La Defensa Pública de Costa Rica carece de indicadores oficiales sobre la carga de trabajo específica que llevan a sus espaldas cada uno de sus abogados, quienes se dedican a defender los derechos de los pobres.
Univision Data y UNIVERSIDAD solicitaron los datos de la carga de trabajo por cada abogado de la institución para estudiar cómo la cantidad de casos que se asignan a un defensor público podría afectar su rendimiento, pero ante tal vacío de información resultó imposible.
Dicha ausencia de información es relevante dado que existe consenso en la academia, jueces y exdefensores públicos en que la cantidad de casos que concentra cada defensor puede estar fuertemente asociada con un peor rendimiento de los defensores públicos comparado con el de los privados. Este vacío de información también delata que los criterios para definir los máximos aceptables de ese indicador carecen de respaldo técnico.
La Defensa Pública acepta que tal umbral no se define con base en algún estudio especializado, sino en las experiencias y acuerdos de los abogados. En el 2015, Costa Rica dedicó $56,7 millones (el triple que hace 10 años) para que un equipo de 273 abogados -llamados defensores públicos- trabajara tiempo completo a defender penalmente a los pobres.
La jefa de la Defensa Pública de Costa Rica, Marta Iris Muñoz, acepta la ausencia de esos indicadores, aunque opina que la carga laboral de estos abogados no resulta útil para la institución que lidera.
Tal juicio lo emitió Muñoz la tarde del 6 de setiembre del 2016, en una reunión con Daniel Salazar Murillo, periodista y coautor de esta investigación, y Evelyn Villarreal, coordi- nadora general de investigación del Segundo Informe Estado de la Justicia, del Programa Estado de la Nación, donde se publica el 19 de abril una versión del estudio realizado por Univision Data.
Muñoz se negó reiteradas veces a dar una entrevista a este medio, pero Alejandro Rojas, cuando fungía como subdirector de la Defensa Pública, sí conversó con Univision Noticias y UNIVERSIDAD, medio que colaboró en esta serie de reportajes. Unas semanas después el funcionario renunció al cargo alegando razones personales. En la entrevista, Rojas aceptó la ausencia de ese y otros indicadores claves para evaluar el rendimiento de los defensores públicos de Costa Rica.
A diferencia de Muñoz, Rojas sí reconoció la importancia de que se lleve registro de la estadística del trabajo que llevan a cuestas los abogados que ofrece el Estado a quienes carecen de recursos económicos.
Para el funcionario, ese es un factor que puede explicar la desventaja que muestran los abogados públicos frente a los privados en la investigación de Univision Data. “Un defensor particular que se dedica a penal puede llevar 12 o 15 casos activos al momento.
La dedicación que se puede dar a cada caso puede ser un indicador que habría que examinar con detalle, pues el defensor público lleva en promedio más de 200 casos y de todo tipo. Desde homicidios, a robos hasta delitos económicos”, consideró.
Rojas explicó que la Defensa sí puede saber el promedio de trabajo de cada abogado (total de casos por defensor) y cuántos casos lleva cada plaza o puesto de trabajo, pero no conoce la cantidad de trabajo específico que asume individualmente cada persona que llena el puesto, pues en cada puesto pueden rotar por año muchos abogados públicos por diferentes motivos, como que un abogado se enferme, salga a trabajar al sector privado, se traslade a otra oficina o quede embarazada.
Federico Campos Calderón, quien laboró como defensor público por 10 años y lleva otra decena en el mercado privado de servicios legales, cuenta que mientras fue abogado del Estado tramitó en promedio unas 400 causas al año, mientras hoy trabaja unos 150 casos en el mismo período. “Eso significa que el defensor público tiene que ir a juicios y audiencias todo el día.
Lo cual le impide hacer trabajo de escritorio para a estudiar cada caso, y eso es muy importante en la etapa de investigación. Mucha de la lucha en un proceso penal se prepara desde la investigación, consiguiendo prueba para responderles a los fiscales. La defensa pública tiende a ser muy pasiva en esta etapa”, relata Campos.
