Costa Rica podría transitar el difícil camino de la revuelta social

La imposición de medidas económicas que profundizan la desigualdad llevaron recientemente a estallidos sociales en Ecuador y Chile, ante lo cual cabe preguntarse si la puesta en marcha de políticas similares puede llevar a Costa Rica a una mayor tensión social.

Chile lleva tres semanas de manifestaciones que en algunos momentos han convocado a más de un millón de personas. El movimiento empezó ante un aumento en el precio del transporte público, pero rápidamente se sumaron reivindicaciones económicas y sociales que tienen que ver con deficiencias en los sistemas de pensiones, educación y salud. Como reza la consigna más coreada: “no son 30 pesos, son 30 años”. Las acciones violentas con que reaccionó el gobierno de Sebastián Piñera agravaron el conflicto.

Ecuador vivió un amplio movimiento de manifestaciones durante las primeras dos semanas de octubre, pues el Gobierno determinó el fin de subsidios a los combustibles que disparó el precio en 123%. Esa medida forma parte de un paquete amplio acordado con el FMI, tendiente a reducir el déficit fiscal y la deuda.

Si bien los países tienen características propias y no se pueden establecer paralelismos absolutos, es pertinente preguntarse si en Costa Rica la puesta en marcha de medidas similares como la aprobación de la reforma fiscal en diciembre del año pasado, cambios en el régimen de empleo público o el redireccionamiento de recursos pertenecientes al Fondo Especial de la Educación Superior Estatal, podrían ser la receta con la que se cocine un estallido social.

Lo que sí tienen en común Costa Rica y Chile es que forman parte de los diez más desiguales del mundo, y Ecuador se convirtió, junto con Brasil y Bolivia, en el país donde más creció la pobreza extrema, al pasar de 5,4% en 2014 al 6,2% en el 2017, según datos de la Cepal.

Un informe del Banco Mundial de 2016 ubica a Chile en la séptima posición, mientras que  Costa Rica ocupa la nueve en la lista de los países más desiguales del mundo. De hecho, los síntomas de una creciente crispación social ya son perceptibles.

De acuerdo con datos del proyecto Protestas, del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la UCR, durante la administración Alvarado se registró un aumento en la cantidad de manifestaciones de diversos tipos. En los cuatro años de la administración Solís Rivera esa iniciativa registró un total de 2.475 acciones de protesta, mientras que en año y medio de la administración Alvarado se superó el 55% de esa cifra con 1.362.

El sociólogo Alejandro Alvarado, coordinador de proyecto, destacó que durante el actual gobierno “la gente ha tendido más a usar la calle para plantear sus demandas y menos las instituciones”. Informó que de esas 1.362 protestas registradas desde el 8 de mayo de 2018, 877 -el 64,4%- han sido en la calle, en la forma de bloqueos, concentraciones, marchas, huelgas, paros y demás.

“Nuestra interpretación es que eso se debe a que la gente percibe que el entorno político está cerrado, que no puede mediante acciones institucionales colocar sus demandas y hacerse escuchar, de manera que tiende a recurrir a métodos que generen una mayor presión sobre el Estado o sobre el Gobierno”, reflexionó Alvarado.

Costa Rica es muy desigual

La preocupación por la efervescencia social es pertinente sobre todo si se toma en cuenta que, de acuerdo con estadísticas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Costa Rica presenta un nivel más alto que esos países respecto del coeficiente de Gini, utilizado para medir la desigualdad.

Esa herramienta mide la distribución del ingreso por país con valores que van de 0 a 1, donde 1 implica perfecta desigualdad (una persona controla toda la riqueza) y 0 perfecta igualdad. Según los datos actualizados a 2017, Costa Rica presenta un mayor nivel de desigualdad en la distribución de ingresos que Chile, Ecuador y que Latinoamérica en su conjunto (Ver Gráfico).

De acuerdo con datos del proyecto Protestas, del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la UCR, durante la administración Alvarado se registró un aumento en la cantidad de manifestaciones de diversos tipos.

Mientras los cuatro años de la administración Solís Rivera sumaron 2.475 en total, el gobierno de Alvarado, con año y medio de ejercicio, ya registra 1.362, lo que implica 55% de las protestas de todo el periodo de su antecesor.

¿Vamos al estallido?

El director del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE) de la UCR, José Antonio Cordero, manifestó de manera tajante que “no creo que vayamos por el mismo camino (que Ecuador o Chile), eso estaría descartado”.

Para él, el peligro es que “otras personas establezcan paralelismos y se genere una beligerancia de los movimientos sociales”.

El funcionario se refirió a la mencionada reforma fiscal aprobada el año pasado y sentenció que el déficit es “insostenible por la deuda que viene de un hueco en las finanzas públicas, el gasto es superior a los ingresos. Se debe reducir el gasto y generar más ingresos”.

Dijo que por ello era necesario cobrar a “muchos profesionales liberales que no generaban factura” y sobre el Gobierno central añadió que “con anualidades y escalafones, la planilla crece y es insostenible porque crece más que la inflación”, mientras que subrayó que el mecanismo aprobado “no es para reducirlos, sino para que crezcan menos”.

Sin embargo, reconoció que “hay un riesgo, Costa Rica se ha vuelto muy desigual”, pero insistió en criticar “las muestras de descontento y beligerancia de los movimientos sociales,  que aunque el discurso es que marchan para que los pobres no sean más pobres, en realidad son más los que buscan mantener privilegios”.

