“Anunciamos al mundo que ha comenzado la segunda Marquetalia, bajo el amparo del derecho universal que asiste a todos los pueblos del mundo de levantarse en armas contra la opresión”, dijo hace dos semanas el que había sido el segundo al mando de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Iván Márquez.
La alusión a Marquetalia recuerda la localidad de Tolima, entre Bogotá y Medellín, donde hace poco más de 50 años Manuel Marulanda y Jacobo Arenas fundaron las FARC. Una vuelta más en la rueda de un conflicto político que, en Colombia, ha tenido con mucha frecuencia carácter armado.
Márquez encabezó la delegación de las FARC que negoció, hace tres años, el acuerdo de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos. Un acuerdo que está ahora bajo presión, tanto por parte del gobierno de Iván Duque como del grupo de las FARC que anunció su regreso a las armas.
Armas a cambio de nada
La decisión anunciada por Márquez no contó con el apoyo de un sector mayoritario de la organización agrupado hoy en el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, cuya sigla es también FARC, formado por antiguos integrantes de la guerrilla.
Hoy cuentan con diez asientos en el senado, algo que les aseguró el acuerdo de paz. Márquez era uno de ellos, pero nunca asumió el cargo y, finalmente, decidió abandonar el Espacio Territorial y de Reincorporación de Miravalle, donde se reúne una parte de los 13 mil antiguos guerrilleros, para reaparecer con un grupo de militantes, en traje de fatiga, convocando a un nuevo alzamiento militar contra lo que llamó “traición de los acuerdos de paz”.
Calificó como un “desarme ingenuo de la guerrilla a cambio de nada” los acuerdos de La Habana y reiteró que no “cesa la matazón” de antiguos guerrilleros y de líderes sociales en el país.
En dos años, más de 500 líderes del movimiento social han sido asesinados. Suman 150 los guerrilleros muertos en medio de la indiferencia y la indolencia del Estado, afirmó.
Rechazo
Poco después de conocerse el anuncio de Márquez, el expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, afirmó que “el 90% de las FARC sigue en el proceso de paz. Hay que seguirles cumpliendo. A los desertores hay que reprimirlos con toda contundencia. La batalla por la paz no se detiene”.
No fue el único en criticar la decisión. El número uno de las FARC, Rodrigo Londoño, conocido como “Timochenko”, uno de los senadores asignados a la agrupación, calificó de “equivocación delirante” la decisión de Márquez.
“Los Acuerdos de Paz encarnan la culminación del viejo anhelo del pueblo colombiano por poner fin al conflicto armado y sembrar la esperanza de consolidar definitivamente la paz con justicia social en nuestro país”, dijo Londoño.
El senador estimó que no hay una motivación política para esa decisión. Hay otra motivación, afirmó. “Yo no sé si narcotráfico o qué, pero en todo yo veo una motivación personal, individual”.
Estimó lamentable que se utilizara para volver a las armas el argumento de que no se estaban cumpliendo los acuerdos de paz. Habíamos discutido esa posibilidad en su momento internamente, señaló. “Cuando tomamos la decisión de firmar los acuerdos, sabíamos que la sola firma no garantizaba que se iba a cumplir todo lo que estaba en el papel. No era un punto de llegada, sino un punto de partida para iniciar una lucha mucho más compleja y difícil, en la cual necesitábamos hacernos acompañar de amplios sectores de la sociedad colombiana e incluso de sectores de la clase dirigente”, agregó, en una entrevista a la BBC.
Violaciones
Las violaciones a los acuerdos de paz han sido denunciadas por diversos sectores en Colombia. El partido de gobierno y el propio presidente Duque han manifestado su desacuerdo con diversas de sus disposiciones, entre ellas la jurisdicción especial para juzgar delitos cometidos en esa época. Pero el incumplimiento del acuerdo es mucho más generalizado, aunque muchas voces rechazan justificar con eso el retorno a las armas.
El Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Humanitario en Colombia ha expresado sus críticas a esas violaciones, destacando diversas medidas adoptadas por el presidente Duque. Se han militarizado intensamente los territorios mediante la activación de diferentes Fuerzas de Tarea Conjunta y desplegado las Fuerzas Unificadas de Despliegue Rápido (Fudras) recientemente en el Catatumbo, señalaron.
El Observatorio denunció la promoción de mandos militares implicados en casos de ejecuciones extrajudiciales en el pasado y la conformación de una nueva cúpula militar con nueve mandos cuestionados por este tipo de prácticas.
Las consecuencias de esas medidas no se hicieron esperar, destaca el informe, que cita el “asesinato del desmovilizado y líder social Dimar Torres en Convención (Catatumbo) por tropas de la Fuerza de Tarea Vulcano el 22 de abril”. Este crimen, agregan, puso en evidencia la reiteración de “falsos positivos”, como se llama en Colombia a una práctica del ejército que se usó en tiempos del presidente Álvaro Uribe, la cual consiste en asesinar campesinos y presentarlos como guerrilleros muertos en combate.
Torres, después de ser objeto de seguimiento por varios días, fue detenido y torturado. Luego los militares pretendieron desaparecer su cadáver. “Otros casos de ejecuciones extrajudiciales perpetrados por las tropas en el Bajo Cauca, Tame o Tumaco han puesto de presente la continuidad de estos delitos”, agrega el informe.
Venezuela
La iniciativa de Márquez permitió también al gobierno y a sectores académicos acusar a Venezuela de responsabilidades en este anuncio.
El medio colombiano La Silla Académica entrevistó al profesor de la Universidad del Norte e investigador del conflicto armado, Fernando Trejos, para quien Márquez y su grupo hablaron desde el Táchira o del estado Bolívar, en Venezuela, donde habrían buscado refugio.
“Mientras no se resuelva la profunda crisis de Venezuela es casi imposible que podamos controlar efectivamente las disidencias y los grupos rearmados que operan en la frontera”, afirmó Trejos, una tesis que ha defendido también el gobierno de Colombia.
Pero Londoño se expresó con claridad sobre esto: “Tengo la completa seguridad de que de parte del gobierno bolivariano no están recibiendo ningún apoyo. Si están recibiendo algún apoyo en la frontera será por ahí de personajes, de individuos que no comprometen al gobierno bolivariano”.
El gobierno bolivariano –agregó–, desde la época del presidente Hugo Chávez y continuado por Maduro, “siempre estuvo apoyándonos en el harto y difícil trabajo que fue llegar al acuerdo firmado en La Habana”.