A ese vacío de información se une otro, el cual obstaculiza realizar más estudios, como el de Univision Data: ni la Defensa Pública ni el departamento de estadísticas del Poder Judicial llevan estadísticas que permitan comparar el rendimiento de los abogados públicos y los privados. Ante esa carencia institucional, el estudio de Univision Data se realizó a partir de una base de datos inédita construida durante cuatro años por un reportero de Univision Data, junto a un equipo de 10 periodistas y abogados que extrajo, a mano, múltiples variables de miles de sentencias judiciales penales dictadas entre los años 2004 y 2013 en el Segundo Circuito Judicial de San José, en las cuales se procesaron poco más de 11.000 delitos.
Según Rojas, la Defensa Pública pidió al Consejo Superior de la Cor- te Suprema de Justicia que ordenara a los despachos de todo el país a que distinguieran en los procesos el tipo de defensor, y lo ordenó, sin embargo, según él, el requerimiento es ignorado y nada se ha hecho al respecto. “La variable existe en el sistema de la fiscalía y juzgados, pero no es obli- gatoria y al final no se llena el dato”, explicó Rojas.
EL PESO DEL EXCESO DE TRABAJO
Contra la falta de utilidad de indicadores de carga de trabajo de los defensores expresada por Muñoz, jefa de la Defensa Pública, múltiples investigaciones en EE.UU. son coincidentes en ligar la creciente cantidad de casos a espaldas de los defensores con el resultado negativo en su rendimiento.
En Colorado, EE.UU., una investigación concluye que, si bien la carga de trabajo no es el principal factor que explica el peor rendimiento de los defensores públicos en ese estado comparado con los privados, sí tiene una participación significativa en su desempeño.
Un estudio de la Universidad de Texas en conjunto con la de Arizona sostiene, específicamente, que “si crecieran los recursos para reducir la presión de la carga de trabajo, los defensores públicos podrían estar en una mejor situación para asegurar resultados justos para sus clientes”.
Incluso, un análisis de la Universidad de Harvard concluyó que la carga promedio de trabajo de los abogados junto a su experiencia, sus salarios y la calidad de la escuela de leyes de la que se graduaron explica más de la mitad de la diferencia en el rendimiento entre los defensores públicos y privados.
En ese estudio, los defensores públicos muestran un mejor rendimiento que los privados. Si bien el estudio de Univision se basa exclusivamente en datos de un área metropolitana de Costa Rica, es posible que esa sobrecarga de trabajo sea igual o más intensa en el campo.
En Costa Rica nadie conoce la carga de trabajo que asume cada defensor público quiso que su nombre fuera revelado por Univision para evitar represalias, tiene 12 años de trabajar en las zonas rurales y esporádicamente en áreas urbanas. Ella sostiene que fuera de la ciudad, los abogados deben atender muchas diligencias. “Nos saturamos con audiencias y hasta tenemos que suspender juicios para ir a atenderlas”, explicó.
El exceso de trabajo en la zona ru- ral que alega esta defensora encuentra sustento en los datos oficiales. Del 2011 al 2015, los tres lugares con mayor pro- medio de causas activas por defensor en todo el país quedan fueran del Área Metropolitana de Costa Rica: Upala, al norte del país, registra 583; Bribrí en la zona Atlántica, 568 y Turrialba, al este del Valle Central de San José, con 508.
El caso de Upala es dramático: en ese lapso, esa carga laboral en procesos penales la sostenía un solo abogado. La Defensa Pública reporta que ya para el 2017 se registran más defensores.
Ante consultas vía correo electrónico de los autores de esta investigación en la Defensa Pública aceptaron que los topes de trabajo institucionales no se basan en estudios especializados, sino en las experiencias y acuerdos de los abogados.
De forma histórica, la Defensa Pública costarricense ha considerado que el circulante máximo de casos por defensor debe oscilar entre 180 y 200 asuntos anuales. Sin embargo, tal umbral se ha sometido a cuestionamientos.