Añadió que si bien las manifestaciones en Costa Rica “no son tan radicales como en Chile, pueden generar consecuencias económicas negativas”, y dijo que la razón de ser y las reivindicaciones son de naturaleza muy diferente. “En el caso de Chile, participan todos los sectores de la sociedad, en el caso nuestro no lo hace el primer decil de ingresos”, en referencia al 10% más pobre de la población.

El estadístico Luis Oviedo, también del IICE, ofreció un análisis sobre los datos de desigualdad ofreció. Citó entre los aspectos que inciden en la desigualdad de los ingresos el hecho de que “las políticas de empleo han premiado el trabajo calificado, sea público o privado”. Dijo que en el sector público se trata de políticas “que ya conocemos”, en alusión a los ya mencionados complementos salariales; mientras que en el sector privado, “al haber más demanda de profesionales por empresas transnacionales y no haber tanto personal calificado, la demanda da mejores pagos para atraer este tipo de empelados a las empresas”.

“Globalmente, cerca del 80% del ingreso de los hogares es por ingresos laborales, el hecho de que estos ingresos aumenten para este sector, provoca que el índice de Gini se mantenga y más bien vaya aumentando”, según dijo. Destacó además que el empleo privado no calificado se mantiene “muy cercano al salario mínimo”.

También dijo no sentirse “muy optimista”, pues señaló que la implementación del IVA “va a tener un efecto en el nivel de pobreza”. Informó al respecto que el IICE realizó una simulación de los impactos del nuevo impuesto regresivo y “obtuvimos que la pobreza puede aumentar un 0,38%. Sin embargo, eso significa alrededor de 18.000 personas más en condición de pobreza”, aunque subrayó que hay que esperar a noviembre del otro año para ver realmente el efecto y dijo que la reforma fiscal sí incluyó medidas más progresivas como los impuestos a los depósitos, a las transferencias patrimoniales y a los salarios, que “podrían compensarlo”.

Francisco Robles, investigador del IIS quien ha seguido el caso chileno, por su parte aseveró que “particularmente asusta” el alto nivel de la desigualdad en Costa Rica.

Destacó, sin embargo, que Chile tiene condiciones particulares, como “la estructura política y económica heredada de la dictadura” o la poca representación que sienten los chilenos respecto de los partidos políticos; mientras que en Costa Rica “se sigue apostando a los partidos políticos como mediadores en conflictos”.

Dijo que otra similitud puede ser la “falta de empatía de la clase política y la élite económica” y  “el peso de los empresarios en el Gobierno”. Apuntó al respecto que Sebastián Piñera “no es cualquier político, sino un político empresario; y no cualquier empresario, sino el tercer o cuarto más rico de Chile”.

“Si bien uno no puede decir que el gobierno de Carlos Alvarado es un gobierno de empresarios, sí es cierto que un sector de la cúpula empresarial más importante juega un papel fundamental en la definición de política económica del país; la presencia de André Garnier nos da luces sobre la orientación económica del gobierno”. Garnier es ministro de Coordinación con el Sector Privado y un poderoso empresario ligado entre otras cosas a desarrollos inmobiliarios.

“No hablamos de que los empresarios sean malos por su naturaleza, sino que la élite económica por su propio modo de vida, educación y contactos sociales ni entienden, ni representan los intereses de las grandes mayorías y eso se termina decantando en políticas públicas que benefician a sectores de la cúpula social en detrimento de las mayorías”, puntualizó.

Así, Robles no se aventuró a “encontrar lugares comunes entre Chile y Costa Rica en torno a si Costa Rica va a llegar a una movilización social como Chile”, pero subrayó que ambos países presentan alta desigualdad social, alta concentración de la riqueza en un grupo particular de la sociedad y “poca empatía de la élite económica y política con respecto a las demandas ciudadanas”. Además, que en ambos países “hay un peso preponderante en las tomas de decisión de política pública de un sector de la población, que son los grandes empresarios, no empresarios comunes y corrientes, si no el 5% superior”.

Desde el mismo IIS, el sociólogo Alvarado ponderó entonces que sí hay “una serie de elementos que en este momento entran en juego, que pueden hacer que entremos en un escenario de estallido social o por lo menos que la conflictividad se incremente no solo en cantidad, sino en radicalidad, y que la gente requiera hacer uso de métodos de protesta o presión más intensos”.

También, destacó el hecho de que la estabilidad política o democrática en el país “se ha tornado en una suerte de inercia histórica y cultural; es decir, la gente entiende que son rasgos característicos de la ciudadanía costarricense y no que esta forma de gestionar la política y los malestares es resultado de arreglos políticos, económicos e institucionales que hasta cierto punto han permitido dirimir los conflictos no teniendo que recurrir a formas de protestar que desemboquen en este tipo de estallidos sociales”.

Por ello, consideró de importancia “fundamental” la necesidad de retomar la discusión política sobre el país y también sobre cuáles mecanismos están disponibles para procesar “los malestares de un sector importante de la población que se siente excluida del modelo económico y que durante los últimos meses, prácticamente de manera diaria, salen a manifestarse sectores de trabajadores y trabajadoras, sector pesca, campesinos, indígenas estudiantes y otros, que han estado recurriendo a la calle sistemáticamente”.