En Costa Rica nadie conoce la carga de trabajo que asume cada defensor público

La Defensa Pública de Costa Rica carece de indicadores oficiales sobre la carga de trabajo específica que llevan a sus espaldas cada uno

La Defensa Pública de Costa Rica carece de indicadores oficiales sobre la carga de trabajo específica que llevan a sus espaldas cada uno de  sus abogados, quienes se dedican a defender los  derechos de los pobres.

Univision Data y UNIVERSIDAD solicitaron los datos  de la carga de trabajo por cada abogado de la institución  para estudiar cómo la cantidad de casos que se asignan a  un defensor público podría afectar su rendimiento, pero  ante tal vacío de información resultó imposible.

Dicha ausencia de información es relevante dado que  existe consenso en la academia, jueces y exdefensores públicos en que la cantidad de casos que concentra cada defensor  puede estar fuertemente asociada con un peor rendimiento  de los defensores públicos comparado con el de los privados.  Este vacío de información también delata que los criterios para definir los máximos aceptables de ese indicador  carecen de respaldo técnico.

La Defensa Pública acepta que  tal umbral no se define con base en algún estudio especializado, sino en las experiencias y acuerdos de los abogados.  En el 2015, Costa Rica dedicó $56,7 millones (el triple que  hace 10 años) para que un equipo de 273 abogados -llamados  defensores públicos- trabajara tiempo completo a defender  penalmente a los pobres.

La jefa de la Defensa Pública de Costa Rica, Marta Iris  Muñoz, acepta la ausencia de esos indicadores, aunque  opina que la carga laboral de estos abogados no resulta útil  para la institución que lidera.

Tal juicio lo emitió Muñoz la tarde del 6 de setiembre del  2016, en una reunión con Daniel Salazar Murillo, periodista  y coautor de esta investigación, y Evelyn Villarreal, coordi- nadora general de investigación del Segundo Informe Estado  de la Justicia, del Programa Estado de la Nación, donde se  publica el 19 de abril una versión del estudio realizado por  Univision Data.

Muñoz se negó reiteradas veces a dar una entrevista  a este medio, pero Alejandro Rojas, cuando fungía como  subdirector de la Defensa Pública, sí conversó con Univision  Noticias y UNIVERSIDAD, medio que colaboró en esta  serie de reportajes. Unas semanas después el funcionario  renunció al cargo alegando razones personales.  En la entrevista, Rojas aceptó la ausencia de ese y otros  indicadores claves para evaluar el rendimiento de los defensores públicos de Costa Rica.

A diferencia de Muñoz, Rojas sí reconoció la importancia de que se lleve registro de la estadística del trabajo que  llevan a cuestas los abogados que ofrece el Estado a quienes  carecen de recursos económicos.

Para el funcionario, ese es un factor que puede explicar  la desventaja que muestran los abogados públicos frente a  los privados en la investigación de Univision Data.  “Un defensor particular que se dedica a penal puede  llevar 12 o 15 casos activos al momento.

La dedicación que  se puede dar a cada caso puede ser un indicador que habría  que examinar con detalle, pues el defensor público lleva en  promedio más de 200 casos y de todo tipo. Desde homicidios,  a robos hasta delitos económicos”, consideró.

Rojas explicó que la Defensa sí puede saber el promedio  de trabajo de cada abogado (total de casos por defensor) y cuántos casos lleva cada plaza o puesto de trabajo, pero no  conoce la cantidad de trabajo específico que asume individualmente cada persona que llena el puesto, pues en cada  puesto pueden rotar por año muchos abogados públicos  por diferentes motivos, como que un abogado se enferme,  salga a trabajar al sector privado, se traslade a otra oficina  o quede embarazada.

Federico Campos Calderón, quien laboró como defensor  público por 10 años y lleva otra decena en el mercado privado de servicios legales, cuenta que mientras fue abogado  del Estado tramitó en promedio unas 400 causas al año,  mientras hoy trabaja unos 150 casos en el mismo período.  “Eso significa que el defensor público tiene que ir a  juicios y audiencias todo el día.

Lo cual le impide hacer  trabajo de escritorio para a estudiar cada caso, y eso es  muy importante en la etapa de investigación. Mucha de la  lucha en un proceso penal se prepara desde la investigación, consiguiendo prueba para responderles a los fiscales.  La defensa pública tiende a ser muy pasiva en esta etapa”,  relata Campos.

