RNC.
Según ese informe, un atraso de la transferencia de recursos, que debía hacer el Ministerio de Hacienda, obligó a utilizar la reserva de contingencia que tiene el régimen (de unos ¢4.000 millones), lo cual originó un desequilibrio financiero, y se necesitaría un aporte adicional cercano a ¢9.000 millones para hacer frente a los pagos de diciembre.
“Los recursos adicionales solicitados por la CCSS (para el RNC) ascienden a ¢8.600 millones. Ya se ha comunicado y coordinado debidamente con Hacienda y la CCSS la forma en que se van a transferir todos los recursos necesarios para que en este 2018 se cumplan los compromisos financieros del RNC establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2015-2018”, puntualizó ante una consulta de este medio el despacho del Ministro de Trabajo, Steven Núñez.
Además, para el 2019 se asignarán los recursos que garanticen la actual cobertura y que esta sea acorde con la meta que se fije en PND 2019-2022, añadió el jerarca tras destacar que para el 2018 se cumple y sobrepasa la meta definida en el PND actual.
A su vez, la CCSS informó que ya se logró la meta establecida en el PND para el otorgamiento de nuevas pensiones no contributivas, seis meses antes de lo programado, gracias a los esfuerzos realizados tanto por la institución como por el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), que impulsa el programa estratégico denominado Plan Puente para el Desarrollo.
En el periodo 2015-2018 se crearon 15.395 nuevas pensiones no contributivas, lo que permitió que esa cantidad de costarricenses, especialmente adultos mayores que se encontraban en desamparo económico y sin redes apoyo, hoy tengan en su mano este beneficio que consta de ¢78.000 mensuales para los casos de pensión no contributiva y de ¢274.500 para los beneficiarios de la Ley 8769 (personas con parálisis cerebral).
La meta propuesta fue de 3.750 pensiones nuevas anualmente; sin embargo, en años anteriores, el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), entidad encargada del financiamiento del RNC, realizó erogaciones extraordinarias que permitieron un crecimiento mayor por año, explicó una nota de prensa de la Caja.
“Aumentar las pensiones para personas de escasos recursos fue una de las prioridades de la administración (del presidente Luis Guillermo) Solís Rivera y, con la meta alcanzada antes de tiempo, el MTSS y la CCSS evidencian el compromiso cumplido con estos grupos de población vulnerable”, manifestó el presidente ejecutivo de la Caja, Fernando Llorca.
Esto permite que las pensiones del régimen hayan pasado de 103.903 en diciembre 2014 a 119.298 a junio 2018, para un costo total de ¢184.000 millones al año, según el informe.
Actualmente se está a la espera de la definición de los nuevos objetivos gubernamentales en esta materia que establecerá el Gobierno de Carlos Alvarado en el PND 2019–2022.
Mientras tanto, se mantendrá el número actual de beneficiarios de este programa, así que el monto de las pensiones, aseguraron la Caja y el MTSS.
El RNC lo financia el Fodesaf, una dependencia del MTSS –ente rector de los programas sociales del Gobierno– y los recursos se los transfiere Hacienda con el producto del impuesto de ventas, impuesto a licores y cigarrillos, y parte de la venta de loterías de la Junta de Protección Social.
De acuerdo con la Ley de Fodesaf, creada en 1974, de ese Fondo se tomará al menos un 10.35% para el financiamiento del RNC de pensiones por el monto básico que administra la CCSS a favor de los ciudadanos que, al encontrarse en necesidad de amparo económico inmediato, no han cotizado para ninguno de los regímenes contributivos existentes, o no han cumplido el número de cuotas reglamentarias o los plazos de espera requeridos en tales regímenes. En el año 2009 una reforma incorporó a las personas con parálisis cerebral profunda.
El monto mencionado se ha estado trasladando a cabalidad hasta el momento e, incluso, ha sido posible transferir una mayor cantidad de recursos para atender a la mayor cantidad de personas posibles, siempre y cuando la disponibilidad de recursos lo permita, aseguró el MTSS.
Agregó que para el año 2019 se asignó el monto correspondiente a dicho porcentaje, según el límite autorizado por el Ministerio de Hacienda, y durante el año se realizarán las modificaciones pertinentes a efecto de contar con los recursos necesarios que garanticen mantener la cobertura del RNC.
