La estatal Refinadora Costarricense Petróleo (Recope) ratificó la semana pasada la decisión de retirarse e iniciar los trámites de liquidación de la Sociedad Reconstructora Chino Costarricense (Soresco),cuestionada empresa conjunta creada para modernizar la refinería de Moín, en la que empleó más de $30 millones (¢16.000 millones) sin lograr el resultado.
Quién responderá por este nuevo desaguisado con fondos públicos, o si este será un caso más cobijado por la impunidad, son las interrogantes del momento.
Iniciado en el 2008, el proyecto de Soresco se paralizó en el 2013 a causa de que la Contraloría General de la República (CGR) prohibió a Recope utilizar el estudio de factibilidad de la nueva refinería preparado por la empresa Huanqui Contracting & Engineering Corporation (HQCEC).
La CGR señaló conflicto de interés puesto que HQCEC formaba parte del mismo grupo económico de la Compañía Nacional de Petróleo de China Internacional (CNPCI), la socia de Recope en Soresco, y el convenio conjunto establece que los estudios deben ser hechos por empresas ajenas a las partes.
En el seno de la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa, que investiga el negocio de Soresco, una pregunta recurrente ha sido cómo es posible que los directivos de Recope cerraran los ojos a la ilegalidad y aceptaran el estudio de factibilidad hecho de manera irregular.
Y que, además, lo aprobara el Consejo de Gobierno (que es la asamblea de accionistas de Recope) durante la pasada administración, y la misma CGR.
Valga mencionar que la aceptación oficial de dicho estudio fue el argumento utilizado por el socio chino para negarse a aceptar la propuesta de Recope de hacer un nuevo estudio de factibilidad a fin de poder seguir adelante con el proyecto, según reconoció en conferencia de prensa Sara Salazar, presidenta de Recope.
En la Comisión de Ingreso y Gasto Público, Ottón Solís (Partido Acción Ciudadana) y otros diputados exhortaron a que el Ministerio Público acelere la investigación iniciada hace dos años y medio para llamar a cuentas a los responsables del desperdicio de dinero público en Soresco, incluyendo a las directivas de Recope, el Consejo de Gobierno y la contralora general, Marta Acosta.
Solís recordó a sus colegas que el 7 de junio del 2011 (administración de la presidenta Laura Chinchilla), el Consejo de Gobierno aprobó el estudio de factibilidad, y un mes y 22 días después la CGR aprobó el giró de $24 millones (¢12.700 millones) para Soresco.
Ocho meses más tarde, el 18 de abril del 2012, un grupo de diputados le remitieron a la CGR un documento en el cual exponían varias anomalías del proyecto, entre ellas el conflicto de interés con los estudios de factibilidad.
En el documento los diputados recomendaron al órgano contralor que no se aprobaran nuevos desembolsos de dinero público a Soresco, ni se refrendara contrato alguno antes de que el ente contralor concluyera sus investigaciones.
No obstante, desde la llegada de esta solicitud hasta que la CGR emitió la resolución que ordenó a Recope no utilizar el estudio de factibilidad, pasó un año y dos meses, y en ese lapso se giraron más recursos.
Interrogado por los diputados, el abogado Navil Campos, quien era Gerente del Área de Denuncias de la CGR en esa época, reveló que desde el inicio su despacho tuvo claro el conflicto de interés y que se había violado una cláusula esencial del contrato, por lo que debía ser anulado el acto de aprobación, y así lo discutió con la gerencia de Fiscalización, a cargo de Amelia Jiménez Rueda, y con el despacho de la Contralora general.
Sin embargo, no se le dio “luz verde” para emitir la resolución, y pasó mucho tiempo para la CGR emitiera la orden a Recope, limitada a prohibirle que utilizara el estudio de factibilidad.
Se discutió una y otra vez el asunto y se presentaron no menos de cinco borradores de resolución, pero no se aprobaban y se pedía hacer modificaciones, e incluso la resolución final fue modificada en el despacho de la Contralora diez minutos antes de ser notificada, afirmó Campos.
¿Por qué la firmó si no estaba de acuerdo con su propuesta?, le cuestionaron, a lo que Campos respondió que lo había hecho porque por normativa interna de la CGR a él le correspondía firmar como gerente de área, y “porque tenía instrucción directa de firmarlo” (ver recuadro).
INVESTIGACIÓN
Para el diputado Otto Guevara (Movimiento Libertario), es importante preguntar quién es el responsable y quién va a pagar por el desperdicio en Soresco, y si tiene responsabilidad la Contraloría, o es que se gastan millones de dólares y nada pasa.