A ese vacío de información se une  otro, el cual obstaculiza realizar más  estudios, como el de Univision Data: ni  la Defensa Pública ni el departamento  de estadísticas del Poder Judicial llevan  estadísticas que permitan comparar el rendimiento de los abogados públicos  y los privados.  Ante esa carencia institucional, el  estudio de Univision Data se realizó  a partir de una base de datos inédita  construida durante cuatro años por un  reportero de Univision Data, junto a un  equipo de 10 periodistas y abogados que  extrajo, a mano, múltiples variables de  miles de sentencias judiciales penales  dictadas entre los años 2004 y 2013 en  el Segundo Circuito Judicial de San  José, en las cuales se procesaron poco  más de 11.000 delitos.

Según Rojas, la Defensa Pública  pidió al Consejo Superior de la Cor- te Suprema de Justicia que ordenara  a los despachos de todo el país a que  distinguieran en los procesos el tipo  de defensor, y lo ordenó, sin embargo,  según él, el requerimiento es ignorado  y nada se ha hecho al respecto.  “La variable existe en el sistema de  la fiscalía y juzgados, pero no es obli- gatoria y al final no se llena el dato”,  explicó Rojas.

EL PESO DEL EXCESO DE TRABAJO  

Contra la falta de utilidad de indicadores de carga de trabajo de los  defensores expresada por Muñoz, jefa  de la Defensa Pública, múltiples investigaciones en EE.UU. son coincidentes  en ligar la creciente cantidad de casos  a espaldas de los defensores con el resultado negativo en su rendimiento.

En Colorado, EE.UU., una investigación concluye que, si bien la carga  de trabajo no es el principal factor que  explica el peor rendimiento de los defensores públicos en ese estado comparado  con los privados, sí tiene una participación significativa en su desempeño.

Un estudio de la Universidad de  Texas en conjunto con la de Arizona  sostiene, específicamente, que “si  crecieran los recursos para reducir  la presión de la carga de trabajo, los  defensores públicos podrían estar en  una mejor situación para asegurar  resultados justos para sus clientes”.

Incluso, un análisis de la Universidad de Harvard concluyó que la carga  promedio de trabajo de los abogados  junto a su experiencia, sus salarios y la  calidad de la escuela de leyes de la que  se graduaron explica más de la mitad  de la diferencia en el rendimiento entre los defensores públicos y privados.

En ese estudio, los defensores públicos  muestran un mejor rendimiento que  los privados.  Si bien el estudio de Univision se  basa exclusivamente en datos de un  área metropolitana de Costa Rica, es  posible que esa sobrecarga de trabajo  sea igual o más intensa en el campo.

En Costa Rica nadie conoce la carga de  trabajo que asume cada defensor público  quiso que su nombre fuera revelado  por Univision para evitar represalias,  tiene 12 años de trabajar en las zonas  rurales y esporádicamente en áreas  urbanas.  Ella sostiene que fuera de la ciudad,  los abogados deben atender muchas diligencias. “Nos saturamos con audiencias y hasta tenemos que suspender  juicios para ir a atenderlas”, explicó.

El exceso de trabajo en la zona ru- ral que alega esta defensora encuentra  sustento en los datos oficiales. Del 2011  al 2015, los tres lugares con mayor pro- medio de causas activas por defensor  en todo el país quedan fueran del Área  Metropolitana de Costa Rica: Upala, al  norte del país, registra 583; Bribrí en la  zona Atlántica, 568 y Turrialba, al este  del Valle Central de San José, con 508.

El caso de Upala es dramático: en  ese lapso, esa carga laboral en procesos  penales la sostenía un solo abogado. La  Defensa Pública reporta que ya para  el 2017 se registran más defensores.

Ante consultas vía correo electrónico de los autores de esta investigación  en la Defensa Pública aceptaron que  los topes de trabajo institucionales no  se basan en estudios especializados,  sino en las experiencias y acuerdos de  los abogados.

De forma histórica, la Defensa Pública costarricense ha considerado  que el circulante máximo de casos por  defensor debe oscilar entre 180 y 200  asuntos anuales. Sin embargo, tal umbral se ha sometido a cuestionamientos.


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