Estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR) impulsarán que el profesor catedrático Mainor Salas Solís sea declarado “perjudicial”, debido a los señalamientos en su contra sobre situaciones de hostigamiento sexual, frases obscenas e insultos a alumnas.
Paula Pastor, de la secretaría de Derechos Humanos de la Asociación de Estudiantes de Derecho, indicó a UNIVERSIDAD que se buscará la aplicación del artículo 82 bis del Estatuto Orgánico de la UCR. Este indica que es potestad de la Asamblea Representativa de Facultad “Declarar a un profesor perjudicial o ineficaz en su labor, por votación afirmativa -secreta- no inferior a las dos terceras partes del total de sus miembros, previo levantamiento de expediente, de acuerdo con la reglamentación que corresponda”.
Esa asamblea está conformada por el personal docente en régimen académico y una representación estudiantil.
La declaratoria de perjudicial es un motivo para solicitar a la Comisión Instructora Institucional de la UCR que se abra una causa disciplinaria, indicó días atrás la vicerrectora de Docencia, Marlen León, a UNIVERSIDAD.
Pastor comentó que, en vista de que se requiere un alto respaldo del cuerpo docente a esta propuesta, en estos días el movimiento estudiantil está pegando afiches para recordarles la lucha contra el hostigamiento sexual.
La dirigente estudiantil añadió que se oponen al regreso del catedrático a clases aunque sea de manera virtual, que es la propuesta del decano.
“No lo vamos a aceptar por ningún medio, no lo vamos a aceptar (por vía) digital, ni presencialmente, no más. Creo que esa es la posición generalizada de todo el estudiantado, no más violencia de ningún tipo”, expresó Pastor.
El jueves pasado, el decano de la Facultad, Alfredo Chirino, hizo un comunicado en el que detalló que la Vicerrectoría decidió no autorizar “la excepción del ejercicio de la docencia directa” mientras se lleva a cabo una investigación, por no cumplirse los requisitos normativos.
Según Chirino, la Decanatura “se vio en la obligación de modificar el plan de trabajo” de Salas y asignarle un curso compartido con otro profesor, se indica en el texto enviado por Chirino.
El comunicado añade que Salas participaría del curso con conferencias magistrales transmitidas por medio de la plataforma de mediación virtual de la UCR.
La estudiante Fabiola Ramírez, parte de la representación estudiantil ante la Asamblea de Facultad, indicó que, si bien el interés del movimiento es que el docente no regrese a dar clases, la medida tomada temporalmente por Chirino para que la participación de Salas sea virtual es la opción menos gravosa ante el escenario de que la Vicerrectoría no aprobó la excepción.
Vicerrectora contradice a decano
La vicerrectora de Docencia de la Universidad de Costa Rica (UCR), Marlen León Guzmán, dijo a UNIVERSIDAD que no es cierto que una resolución suya obligue a la reinstalación del catedrático. “La publicación que hace Alfredo Chirino en el Facebook de la Facultad es falsa porque nosotros nunca hemos reinstalado a Mainor Salas”, indicó.
Según dijo la vicerrectora, quien es abogada, desde el 24 de junio del 2019 la Vicerrectoría autorizó que Salas realice labores que no impliquen la docencia directa ni participación en Trabajos Finales de Graduación. Esa medida se tomó luego de que el decano informó que había iniciado un proceso disciplinario a Salas, sin especificar si el fundamento eran las denuncias públicas hechas por estudiantes u otros motivos.
León indicó que el docente puede realizar otras tareas como preparación de casos, de jurisprudencia, preparar evaluaciones o revisarlas, y todo aquello que no implique contacto directo con estudiantes. La asignación de esas funciones es responsabilidad de la decanatura, resaltó León.
El 4 de julio del 2019, el decano informó a la Vicerrectoría que Salas asumiría la coordinación de Consultorios Jurídicos, un espacio de asistencia gratuita para población vulnerable, brindada por estudiantes bajo supervisión de profesores.
Sin embargo, el 18 de julio Chirino envió una nueva solicitud de dispensa de docencia directa para el segundo semestre.