Recordó que este asunto está en el Ministerio Público, pero ahí hay mucha lentitud.
Según Ottón Solís, en este asunto hubo “la negligencia más abrumadora, en el mejor de los casos”.
El legislador recordó que desde octubre del 2015 le escribió al fiscal general, Jorge Chavarría, tratando de hacerle ver que la investigación tiene que caminar y que alguien tiene que pagar. Y espera que el informe de la comisión legislativa no se quede en tintas.
En criterio del diputado Humberto Vargas (Unidad Social Cristiana) hay que buscar tanto a los responsables políticos como a los responsables técnicos. Deben responder de su propia bolsa “todos aquellos que, de una u otra manera, participaron en esta barbaridad, que me parece que pasará a la historia de este país como uno de los peores contratos y derroches que se ha hecho, en relación con el pobre erario público de este país, que cada día es más escaso.”
El diputado no duda en incluir en la lista de presuntos responsables a los expresidentes Óscar Arias y Laura Chinchilla, el mandatario Luis Guillermo Solís (PAC) y las juntas directivas de Recope.
Cree que otro de los principales actores es la CGR: “…esta Comisión debería recomendar, aunque me duela mucho decirlo, que esta señora (la Contralora General) sea enviada al Ministerio Público”, apuntó Vargas, tras observar que “cualquiera de estos que quede por fuera haría que todo el trabajo de esta Comisión no haya valido la pena.”
Sin luz
El abogado Navil Campos, quien era el gerente del área de denuncias y ya no trabaja en la CGR, narró a los diputados cómo el ente contralor demoró la resolución que paró el estudio de factibilidad de Soresco y no acogió su recomendación de anular todo el acuerdo.
“Le puedo decir que en los primeros borradores hablábamos de nulidad del convenio, y avanzando más la redacción de los oficios, hablábamos de girar una orden de dejar sin efecto el convenio, en razón de que para nosotros siempre fue… Vamos a ver. Desde el punto de vista jurídico si usted tiene un contrato y hay un incumplimiento a una de las cláusulas de ese contrato eso tiene consecuencias legales para el contrato”.
¿Si se anulaba el convenio eso significaba que se tenía que anular los acuerdos de la Junta Directiva de Recope y del Consejo del Gobierno?, le preguntó Ottón Solís, a lo que el compareciente asintió, según consta en el acta de la sesión.
El diputado entonces observó que cuando la Contralora estuvo en la Comisión de Ingreso y Gasto, él le pregunto si cuando en la CGR se encontraron los errores que condujeron a que dieran la orden de no utilizar los estudios, ¿no procedía solicitarle al Consejo de Gobierno y a la Junta Directiva de Recope que anularan el acuerdo de aceptación de los estudios de factibilidad?”.
A lo que la Contralora respondió: “Ese es un tema, don Ottón, honestamente que nosotros no valoramos”, citó Solís.
“¿Usted – interrogó el diputado a Campos – bajo juramento me está diciendo que sí se valoró y que hubo hasta diferencias entre algunos de ustedes y la señora Contralora?”.
“Es correcto. Si esas fueron las manifestaciones de la señora Contralora son falsas”, fue la respuesta.
El diputado Antonio Álvarez (Liberación Nacional) quiso saber cuál habría sido la consecuencia si se hubiera aceptado la resolución tal y como Campos la proponía. A lo cual este explicó que una nulidad quiere decir que se retrotraen las cosas al estado en que se encontraban antes de que ocurrieran. Es decir, “los acuerdos que aprobaban el estudio de factibilidad nunca debieron haber nacido a la vía jurídica. Las consecuencias patrimoniales de eso no se las podría precisar.”
¿Y qué implicaciones habría tenido la propuesta suya para el Consejo de Gobierno y para la Junta Directiva de Recope?, agregó Álvarez.
“La primera, probablemente la necesidad o la obligación de abrir procedimientos administrativos para anular esos actos, esas conductas administrativas. Y la segunda, eventualmente disciplinaria y eventualmente civil, si es que se determinara que se ocasionó algún daño a la Hacienda Pública producto de eso”, dijo Campos.
Ahora bien, ¿cuáles son las consecuencias en la forma en que quedó el dictamen final emitido por la Contraloría?, insistió el legislador.
“La única consecuencia es que no pueden utilizar el estudio de factibilidad que se aprobó. Y en materia disciplinaria hasta donde yo sé no pasó nada”, observó Campos.