Comisión de Control de ingreso y gasto público

Diputados desconfían de Fiscalía para monitorear proyectos del ICE

Legisladores enviarán a Procuraduría de la Ética denuncias sobre presunto tráfico de influencias con fideicomisos de la empresa estatal.

En la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa ya no confían en el Ministerio Público, una instancia en donde los casos se envían y las investigaciones no llegan a concluir nada, por lo que ahora una denuncia contra jerarcas del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) será enviada a la Procuraduría de la Ética.

En esos términos lo puso el presidente de la Comisión, Mario Redondo (Partido Alianza Demócrata Cristiana), al finalizar la sesión del pasado jueves 7 de julio, en la que fueron recibidos en audiencia el Gerente financiero del ICE, Jesús Orozco, y el Gerente de Energía, Luis Pacheco.

Los diputados los cuestionaron sobre la conveniencia y el manejo de los fideicomisos firmados por el ICE para construir y operar las plantas de generación eléctrica Cariblanco, Toro III y  Garabito, entre otros proyectos, y la participación de exfuncionarios en las unidades ejecutoras de los fideicomisos.

Un tema por el que anteriormente ya habían sido llamados a audiencia el presidente ejecutivo del ICE, Carlos Obregón, y la directora jurídica y ahora también secretaria del Consejo Directivo de la institución, Julieta Berajano.

Esto tras una restructuración que se dio en octubre pasado, en que la dirección jurídica se trasladó de la gerencia general a la presidencia ejecutiva, con lo que pasó de ser un órgano técnico a un órgano político.

El diputado Jorge Arguedas (Frente Amplio) ha sido de los más insistentes en denunciar el presunto tráfico de influencias y conflictos de interés de autoridades del ICE, al haber participado en decisiones relacionadas con la creación y operación de los fideicomisos mediante los que la entidad estatal viene financiando grandes proyectos, y a la vez tener esos funcionarios inversiones en bonos de los fideicomisos o, en el caso de Bejarano, por su vínculo con una empresa que ha sido contratada como unidad ejecutora de esos proyectos.

Obregón y Bejarano reconocieron su inversión en los bonos pero negaron enfáticamente la existencia de un conflicto de interés.

No obstante,  como parte del expediente sobre el tema del ICE, la Comisión ya había acordado comunicarle al Poder Ejecutivo que le parecía inconveniente haber nombrado a Obregón como presidente ejecutivo del ICE, debido a que estuvo involucrado en acciones que incidieron en el uso de la figura de fideicomiso para el desarrollo de plantas hidroeléctricas en el ICE, lucrando en lo privado como presidente del Comité de Vigilancia de varios de estos fideicomisos y como inversionista.

El diputado Redondo insistió que es preocupante la relación entre altas autoridades y exfuncionarios de la institución con el manejo de fideicomisos.

Los legisladores Otto Guevara (Movimiento Libertario) y Ottón Solís (del gobernante Partido Acción Ciudadana) cuestionaron la participación de exfuncionarios que dejaron el ICE y luego fueron contratados en unidades ejecutoras de los fideicomisos.

En la comisión se señaló el caso de la empresa integrada por un grupo de funcionarios que obtuvieron permiso sin goce de salario por cuatro años para capacitación, y al término del permiso renunciaron al ICE  y conformaron la empresa Consultores en Infraestructura GIP Ltda., la que fue contratada luego como unidad ejecutora en los fideicomisos a pedido del ICE.

Constan notas oficiales donde el ICE pidió al Banco Nacional y al Banco de Costa Rica, respectivamente, contratar a GIP como unidad ejecutora de los proyectos Cariblanco y Garabito, aduciendo la experiencia y la capacidad profesional de los integrantes en generación eléctrica.

Bejarano rechazó los cuestionamientos sobre conflicto de interés, afirmando que al retornar a su cargo de directora jurídica del ICE ella se desligó de la empresa al ceder sus acciones.

Las mencionadas contrataciones directas se dieron a pesar de que se supone que quien debe contratar es la entidad que administra el fideicomiso (el banco), mediante concurso, pues según la ley en esta figura se han de observar los principios de publicidad y libre participación, aunque no se trata de un procedimiento de contratación pública.

A propósito del tema,  en una acta consta la ocasión en que el gerente del Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), con el que el ICE tenía fideicomiso, llamó la atención acerca de que había una gente del ICE con permiso sin goce de salario trabajando a cargo del fideicomiso y pagada por el Banco.