Para este año, el presupuesto del régimen de pensiones asciende a ¢155.932 millones.
Para el próximo año la suma es de ¢145.743,5 millones y, con respecto al incremento que solicita la CCSS, se asignarán los recursos que garanticen la actual cobertura y que esta sea acorde a la meta del PND 2019-2022, insistió el jerarca de Trabajo.
RECURSOS
La ley manda que, para el financiamiento de Fodesaf, cada año el Ministerio de Hacienda debe asignar en el presupuesto ordinario anual de la República el equivalente a 593.000 salarios base utilizados por el Poder Judicial para fijar multas y penas por la comisión de diferentes infracciones (actualmente ¢431.000). Este dinero proviene de la recaudación del impuesto sobre las ventas, y se girará el monto resultante para atender los programas y subsidios que se financian con recursos del Fodesaf.
El Fondo también se financia con un recargo de 5% que deben pagar los patronos públicos y privados sobre el total de sueldos y salarios que paguen mensualmente a sus trabajadores. Se exceptúan de este recargo al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, al Poder Judicial, al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), a las instituciones de asistencia médico-social, las juntas de educación, las juntas administrativas, las instituciones de enseñanza superior del Estado y las municipalidades, así como a los patronos cuyo monto mensual de planillas no exceda el equivalente de un salario base y los de actividades agropecuarias con planillas mensuales hasta el equivalente de dos salarios base.
El presupuesto anual del Fondo llega a un poco más de ¢600.000 millones, de los cuales un poco más del 50% corresponde al aporte patronal del 5%.
En el artículo 18 de la ley se establece que el Fondo es patrimonio de todos los beneficiarios, y en ningún caso ni para ningún efecto podrá ser destinado a otras finalidades que no sean las señaladas por esta Ley.
A contrapelo de esa disposición legal, los gobiernos no le trasladaban a Fodesaf todos los recursos que le correspondían por el impuesto de ventas y los destinaban a otros fines; a consecuencia de eso, la tendencia de varios años era la reducción de esos ingresos y una acumulación de deuda (ver recuadro).
No obstante, según los informes financieros de Fodesaf, a partir del año 2010 esa situación ha sido superada, al girar Hacienda en forma oportuna la totalidad de los recursos definidos en la reforma a la ley de octubre del 2009.
Deuda
La morosidad de los gobiernos y de los patronos en sus pagos a Fodesaf, añadido a ineficiencias en el cobro por parte del Fondo –señaladas en auditorías de la Contraloría General de la República (CGR)– generó una multimillonaria deuda acumulada.
Por disposición de la CGR, desde abril del 2015 la CCSS realiza el cobro administrativo y judicial de las contribuciones para Fodesaf (anteriormente solo cobraba las contribuciones por un periodo de tres meses) y la recuperación mejoró. Según la Dirección de Cobros de la institución, el 96.76% de la facturación se recupera a 90 días.
Sin embargo, Fodesaf acumulaba cuentas por cobrar a largo plazo por la suma de ¢966.000 millones; de estos, ¢182.000 millones corresponden los patronos morosos, según la última auditoría financiera que la CGR le hizo a Fodesaf en el 2015.
Se calcula que con solo un 5% de interés anual de un fondo que se creara con el mencionado monto de la deuda, se podrían otorgar cerca de 50.000 pensiones nuevas del Régimen No Contributivo.
En lo que tiene que ver con la morosidad patronal, pública y privada con Fodesaf, esta suma al día de hoy ₡223,646 millones, según datos de la Dirección de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Desaf).
De ese monto un poco más de ₡222,987 millones corresponden a la deuda del sector privado y ₡658,4 millones a las instituciones públicas, de la cual el 97% es del Consejo Nacional de Producción (CNP), que tiene un arreglo de pago.
Esta morosidad de las instituciones públicas como patrono es aparte de la que tiene el Estado por las transferencias que debe hacer por ley pero las incumplió.
Esta información fue completada a las 13:35 hrs, julio 18, con datos actualizados del Desaf (MTSS).