Según León, esa otra solicitud implicaría que se le exonere de absolutamente toda actividad de docencia, aun aquellas que no requieren contacto directo con estudiantes , lo cual “no es viable” porque la Vicerrectoría no tiene conocimiento de que existan denuncias formales contra Salas. Por ello, se rechazó esa petición el 9 de agosto. El decano apeló pero la Vicerrectoría declaró inadmisible la apelación.
La vicerrectora añadió que ignora detalles del proceso disciplinario iniciado por Chirino porque no se le ha hecho ningún traslado del asunto, por lo que ella tampoco ha podido remitirlo a la Comisión Instructora Institucional, la cual conoce los procesos disciplinarios contra docentes. Si se trata de situaciones de acoso sexual, corresponde a la Comisión contra el Hostigamiento Sexual.
También, dijo que desconocía por qué el decano o la Asamblea de Facultad no había iniciado el expediente con base en el artículo 82 bis Estatuto Orgánico de la UCR.
“Nosotros hemos autorizado en otros casos la separación total del docente de las actividades docentes, pero para eso necesitamos tener un expediente que se haya constituido; y en este caso, la Asamblea no ha constituido, ni don Alfredo ha constituido ese expediente, para que se pueda elevar a la instancia que corresponde”, expresó León.
Sobre el comunicado del decano, la funcionaria indicó: “Las situaciones acaecidas podrían ser interpretadas como un intento por deslegitimar las acciones que ha realizado la Vicerrectoría de Docencia por apoyar y desarrollar las medidas contra la violencia hacia la mujer; esfuerzos que hacemos muchísimas personas en la Universidad, en el país y en el mundo”.
Además, señaló que la comunicación que tenía en el sistema era que el decano nombraría a Salas cinco horas para impartir el curso y las 20 restantes del tiempo docente se asignarían en Consultorios Jurídicos. No obstante, mencionó que ni el decano ni el profesor han firmado ese documento.
UNIVERSIDAD consultó al decano, quien por medio de un correo electrónico indicó que “existe una diferencia de interpretación entre la Vicerrectoría y la Decanatura”.
“La primera considera que, el caso concreto del profesor Minor Salas Solís, ‘no evidencia criterios extraordinarios que justifiquen autorizar la excepción requerida, toda vez que no se exponen razones objetivas que imposibiliten el impartir docencia por parte del Profesor Salas Solís, quien a la fecha cuenta con un nombramiento de ½ tiempo completo. Asimismo, cabe referir a la circular VD-37-2018 del 12 de noviembre del 2018, en la cual se regulan los criterios generales de excepción para esta obligación durante el año 2019, los cuales tampoco se cumplen en el caso que nos ocupa’. Es por ello que se intentó recurrir esta resolución, buscando que se reconsiderara la existencia concreta de razones objetivas que imposibilitan al Prof. Solís a ejercer la docencia directa. Sin embargo, los recursos fueron declarados improcedentes. Esta Decanatura respeta lo decidido y entiende la necesidad de hacer cumplir la normativa”, respondió Chirino.
“Al negarse la excepción, no quedaba otra solución, en apego a la normativa universitaria, que asignarle un curso al profesor Salas o garantizar su participación en un curso colegiado”, añadió.
Según el decano, “tomando en cuenta la necesidad de proteger la integridad de las y los estudiantes”, se decidió asignarle “de manera colegiada” con otro profesor el curso de Derecho Penal IV para este semestre.
“Con el fin de causar la menor afectación posible a los y las estudiantes que ya se encuentran matriculados en este curso, se propuso que la intervención en el curso del Prof. Minor Salas consistiera en la realización de conferencias magistrales que serían grabadas utilizando el material existente del proyecto de Docencia Multiversa y que serían trasmitidas en la plataforma de mediación virtual institucional”, agregó.
Chirino especificó que, desde mayo, Salas tramitó primero una incapacidad (fueron varios periodos sucesivos) y luego vacaciones. Posteriormente, se le ordenaron tareas para “coadyuvar en las funciones docentes y administrativas de la Facultad, sin que ello implique un contacto directo con estudiantes”, añadió el decano.
