El plan fiscal entró en suspenso desde el viernes con la aprobación que le dieron 35 diputados en primer debate y, con ello, también las finanzas públicas. Los ojos de Hacienda están centrados en la confirmación del proyecto; sin embargo, este ahora pasará –si así lo deciden los diputado– a la compleja etapa en la que ya se cayeron dos reformas similares en los últimos 12 años: la consulta de constitucionalidad.
No por nada la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, dedicó algunos segundos de su última cadena nacional para dirigirse a los magistrados de la Sala Constitucional. En ella, dijo a los jueces que, “siendo muy respetuosos de su rol”, desde el Gobierno “están seguros de que entenderán la importancia que tiene para el país el convertir el proyecto en Ley de la República”.
Sin embargo, la importancia no está tanto en gozar de su estrecho rendimiento (1,29% del PIB) como para recuperar la confianza de los mercados, que hasta ahora ven en el país un destino riesgoso para invertir, al que solo pueden ofrecer financiamiento a tasas muy elevadas.
En esa línea, Hacienda espera que con la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas los inversores vean a Costa Rica como un país que busca resolver su desequilibrio financiero, más allá de ese incómodo y altísimo déficit fiscal, que cerrará en un 7,2% del PIB este año, y la deuda pública, que ya supera un 50% de la producción, el límite sostenible para países en vías de desarrollo.
Según la ministra Aguilar, los inversores ahora mismo ofrecen tasas “obscenas” para prestar dinero al país; no obstante, aprobar el proyecto serviría para disminuirlas considerablemente, lo cual serviría como una especie de tanque de oxígeno para no agravar la situación.
No encontrar mejores opciones de financiamiento, dice la jerarca, equivaldría a presionar las tasas de interés internas y estrujar las capacidades de pago del Estado.
Ante ese panorama, el Gobierno aguarda por el plan fiscal y las finanzas públicas nacionales también, empezando porque a finales de diciembre Hacienda deberá cancelar al Banco Central poco menos de ¢500.000 millones que esa entidad imprimió de más vía financiamiento extraordinario (Letras del Tesoro).
Entre tanto, la pausa sigue mientras el texto va a consulta de las instituciones públicas requeridas por la Constitución. Ese proceso tardará, cuando menos, dos semanas. Posteriormente, si se cumplen las previsiones, la Sala IV entrará a la escena por otras cuantas semanas más.
¿Primer paso?
La aprobación en primer debate del proyecto fue apenas el primer paso, tanto en materia procedimental como estructural.
Por el lado del procedimiento legislativo, el texto ahora requerirá del aval de instituciones como el Poder Judicial y de la Sala Constitucional, criterios imprescindibles para que continúe normalmente con su trámite para ratificarse en segundo debate.
Un eventual criterio negativo del Poder Judicial –si, además, considera que el proyecto afecta su funcionamiento– podría incluso traerse abajo el proyecto si la Sala IV estima que la reforma fiscal efectivamente viola la independencia del Poder Judicial.
No obstante, en caso de que no haya problemas procedimentales, la aprobación en primer debate de la reforma es también un primer paso para el Gobierno en materias estructurales, campo en el que no solo había anunciado su deseo de modificar el sistema tributario, sino también los sistemas de empleo público y la organización institucional, con el objetivo de cerrar ese bache que existe entre gastos e ingresos del Estado.
Solo en 2017, la diferencia final entre gastos e ingresos sin contar el pago de la deuda (déficit primario) fue del 3,1% del PIB, suma por mucho elevada.
De esas propuestas para reformar la empleabilidad y la institucionalidad se conoce poco. Lo único prometido por el Ejecutivo es que presentará una reforma al empleo público en junio de 2019, la cual ya se trabaja desde el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan), que esta reforma fiscal nombra como rectora de esa materia.
Por ahora, la reforma sería apenas una reestructuración tributaria, con una leve reforma al empleo público que aliviaría el crecimiento del gasto, una regla fiscal que quitaría un poco de la rigidez presupuestaria y un par de amnistías tributarias que serían las únicas fuentes de ingreso inmediatas.
Según las expectativas de Hacienda, la amnistía –que condona el pago de intereses y rebaja el pago de las penas para los deudores del Estado que cancelen en los tres meses posteriores a la aprobación del proyecto– podría permitir un ingreso cercano al 0,2% del PIB solo a partir de la cancelación que hagan las entidades financieras; mientras que el resto de instituciones y empresas podrían agregar montos todavía más importantes que permitan captar menos dinero en el mercado y, por ende, recurrir a menos endeudamiento a tasas elevadas en los próximos meses.
Los miedos
En 2017, el déficit primario (la diferencia entre gastos e ingresos sin contar el pago de la deuda) cerró en un 3,1% del PIB y llenar ese agujero es el principal reto del Ejecutivo para disminuir el crecimiento de la deuda.
En esa línea, el principal temor del Ejecutivo es un tropiezo de la iniciativa fiscal en los tribunales constitucionales, algo que, según la ministra Aguilar, redundaría en un violento “ajuste automático” de la economía.
Ese también es el mayor miedo que manifiestan los diputados que aprobaron el texto, aunque la mayoría sostiene que el trámite se hizo de una manera correcta y que no habría motivos de peso para retrotraer o anular el trámite legislativo.
Quizás, el principal motivo para dudar que tienen los congresistas es el historial de reformas fiscales que ha aprobado el país en los últimos años y se cayeron en los tribunales, especialmente la Ley de Pacto Fiscal en el gobierno de Abel Pacheco y la Ley de Solidaridad Tributaria en el de Laura Chinchilla.
Ambos los vio caer el hoy diputado del PLN, Carlos Ricardo Benavides, quien también fue congresista durante el gobierno de Pacheco y ministro de la Presidencia en la última administración de su partido.
Para Benavides, alineado con el proyecto (como la mayoría de su fracción), el efecto de las consultas en proyectos esenciales “fue un riesgo que el Estado introdujo”. Sin embargo, asegura que “es un instrumento que ha servido para dar tranquilidad, en el sentido de que las normas de fondo y el procedimiento son correctos”.
“Es el tema de una gran discusión, pero no solo en este caso, sino siempre. Determinar la conveniencia de que el país cuente con un sistema de consulta al Tribunal Constitucional no es un tema pacífico en ninguna parte del mundo y aquí se han expresado dudas en muchos momentos de la historia”, puntualizó, aunque dijo estar confiado de que no se ha cometido ningún vicio en el trámite legislativo que pudiera traerse abajo la posible reforma más importante de los últimos 20 años.