Ante la observación, la junta de adquisiciones del ICE (integrada por gerentes y el proveedor institucional) resolvió que “no sirve a nuestros intereses” continuar el fideicomiso y que era mejor pasarse al Banco de Costa Rica (BCR). Desde entonces los fideicomisos se contrataron con esta entidad, excepto el del proyecto hidroeléctrico Reventazón (Siquirres).

“Nunca hemos visto conflicto de intereses” en que ese grupo conformara una empresa después de renunciar al ICE y se fuera a trabajar con el Banco, eso “ya no es nuestra competencia”, alegó Obregón en una de sus comparecencias.

En cambio la diputada Epsy Campbell, de Acción Ciudadana, reprochó: “¡Qué fácil sería para todo el mundo hacer una empresa donde no existe riesgo alguno, porque todo se lo ha dado el que lo va a contratar! Pasan de lo público a lo privado y los contratan, ellos aprueban la modalidad del fideicomiso, definen los términos y luego son oferentes y son contratados. Si usted no ve conflicto de intereses no sé qué es esto”, dijo la legisladora oficialista.

LA FIGURA

El actual presidente del ICE fue quien en la década de los 90, siendo jefe de la Dirección de Construcción del ICE, se encargó de recomendar y concretar el primer mecanismo de fideicomiso.

Se le reclama que, luego de pensionarse en el ICE, en el 2007, aceptara ser nombrado en los comités de vigilancia de tres proyectos de generación eléctrica, donde asistía a sesiones una o dos veces por mes, y percibía $150 en cada ocasión.

También se le cuestionó por presuntas faltas al debido proceso en relación con la ejecución del fideicomiso denominado Range (una red de fibra óptica y cobre para conexiones de Internet banda ancha), que el ICE emprendió sin refrendo de la Contraloría General de la República (CGR).

La CGR mandó a detener el proyecto por falta de refrendo, el ICE entonces presentó demanda ante el tribunal contencioso administrativo, pero los jueces dieron la razón al órgano contralor. El ICE llegó luego a un acuerdo para reanudar el proyecto, que llevaba tres años de atraso, y mientras tanto la empresa GIP cobró $300.000 como unidad ejecutora.

Valga mencionar que hace tres semanas la CGR incluyó a tres exgerentes del ICE en la lista de funcionarios sancionados por faltas en perjuicio de la Hacienda Pública: Alejandro Soto, Claudio Bermúdez y Martín Vindas.

Los tres fueron inhabilitados por tres años para ejercer cargos en la administración pública, porque ejecutaron el fideicomiso de Range sin el refrendo de la CGR, siguiendo criterios jurídicos de Julieta Bejarano, donde la directora jurídica sostenía que no se necesitaba el refrendo.

En opinión del diputado Arguedas, el fideicomiso era una buena idea como una alternativa a las limitaciones al endeudamiento que pesaban sobre el ICE, pero terminó corrompiéndose, ante la posibilidad de hacer negocios con el erario público.

Mientras tanto, aseguró que en la Comisión ya hay una nota redactada con una relación de las actuaciones de Carlos Obregón y Julieta Bejarano para enviarla a la Procuraduría.

Consideró que el legislador Redondo tiene razón en lo que opina sobre el Ministerio Público, “pero también ellos (los diputados) no son vehementes”, como lo ha sido él que desde hace mucho viene diciendo estas cosas.

Pese a lo anterior, dijo tener esperanza de que sus compañeros de comisión lo ayuden a llevar una denuncia al Ministerio Público, relacionada sobre todo con el proyecto hidroeléctrico Toro III, “que es donde queda evidenciado más claramente el tipo de negocios que tienen entre manos”.

 

Pagos de los fideicomisos<strong>*</strong>

Por el contrato de unidad ejecutora del fideicomiso Toro III, desde el 2008 a mayo del 2016, a GIP se le pagaron $2,79 millones, y la proyección de pagos sin reajustes hasta el término del contrato, en el 2028, es de $4,47 millones (unos ¢2.476 millones).

Por el Fideicomiso de la planta térmica Garabito a la empresa se le pagaron $1,76 millones, desde el 2008 a mayo 2016, y la proyección de pago hasta el 2022, plazo del contrato, es de $1,47 millones (¢814 millones).

Por otra parte, solo en el 2015, el pago de dietas del comité de vigilancia de este fideicomiso fue de $6.877 (¢3,8 millones).

*Fuente: Copias de documentos contables del fideicomiso.


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